Área Administrativa institucional hizo la advertencia

Plan de reestructuración de la CCSS pone en riesgo al IVM

  • Advierten riesgos legales y operativos

(CRHoy.com) La propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encendió otra alerta roja sobre el Plan de Reestructuración que lleva a cabo desde hace años, esta vez por un inminente riesgo en la sostenibilidad financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Así consta en el informe DFA-AA-1210-2020 elaborado por el Área Administrativa de la institución. En el documento se advierte que el plan para la creación del Área de Control de Activos (que es parte del plan de reestructuración) carece de estudios técnicos, tiene roces de legalidad y provocaría un daño en el patrimonio del IVM.

El análisis recae sobre la intención de unificar el tratamiento de los activos (bienes inmuebles) del Seguro de Salud y del Seguro de Pensiones, pues el criterio es que la “insistencia” en la creación de dicha área de control pone en riesgo “el rubro de inversión de los bienes inmuebles del portafolio del IVM”, dice el documento. La Junta Directiva de la Caja dejó este acuerdo en firme.

Este proceso de organización se debe a una petición expresa de la Contraloría General de la República (CGR), misma que excluye a la Gerencia de Pensiones. La solicitud fue “consolidar toda la información referente a los bienes inmuebles que poseen las unidades de las diferentes Gerencias (excepto la Gerencia de Pensiones), con el propósito de eliminar la redundancia de datos, procurar de manera razonable las utilizadas como sedes de EBAIS y de Área (propias, alquiladas, prestadas, etc) de forma que las diferentes gerencias tengan acceso a esta y puedan introducir y modificar los datos en materia de su competencia”, citó el ente contralor en su momento.

Cabe indicar que los “fines” de los seguros son diferentes, el de Salud es de capitalización y de Pensiones es de reparto. “Se observa un riesgo operativo sobre el rubro de análisis y por ende la inviabilidad legal de unir los patrimonios de los Seguro Sociales”, se indica.

Los riesgos

En lo legal se advierte que “al unificarse los patrimonios y giros de negocio, no solamente estaríamos frente a un incumplimiento desde la óptica de nuestra Carta Magna (Constitución Política), que a pesar de que se garantice desde la administración unificada la proporción de participantes, discrepa en las líneas de la transparencia y seguridad jurídica para la administración de los recursos de cada fondo”, cita el informe.

En lo operativo se indica que “(…)dicha estructura carece del respaldo de estudios técnicos calificados, que no demuestra necesidades reales y justificadas, debidamente comprobadas, en el que conste el análisis de costo-beneficio, viabilidad legal, administrativa y técnica – o por lo menos no consta de documentación fehaciente que cumpla con los elementos básicos, por cuanto, la relación de hechos de su conformación materializa un riesgo operativo en todos sus extremos y su efecto se expande en riesgos inherentes al que se encuentra sujeto el Seguro de Pensiones, ya que a falta de análisis y escrutinios propios, se observa las falencias desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera y legal”.

Además, se enfatiza que el acuerdo de Junta Directiva resulta “ambiguo” debido a que la disposición de la Contraloría estaba enfocada a un sistema de control y no de administración.

En lo financiero se señala que “dentro del análisis efectuado es ineludible la observación desde la perspectiva financiera y los costos inherentes que le conlleva el establecimiento de una estructura carente del análisis legal, técnico, administrativo, financiero, sin definición de estructura y procedimientos, repercuten directamente en el patrimonio del Seguro de Pensiones y su sostenibilidad”, desde estas aristas: costos administrativos adicionales, traslado de recurso humano injustificado y traslado de recursos presupuestarios de Pensiones a Salud.

Inversión millonaria sin frutos

La jefa a.i del Área Administrativa, Rebeca Waston, quien firma el informe, es tajante en todos los aspectos de riesgo, pero además reclama que es su despacho el que ha hecho lo que le corresponde a la unidad del Proyecto de Restauración, que dicho sea de paso, ha recibido “fondos onerosos” para el desarrollo de dicho proyecto. Se trata del CICAP y Ernst&Young.

“No quedando pendiente adicional, más que la salvedad por parte de esta Área en demasía, sobre actividades consideradas también cruciales y que no fueron inventariadas por el Proyecto de Reestructuración, aspecto que en un adecuado mapeo, conformación de estudios técnicos y demás escrutinios debieron ser más que abordados desde un inicio por esa instancia para la adecuada toma de decisiones, más que se ha hecho acompañar por empresas consultoras en la que la Institución ha erogado fondos considerados onerosos, para que hasta esta etapa deba la suscrita asumir un aspecto de trabajo que le corresponde directamente al Proyecto de Reestructuración, para fundamentar su “iniciativa”, en la que no se considera sana la inversión de recursos”, agregó Rebeca Waston, jefa a.i del Área Administrativa.

Auditoría

Un informe de la Auditoría Interna de la entidad emitido el pasado 11 de junio, bajo expediente AI-1497-2020, retomó el tema y le puso un nuevo ultimátum a la entidad: “es necesario plantear en forma oportuna propuestas concretas de reestructuración que sean viables desde la perspectiva legal y técnica, que atiendan las necesidades institucionales y sobre todo impacten favorablemente las áreas estratégicas y neurálgicas de la institución”.

Para llevar a cabo la reorganización de la estructura administrativa de la Institución, la CCSS gastó recursos institucionales para contratar la asesoría con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica. También lo hicieron con la firma Ernst & Young, pero en ambos casos las recomendaciones han quedado en el olvido.

En el caso del CICAP se había firmado un contrato por $500 mil (290 millones de colones al tipo de cambio actual) lo que implicaba un pago mensual cercano a los $22 mil.

En el 2017, la CGR le dio permiso a la Caja para que contratara a la empresa Ernst & Young por $975.150 (unos 567 millones de colones al tipo de cambio actual) para acompañar el proceso.

Tras cinco años de trabajar en esta reestructuración, el único cambio visible hasta ahora ha sido la creación de la gerencia general de la CCSS, puesto que ocupa el doctor Roberto Cervantes.

Según supo este medio, el informe está siendo analizado por la Junta Directiva. Las consultas sobre este tema – enviadas a la Caja- están siendo tramitadas y aún no hemos recibido respuestas.



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