Pensiones desiguales: 4 mil jubilados se reparten más de ₡2,2 millones mensuales
Propuesta plantea reducir tope para que más paguen la "contribución solidaria"
Imagen con fines ilustrativos
(CRHoy.com) Un total de 4.088 personas conforman una privilegiada lista de pensionados considerados como "de lujo" por parte de regímenes ligados a la Dirección Nacional de Pensiones y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
Esta lista conforma un 7,8% de un total de 61 mil pensionados de ambos sistemas. La desigualdad en el reparto de recursos se evidencia porque el resto, un 92% de las personas, reciben montos menores a ₡2,2 millones.
La cifra de ₡2,2 millones de pensión resulta relevante porque sería tomada como el parámetro a partir del cual se consideraría una pensión como de lujo, y por lo tanto, susceptible a pagar una "contribución solidaria".
Así lo plantea el expediente 21035, uno de los tres proyectos de ley que pretende poner tope a las pensiones de lujo y que más avance ha tenido en su trámite en la Asamblea Legislativa.
El objetivo, es intentar disminuir las desigualdades. En Jupema por ejemplo, hay 499 que reciben más de ₡4,5 millones.
CRHoy dio a conocer este lunes la lista actualizada con nombres y apellidos del top 100 de pensionados de lujo. En esta cima de la pirámide todos dentro del top 100 tienen una jubilación aprobada superior a los ₡8 millones y hasta los ₡14 millones.
De ellas, en su mayoría pertenecen al régimen del Magisterio de donde los principales salen de catedráticos universitarios, así como del régimen de Hacienda.
"Un sistema que permite que 100 personas reciban una pensión de más de ₡8 millones de al mes, mientras que hay otros que viven con sólo ₡80 mil mensuales, es un sistema que se necesita cambiar y lo más pronto posible. Este es el reflejo de que aún quedan esfuerzos por hacer para ponerle un alto a algunas leyes que cobijan estos abusos, que lo único que hacen es seguir aumentando la desigualdad socioeconómica en Costa Rica", dijo la legisladora liberacionista Frangi Nicolás, este lunes.
Xiomara Rodríguez, diputada proponente de una de las iniciativas, afirmó que la idea es reducir el tope actual existente, para ampliar la base de contribuyentes a los pensionados de Jupema y adscritos a la Dirección de Pensiones.
En la actualidad existen diferentes formas para calcular los topes. En la Administración Pública, por ejemplo se toma en cuenta el salario más bajo ( unos ₡278 mil) y se multiplica por 10. Eso da como resultado que aquellas pensiones por debajo de ₡2,7 millones no deben pagar el impuesto solidario.
El problema es que la forma de calcular ese tope es distinto y desigual de acuerdo al régimen. En el Poder Judicial por ejemplo se toma el salario más bajo de ellos y se multiplica por 10, lo que da un aproximado de ₡4,6 millones, casi dos veces que en la Administración Pública. Mientras tanto a un catedrático universitario se le toma en cuenta las anualidades y la dedicación exclusiva.
Así, en la actualidad solo 530 pensiones de un total de 752 que sobrepasan el tope catedrático pagan la contribución solidaria; las restantes 222 están exoneradas.
La idea es equiparar los topes en 8 veces el salario más bajo de la administración pública, lo cual lo dejaría en unos ₡2,2 millones. A partir de allí, todos deberían pagar, lo cual les reduciría la pensión según sus ingresos.
Dos ejemplos así lo demuestran:
La contribución solidaria vigente permitió al Estado recaudar ₡2,5 mil millones en 2018 sólo del régimen de Jupema y ₡11 mil millones del Poder Judicial.
El plan original era utilizar los recursos adicionales que generaría reducir el tope para el pago de la deuda, pero de acuerdo con Hacienda esto no es jurídicamente posible pues para pagar las jubilaciones el Estado toma los recursos en gran medida de endeudamiento. Es decir, sería endeudarse para pagar la misma deuda, lo cual no es posible.
En su lugar reducir el tope implicaría a fin de cuentas disminuir el nivel de endeudamiento que se requiere para pagar las pensiones.
Los diputados deben decidir el trámite que le darán a las iniciativas, para determinar si se sigue un camino a través de una comisión especial o si avanzan en distintas comisiones, como hasta ahora.