• Aseguran que no resuelve problemas económicos a mediano y largo plazo

(CRHoy.com) -El plan anunciado por el Gobierno para que los bancos estatales otorguen “créditos de salvamento” a los costarricenses más endeudados es insuficiente y no resuelve problemas estructurales a mediano y largo plazo.

Así lo sostienen diputados de algunos partidos de oposición, como Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y Frente Amplio (FA), quienes tienen dudas sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores -la mayoría jefes de bancadas parlamentarias- reiteraron sus dudas e inquietudes en un encuentro que sostuvieron este martes con el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, en la Casa Presidencial, entre otros.

El proyecto de ley -que el Ejecutivo enviará al Congreso– pretende que los bancos estatales otorguen créditos para ayudar a personas sobreendeudadas.

El beneficio sería para personas físicas asalariadas y quienes reciban un préstamo de esa naturaleza no podrían ser sujetos de otro crédito de consumo, si no han amortizado al menos el 50% del saldo principal o haya transcurrido un 50% del plazo del crédito de salvamento.  Además, deberán llevar cursos de educación financiera durante 3 años.

Según el Gobierno, el plan disminuiría los índices de mora y daría mayor disponibilidad de efectivo a los deudores.

“Es fantasioso”

Los diputados María Inés Solís y Pedro Muñoz, jefa y subjefe de la bancada del PUSC, manifestaron que la propuesta no resuelve los problemas de endeudamiento, no es viable desde el punto de vista financiero y se volvería insostenible para los deudores.

“Este plan no presenta soluciones reales y efectivas, no cubre a la generalidad de la población y, por ende, es fantasioso“, escribió Muñoz en su cuenta oficial de Twitter.

El congresista explicó que la iniciativa consiste en una medida paliativa que ayudaría únicamente a algunos costarricenses endeudados, pero no a todos.

“Metiéndolos en un ciclo tóxico, ante la falta de propuestas que ataquen las causas del endeudamiento, que generen fuentes de trabajo, acciones que frenen la desaceleración de la economía, disminuyan el costo de la vida, bajen el costo de la energía, combustibles e inyecten capital y estabilidad a los hogares, y al sector productivo. Habrá deudores que no califiquen y los que sí califiquen no saldrán de sus problemas financieros por no haber mejorado su capacidad de producción, todo esto puede minar aún más la alicaída confianza de los costarricenses”, amplió.

Reconoció que el crédito es uno de los factores que ahogan a muchos costarricenses, pero no es el único.

“¿Dónde queda el impulso a quienes generan fuentes de trabajo en el país y se ven afectados por la desaceleración económica? Nuestros productores y también quienes tratan de mantener a flote sus empresas, ante una Costa Rica cada vez más cara y donde el consumo, así como la economía van de pique, necesitan una solución integral, y eso pasa por apoyar los proyectos de la fracción Unidad para bajar el costo de vida”, añadió.

Solís, por su parte, dijo que el plan “no se sostiene en el tiempo ni para los bancos públicos que participen, ni para aquellos deudores, quienes en caso de calificar recibirían más créditos, lo cual se vuelve una opción, temporal pero no les resuelve realmente la situación de números rojos ante pocas alternativas de trabajo y capacidad de pago”, manifestó.

Medida paliativa

La legisladora Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN, manifestó que tiene inquietudes sobre el proyecto de ley y cuestionó que podría terminar siendo contraproducente.

“Tengo dudas de si se le consultó a los bancos, al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)”, indicó.

Al igual que los socialcristianos, opinó que el plan es insuficiente porque “ataca de forma indirecta el corto plazo y no está viendo para nada el mediano y largo plazo. Solamente aplicaría a personas en la informalidad, gente que se le puede deducir de su planilla, gente que hoy está sobreendeudada, pero deja por fuera a un grueso de la población, que es casualmente esa informalidad que tiene el país, que sumado a un montón de personas desempleadas, ronda alrededor de un millón de personas”, aseguró.

También dijo que es una medida paliativa que no tendría efecto directo en otros sectores que generan empleo, como comercio y turismo, ni en la reactivación de la economía.

“Creo que las diferentes bancadas de oposición, y en particular Liberación Nacional, le han exigido al Gobierno propuestas de reactivación económica y que no descanse toda esa labor en la Asamblea Legislativa, no porque la Asamblea no la pueda hacer, es que lleva tiempos y ritmos la discusión de proyectos de ley, que no siempre se acompañan con la necesidades que está teniendo la gente, y el Ejecutivo tiene posibilidades de medidas administrativas”, concluyó.

El congresista José María Villalta, del Frente Amplio, aclaró que no está en desacuerdo con promover una readecuación de deudas, pero subrayó que la medida es insuficiente.

“No ataca el problema de fondo, que es la falta de una regulación adecuada para prevenir prácticas abusivas y de usura que se están dando en el sistema financiero (…) Si lo que va a hacer el Gobierno es destinar recursos de los bancos públicos para comprar deudas incobrables de la banca privada, lo que se estaría haciendo nada más es transferir fondos públicos para financiar el negocio de los bancos”, expresó.

Explicó que el problema continuaría porque la gente seguiría endeudándose porque los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades de los hogares.

“Es una medida para salvar del ahogo financiero a las familias, pero no parece que tenga impacto de reactivación de la economía en el corto plazo”, añadió.

En una línea similar, se pronunció el diputado Wálter Muñoz, jefe de fracción del PIN.

Sostuvo que la propuesta no resuelve nada porque lo que la gente necesita es que baje el costo de la vida y haya oportunides de más y mejores empleos.

En su criterio, el costo de la vida se ha encaredido por la aplicación de cargas tributarias, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), recientemente aprobado.

Desde la oposición, la propuesta anunciada por el Gobierno es limitada frente a la desaceleración económica del país.