PCD sobre caso Scott-Patey: grupo dejó de usar celulares e integró dineros al sistema financiero
Al conocer que eran investigados, grupo tomó medidas para protegerse
(CRHoy.com) Un oficio del Departamento de Inteligencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) señala que la organización vinculada con Scott Brannon y David Patey consolidó las operaciones financieras y logró integrar sospechosas sumas de dinero al sistema financiero costarricense.
Además, detalla que las personas investigadas tomaron medidas extremas al percatarse de que estaban en la mira de las autoridades: por lo que dejaron de reunirse, hablar por teléfono y adelantaron todas las estrategias policiales.
El informe de inteligencia es citado como parte de la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público a favor de las personas que eran investigadas por un presunto delito de Legitimación de Capitales.
"El oficio DI-156-2018 informó que al haber transcurrido tantos años, durante los cuales se dejó la investigación inactiva, el grupo criminal consolidó operaciones financieras y las logró integrar plenamente en el sistema financiero nacional, integrándolas con las diversas actividades comerciales y socios con empresas lícitas para invertir de manera conjunta, lo que hacía sumamente difícil el abordaje para determinar los dineros producto del lavado de activos de los que no lo eran", señala la solicitud de desestimación del caso.
Cabe señalar que la investigación de este caso quedó inactiva desde el año 2016, cuando una serie de intervenciones telefónicas ligaban a un grupo de empresarios con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Fue hasta abril del 2018 cuando la actual Fiscala General, Emilia Navas, ordenó la reapertura de las investigaciones pero tanto la PCD, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyeron que por el tiempo de la investigación paralizada era prácticamente imposible lograr avances concretos, más allá de una vinculación policial, tras escuchas telefónicas.
En la desestimación presentada por el Ministerio Público se indica que "las personas investigadas tienen relaciones comerciales y no excluyen las de índole delictivo, sin embargo estas últimas están bajo el velo de las actividades lícitas empresariales, sin haberse logrado demostrar eventuales delincuencias relacionadas".
"Tampoco había posibilidad de ligarlos al narcotráfico, no solo porque ya manejaban grandes sumas de dinero de toda índole con lo cual requerían cada vez menos de involucrarse directamente en el trasiego de las drogas, sino que además, los sospechosos sabían de la existencia de las causas en su contra y cuidaban al extremo sus operaciones delictivas", señala el documento de más de 20 páginas.
2018: investigación caída
Al conocer de que era investigado, el grupo optó por medidas extremas como dejar de utilizar los teléfonos celulares o de reunirse en lugares públicos, según señalaron los informes policiales.
"Esto se vislumbró al punto al que ya no utilizaban sus teléfonos celulares, lo que hacía inoperante una intervención telefónica, no se exponían a reuniones en lugares públicos, lo que hacía ineficaz los seguimientos; no realizaban conversaciones en presencia de terceros que no fuesen de su entera confianza y tenían a lo interno de la organización informantes calificados (funcionarios judiciales de alto rango jerárquico y profesionales como abogados, contadores que les asesoraban para poder justificar sus ganancias, proteger sus negocios ilegales y ocultar operaciones sospechosas)".
"Toda esta conjetura les facultaba para ir delante de los movimientos y estrategias policiales, asegurándose la impunidad de sus actos delictivos", expresa la solicitud hecha por la Fiscalía de Legitimación de Capitales.
Otra de las dificultades que dificultó la investigación fue que se perdió una fuente confidencial y hubo una alta fuga de información a la prensa nacional que "perjudicó enormemente el continuar con las pesquisas policiales".
"Los presuntos líderes de la organización, empezaron a mantener un perfil bajo, cambiaron su modo de operar, actuando con mayor cautela en sus negociaciones, logrando evidenciar un perfil empresarial y comercial para justificar sus ingresos", expresa la solicitud de desestimación acogida por el Juzgado Penal del I Circuito Judicial.
Aunado a esto se presentó la supuesta venta que intentó hacer una pareja de agentes judiciales del expediente investigado a un periódico de circulación nacional.
La sección de Legitimación de Capitales del OIJ llegó a la mismas conclusiones que la PCD, según consta en el informe 08-SLC-IP-19 del 25 de abril del 2019.
Este análisis determinó que "pese a la gran cantidad de indicios que señalaban a los investigados como parte de un grupo criminal dedicado al trasiego de droga y dinero entre otros ilícitos, no fue posible a estas alturas del proceso, acreditar el delito precedente, el cual es indispensable para poder imputarles la legitimación de capitales".
Tras estas conclusiones y "al haberse detenido la investigación penal durante tanto tiempo y sin mayor justificación", la fiscalía determinó que lo único procedente era la desestimación.


