Plan fiscal prohibirá comprar medicamentos con dinero en efectivo

Si la propuesta de reforma fiscal del gobierno se convierte en una realidad y entrara a regir, 1,2 millones de ciudadanos en el país no podrían ir a la farmacia a comprar ni siquiera una pastilla contra el dolor de cabeza.

La propuesta en torno a la reforma fiscal establece que para comprar medicamentos los consumidores únicamente podrán hacerlo mediante tarjeta de crédito o débito, estableciendo así una prohibición para el uso del dinero en efectivo.

Esto deja por fuera automáticamente a 1,2 millones de ciudadanos que no poseen una cuenta bancaria, según el más reciente reporte del Global Findex del Banco Mundial con cifras de 2017. El estudio detalla que el porcentaje de ciudadanos con una cuenta bancaria en el país es del 68%, y ellos sí estarían facultados para abastecer sus necesidades de salud privada.

Entre los planteamientos se maneja como opción hacer efectivo este mandato hasta que el país alcance el 100% de bancarización aunque de parte del Ejecutivo y diputados de varias fracciones la tesis que más fuerza tiene es aplicar el cambio y obligar al consumidor a migrar.

Según el Estado de la Nación, 69 % de los pagos que se realizan en el país a nivel general son con dinero en efectivo, y apenas un 15% con plástico.

 

¿Legal?

La eventual aplicación de esta medida ha comenzado a desatar desde ya la polémica en torno a su legalidad.

El punto de partida es la propia Ley Orgánica del Banco Central, que establece como medio de pago universal y legal en el país los billetes y las monedas. Así reza el artículo 43:

El medio de pago legal de la República estará constituido por los billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central de Costa Rica.

De igual forma el artículo 46 refuerza el nivel de injerencia de estos medios de pago:

  Los referidos billetes y monedas tendrán, en el territorio de la República, poder liberatorio ilimitado y servirán para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias, tanto públicas como privadas.

Erick Ulate, abogado y presidente de Consumidores de Costa Rica afirma que esto hace ilegal cualquier intento de limitar el uso de efectivo en el país para cualquier tipo de producto. Adicionalmente hacerlo en el caso de los servicios de este sector violaría el acceso al derecho a la salud establecido en la Constitución.

"En el momento en que eso salga, a las 7:30 de la mañana del día siguiente estoy en la Sala Constitucional presentando una acción… es ilegal limitar el uso de efectivo en el país, los billetes y las monedas que emite el Banco Central son los medios de pago aceptados en el país por lo que cualquier manera de limitar su uso no solo es algo ilegal sino que además saca del mercado a más del 30% de la población mayor de 15 años que no está bancarizada", dijo Ulate.

En el sector farmacéutico también se oponen a esta medida. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Alberto Gatgens afirmó que además de la limitación a un sector de la población, el uso de tarjeta implica un costo adicional para la farmacia, puesto que el emisor cobra entre un 5 y un 7 por ciento de comisión.

"Que mucha gente no tenga acceso a tarjeta ya es un punto importante y no se les podría obligar a conseguir una para comprar un medicamento", aseveró.

Esta fue precisamente la preocupación expresada por el legislador del Frente Amplio José María Villalta, quien aunque dijo estar a favor del objetivo de bancarizar a la gente, el plan debe aplicarse cuando ya todos tengan acceso a una tarjeta y no como medida para obligar a los consumidores a tenerla.

"Hay zonas donde la gente no tiene acceso a un banco menos a una tarjeta. Pienso por ejemplo en la población Ngöbe. Ellos no van a tener una tarjeta para comprar medicina en la farmacia cuando ni siquiera tienen acceso a cédula", cuestionó Villalta.

Según el Global Findex solo un puñado de siete países a nivel mundial tienen un 100% de bancarización. Ellos son  Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suiza.

Trazabilidad en un mercado bajo la lupa

La intención detrás de la propuesta de ley es establecer un mecanismo que permita dar trazabilidad en un mercado que desde hace varios años se encuentra bajo la lupa ante denuncias de elevados precios de los productos y concentración.

Para Hacienda esto es importante ya que aplicar un impuesto mediante un medio de pago como las tarjetas, le permitirá conocer en realidad cuánto producto se vende en las farmacias y cuánto debe cobrar en la cadena de producción.

En la actualidad esta cadena se rompe en el momento en que se paga en efectivo, además de que se teme que en el comercio se decida promover el pago con monedas y billetes como un mecanismo de evasión. Por eso es constante que en los comercios avisen al consumidor que en efectivo se le aplica un descuento o se le rebajan impuestos.

"Nos parece importante que las compras se hagan a través de tarjetas... Es importante ir haciendo esa trazabilidad y permitir que se vayan bancarizando y formalizando las operaciones financieras, defendió la verdiblanca Yorleni León ante la comisión que estudia el tema. Según la diputada, con esto se acabará la pregunta de "con efectivo o con tarjeta".

En 2015 el Ministerio de Economía realizó un estudio sobre el mercado de los medicamentos en el país. Es el estudio más reciente del tema, y en ese momento encontró una serie de debilidades en los procesos de compra que encarecían el producto al consumidor.

Detectaron por ejemplo que el hecho de que las importaciones estuvieran concentradas en pocas droguerías, esto les permitía adquirir mayores volúmenes y en muchas ocasiones bajo esquemas de exclusividad, lo cual excluye a otras del mercado. Las farmacias fuera de estas redes deben adquirir el producto a mayor costo.

Aunado a ello, el usuario tiene poco acceso a información sobre los medicamentos y posibles sustitutos más baratos. Aún así, recomendó entonces no aplicar una regulación sobre los precios pues esto más bien generaría mayor concentración, fortalecer la vigilancia en fronteras para reducir el contrabando y promover una mayor injerencia por parte de Salud como ente rector.

 

 

¿Devolver el impuesto?

Aunque en términos generales afirman estar de acuerdo con que se debe dar una trazabilidad, en el sector salud están abiertamente en contra de la posibilidad de imponer un impuesto a la compra de medicinas y a los servicios.

El proyecto de reforma fiscal establece la creación de un impuesto al valor agregado (IVA) del 13% para todos los bienes y servicios. En el caso de salud establece una tarifa reducida del 4% tanto para los servicios como para los medicamentos.

"El sector salud no puede ser tratado igual que otros servicios, es muy peligroso imponer un impuesto porque eso me obliga a pagar más. El servicio privado ayuda al sistema de salud público a dar acceso a personas que por listas de espera o citas no pueden acceder al servicio. La Caja realiza unas 180 mil cirugías por año y el sector privado unas 82 mil cirugías", comparó Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

Como alternativa, los diputados han planteado la posibilidad de que el cobro sea devuelto al consumidor, de modo tal que solo se registre contablemente para permitir la trazabilidad que buscan. Esto obligaría a Hacienda a tener un contacto directo con el sistema bancario nacional y los emisores de tarjetas para hacer la devolución de forma automática a la misma cuenta con la que el consumidor pagó.

Esto no deja de generar dudas y desconfianza.

"Me inquieta la capacidad de implementar un mecanismo por medio del cual según hemos estimado, se realizan cada año 1.150.000 consultas médicas y más de 4.680.000 exámenes de laboratorio, sin contar las compras de medicamentos. Se habla de un sistema de devolución, pero eso es una incógnita grande, porque hay muchos pagos que por ejemplo se hacen por transferencia como en el caso de los seguros que son a 30 o 60 días", cuestionó Manzi.

Gatgens fue más allá: ¿Cómo van a devolverle un porcentaje a la población de menos recursos si ellos ni siquiera tienen cuenta bancarias?".

La respuesta de Hacienda a los miembros de la comisión que analiza el tema fiscal es que la herramienta está prácticamente lista, y se podrá aplicar apenas entre en vigencia la ley en caso de ser aprobada.