Pista del Oduber: Exministro urgió investigación sobre términos de referencia que él mismo aprobó

Tres semanas antes de ser destituido como jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez urgió al Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) abrir una investigación interna para  "conocer" los "responsables" de incluir una cláusula en los términos de referencia sobre las obras de reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste.

El 20 de febrero de 2024, el hoy exjerarca planteó a la cúpula de ese organismo urgir a la asesoría jurídica institucional una pesquisa para determinar la responsabilidad en la solicitud de experiencia en la construcción de pistas de 20 mil metros cuadrados. Así consta en el acta de la sesión 13-2024 del Cetac.

Ese día, ante los demás miembros del consejo, el ministro alegó que el "asunto" (sobre los 20 mil metros cuadrados de experiencia) de los términos de referencia había llegado a la vista de "diferentes autoridades". Sin especificar quiénes.

"(…) la pregunta se hace de por qué se envió de esa manera, entonces mociona para que se averigüe quién es el responsable y con base en que criterios fue que se elaboró de esa manera.

"El señor Amador indica que no quiere la respuesta en este momento, sino que el consejo ordene que se haga esa investigación y se determine por qué y cómo se justifica eso, además de conocer quiénes fueron los responsables", cita, textualmente, el acta del encuentro.

Amador fue despedido el 12 de marzo junto a Fernando Naranjo Elizondo, entonces director general de Aviación Civil, luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles les atribuyera una "responsabilidad política" en la confección de los términos de referencia para el proyecto alegando un supuesto "traje a la medida" para favorecer la adjudicación de una empresa en particular.

El proyecto fue adjudicado a Constructora MECO S.A. por ₡21.889 millones, pues fue la única compañía que logró acreditar la experiencia solicitada en los términos de referencia por encima del Consorcio Pedregal y H.Solís.

Pese a que Amador solicitó la investigación interna, él mismo recibió y aprobó los requisitos contractuales desde el 2 de agosto de 2023. En tanto, Naranjo admitió el 3 de abril ante los diputados de la provincia de Guanacaste que la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) elaboró los términos de referencia atendiendo una petición del Poder Ejecutivo sobre "criterios mínimos" para contar con la mayor cantidad de oferentes posibles.

La contratación fue gestionada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) tras la ampliación de un decreto de emergencia firmado por el presidente Chaves y Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, en junio de 2023 para atribuir el deterioro en la pista al paso de la tormenta tropical Bonnie (que afectó el Pacífico Norte en julio de 2022).

MECO y todos los funcionarios involucrados en el proceso rechazaron posibles irregularidades. Incluso, ni el Consorcio Pedregal ni H.Solís objetaron los requisitos del cartel durante la fase de licitación.

Naranjo reforzó esto y reiteró que durante todo el proceso nunca fueron cuestionados los parámetros técnicos establecidos en las condiciones técnicas. Incluso, nunca se cuestionó la solicitud de los 20 mil metros cuadrados como parámetro.

El 8 de abril, ante la comisión de infraestructura de la Asamblea Legislativa, los ingenieros de la UIA desmintieron que se confeccionara un "traje a la medida" para la licitación.

"Dichos términos de referencia son el resultado de un ejercicio técnico en apego a la ciencia, la técnica y la lógica en busca de satisfacer las necesidades de la estructura de pavimento de la pista del aeropuerto para permitir una operación segura y sin restricción en cumplimiento con la instrucción dada en la reunión del 19 de julio", indicó Alexander Sánchez Mora, jefe de la unidad, quien recalcó que hubo un equipo de trabajo conjunto con la CNE para revisar todo lo referente a los términos de referencia.

Los ingenieros de la UIA se desmarcaron del objetivo del decreto y pidieron replantear la estrategia de promover las obras por medio de un esquema de emergencia vinculado a la tormenta tropical Bonnie a falta de pruebas y evidencias técnicas que soportaran dicha tesis. Al contrario, recomendaron realizar la intervención por cualquiera de los mecanismos contenidos en el marco legal de contratación pública.

La Fiscalía General abrió el expediente 24-000030-1218-PE por presunto delito de falsedad ideológica contra Amador, Chaves Robles, Diaz Quintana y Naranjo Elizondo. En este caso, se investigan presuntas irregularidades en la confección del decreto ejecutivo para contratar la intervención de la pista.

Amador, Naranjo y Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de CNE, rechazaron anomalías en el proceso de contratación de las obras al amparo del decreto de emergencia.