Pese a ilegalidad, AyA pide contratar por otros 6 meses a exdiputado Ronal Vargas
El exdiputado frenteamplista Ronal Vargas podría trabajar por seis meses más en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pese a que se ha alertado en varias ocasiones a la Junta Directiva de la ilegalidad en dicho nombramiento.
Así consta en un documento al que CRHoy.com tuvo acceso y en el que se pide prorrogar el contrato en la institución a 16 empleados, entre ellos a Vargas. El nuevo contrato correría del 1 de enero al 30 de junio del 2018 para el puesto de Ejecutivo General A.
Este medio reveló que Vargas empezó a trabajar en el AYA en marzo del 2016 como Gestor Experto a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.
Antes de dicho nombramiento y mientras Vargas ya ejercía sus labores en Guanacaste Yamileth Astorga, presidenta de la Junta Directiva del AyA, fue alertada de que Vargas no tenía los atestados requeridos.
El Departamento de Gestión de Recurso Humano (DGRH) de la institución insistió -en al menos 4 ocasiones- en que Vargas no cumplía con los requisitos académicos ni de experiencia para ocupar dicho cargo.
Sin embargo, en contrato se dio.
AyA le abrió un nuevo puesto
Ronal Vargas fue diputado por el Frente Amplio a inicios de esta administración, pero dejó su cargo luego de una denuncia por hostigamiento sexual (Archivo/CRH).
Debido a un proceso que se abrió a lo interno, desde julio del 2016 el AyA cambió de cargo a Vargas, al de "Ejecutivo General A".
Antes de esto, el 18 de mayo del 2016, la Junta Directiva del AyA modificó el Manual de Cargos y Clases de la institución e incorporó la "Administración" como parte de la formación académica para contratar a alguien en el puesto de ejecutivo "Ejecutivo General A".
Un mes después, el 20 de junio, Vargas se incorporó al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colipro) con una Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa.
El mismo Vargas confirmó a CRHoy.com que recibió una llamada telefónica desde el AyA mediante la cual le pedían colegiarse para que así cumpliera con los requisitos del nuevo cargo.
"Particularmente, a diferencia del puesto de Gestor Experto, el puesto de Ejecutivo General A (…) no requería contar con experiencia en labores afines al puesto.
"A partir de las anteriores acciones, se solventó el inconveniente con la formación académica y de experiencia que presentaba el señor Vargas", se lee en el expediente a lo interno del AyA.
Esta contratación se investiga en el Ministerio Público como un nombramiento ilegal. Sin embargo y pese a que altos jerarcas fueron avisados de la ilegalidad, en este proceso hay una única acusada: Cecilia Martínez. Ella tenía una semana de ocupar el cargo de subgerente, pero fue quien firmó la contratación.