Plan del gobierno: antigüedad de hasta 15 años para taxis y carros de plataformas

El nuevo plan del gobierno para regular la operación de las plataformas tecnológicas de transporte (como Uber y DiDi) fijaría en 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán prestar servicios, tanto en la modalidad de taxi como a través de las aplicaciones.

El Poder Ejecutivo presentó el 3 de mayo de 2023 la primera propuesta de regulación que fue construida junto con representantes de las empresas de movilidad y con un grupo de taxistas liderado por Gilbert Ureña (Foro Nacional de Taxistas) y por Rubén Vargas Campos (Unión de Taxistas Costarricenses, UTC).

Pese a que el proyecto se presentó entre abrazos y felicitaciones entre los involucrados, rápidamente los taxistas cambiaron de parecer y solicitaron una serie de ajustes en el texto. Uno de los aspectos críticos fue que el plan inicial estipulaba la derogatoria de la ley 7969 (conocida como ley de taxis, vigente desde 1999) y convertía a los taxistas en portadores de un título habilitante (en vez de concesionarios).

Entre el segundo semestre de 2023 e inicios de 2024 continuaron las negociaciones entre taxistas, plataformas y autoridades de gobierno para consensuar un nuevo proyecto, el cual fue enviado a la Asamblea por el Ministerio de la Presidencia el pasado 29 de febrero y que circuló en días recientes entre miembros de la "fuerza roja".

Los ajustes son mínimos y no atienden el fondo de los reclamos de los taxistas. Además, se mantienen aspectos que se plantearon desde el plan inicial: los precios a los consumidores serán gestionados por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), los choferes de plataformas deberán girar un pago anual a un fondo de movilidad administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para operar, los taxistas pasan a ser poseedores de un título habilitante y no de una concesión, y todas las plataformas deberán estar inscritas ante el MOPT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para poder funcionar.

Estos son los principales aspectos del proyecto:

• No se fija un tope a la cantidad de conductores que se pueden afiliar a las plataformas.
• Precio será fijado por mecanismos tecnológicos usados por las plataformas o por el taxímetro (en el caso de los taxis).
• MEIC se encargaría de fijar una rentabilidad bruta mínima y una ganancia mínima por kilómetro, a partir de un estudio que se realizaría en los primeros 12 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
• Vehículos de choferes que operen para las plataformas no estarán rotulados (primer proyecto sí lo planteaba).
• Plataformas deberán pagar monto económico al MOPT para operar, el cual será actualizado cada 5 años. La cartera fijará la cifra con base a la experiencia internacional.
• Choferes de aplicaciones pagarán monto anual al MOPT para brindar servicios. Si están inscritos a varias plataformas, solo deberán cumplir 1 pago al año.
• Antigüedad de vehículos, tanto para taxistas como para choferes de plataformas, no podrá exceder los 15 años.
• Taxistas deberán renunciar a concesión o a permiso especial para obtener el título habilitante.
• Choferes de plataformas operarán bajo la figura de título habilitante.
• Choferes de plataformas y taxistas tendrán que estar inscritos como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e inscritos como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda.
• Vehículos de plataformas y taxistas acudirán 1 vez al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV). Actualmente, los taxistas realizan 2 revisiones anuales.
• Se descartó la posibilidad de contemplar indemnizaciones en favor de los taxistas (algunos sectores solicitaban hasta ₡30 millones al Estado por el daño provocado tras la operación de las plataformas en medio de lagunas legales).

Greivin Campos, representante del Sindicato de Taxistas de Costa Rica (Sindtaxcr), reprochó que el nuevo texto no cambia sustancialmente el fondo del primer proyecto que se presentó en mayo de 2023 y dijo estar en desacuerdo con la postura de los dirigentes de taxistas que se sentaron en las mesas de diálogo con el gobierno.

Para el dirigente, la eliminación de la figura de concesionarios no beneficia al taxista.

Gilbert Ureña y Rúben Vargas, como representantes del sector en la negociaciób, indicaron a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa en octubre de 2023 que estaban de acuerdo con la regulación de las plataformas, pero pedían mantener la figura del taxista como concesionario y no transformarlos en portadores de títulos habilitantes.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.