Paulina Ramírez cuestiona débil inversión social del Gobierno
La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Paulina Ramírez Portuguez, cuestionó la débil inversión social por parte del Poder Ejecutivo.
La legisladora criticó los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno, especialmente en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Ramírez explicó que, desde la implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas -conocida como Plan Fiscal- se estableció que los recursos provenientes del impuesto del Valor Agregado (IVA) destinados a Fodesaf, no podían ser menores al monto asignado en el presupuesto del año 2019.
Sin embargo, Ramírez señaló que una serie de recortes han debilitado significativamente este fondo. En el 2022 Fodesaf dejó de percibir ¢44 mil millones, y en el 2023 la cifra aumentó a ¢49 mil millones, según dijo Ramírez.
"Estos recortes no son simples ajustes financieros, representa una agresión directa a la estabilidad y bienestar de miles de costarricenses. Programas fundamentales como las becas Avancemos, el subsidio para la vivienda, la transferencia a Icoder, los recursos para aseguramiento de personas indigentes y la ayuda a la Asociación Pro Hospital de Niños, quisieron ser trasladadas a otros ministerios agravando aún más la situación de nuestras comunidades más necesitadas", dijo la diputada.
Ramírez recordó que los congresistas de la oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en un esfuerzo por revertir esta tendencia, presentaron una moción para volver a Fodesaf todas las transferencias corrientes y de capital que quisieron ser trasladadas; lo anterior con el objeto de mantener el control seguimiento y trazabilidad de los recursos.
Mencionó que la Sala Constitucional ordenó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, girar la totalidad de los fondos asignados por ley al Fodesaf.
" El desmantelamiento de la inversión social no solo lesiona los derechos fundamentales de las y los costarricenses y beneficiarios del Fodesaf, sino que también pone en riesgo nuestro contrato social y el desarrollo sostenible de nuestro país. Estamos ante un Gobierno totalmente fiscalista, que le interesan solamente los datos macroeconómicos, sin que esto refleje la realidad de nuestro país, y este país nos lo puede cobrar. ¿A qué costo estamos abandonando la inversión social y poner en riesgo la descomposición social de nuestro país?", cuestionó la diputada.
