Plan integral para atender minería en Crucitas llegaría hasta finales del Gobierno de Chaves

La propuesta integral del Poder Ejecutivo para atender el potencial minero existente en Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela, llegaría hasta 2025 o 2026.

En medio de la escalada de violencia por pugnas entre coligalleros y oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Rodrigo Chaves, presidente de la República, aseguró este miércoles 17 de abril que deberán esperar la resolución de la disputa legal que libra la empresa canadiense Infinito Gold Mining contra el Estado de Costa Rica en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM) en Washington, Estados Unidos.

El domingo 14 de abril, en una zona montañosa frecuentada por coligalleros y oreros ilegales, un nicaragüense que intentó atacar con un machete a un oficial de Fuerza Pública, que lo abordó en un operativo de control sobre la actividad irregular para la extracción del oro, fue abatido por los policías costarricenses. 

El fallecido era un nicaragüense de 39 años, cuya identidad no trascendió, quien ingresó a territorio costarricense de manera irregular.

El cuerpo del hombre no pudo ser levantado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pues fue sacado por los amigos del sujeto hacia el país vecino. Por tanto, no se efectuó la autopsia para esclarecer la forma en que murió el extranjero.

A través de chats y redes sociales, circuló información extraoficial sobre el deseo de los coligalleros nicaragüenses de enfrentar a las autoridades nacionales.

¿Qué es lo que sucede a nivel legal en el Ciadi? Infinito Gold Mining planteó la anulación del fallo arbitral resuelto el 3 de junio de 2021, sobre el fallido proyecto minero que intentó desarrollar en Crucitas.

El Ciadi determinó que Costa Rica no debía pagar a la compañía norteamericana un monto reclamado superior a los $394,8 millones.

En ese reclamo, la empresa exigía el millonario pago, según su punto de vista, por las inversiones realizadas en la zona y por una serie de violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá para la promoción y protección de inversiones.

Infinito Gold Ltd. planteó la petición de nulidad del fallo el 18 de octubre de 2021 y el 6 de enero de 2022 se conformó un comité ad-hoc para analizar la solicitud.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) explicó, en setiembre de 2023, que el 29 de mayo de ese año la empresa presentó el documento formal donde planteó la anulación del fallo de 2021.

Según el calendario acordado por el tribunal, el proceso podría tardar hasta 3 años en resolverse. Es decir, entre 2025 y 2026.

Comex detalló que en diciembre de 2022 se estableció un calendario procesal, en el cual se indican los plazos para cada etapa del proceso de anulación.

"Este proceso, consta de 2 rondas de escritos, y de una audiencia. Luego, el comité (conformado por el CIADI) analizará los argumentos de las partes y emitirá su decisión final. En total, el proceso podría tardar 3 años aproximadamente", enfatizó la entidad, en setiembre pasado.

El presidente Chaves insistió que mantendrán operativos policiales para contrarrestar la incursión de coligalleros y oreros provenientes de Nicaragua. Sin embargo, reconoció que es una tarea compleja al tratarse de zonas de gran extensión (900 hectáreas) y con cercanía a la frontera con Nicaragua.

La mayoría de infractores aprovecha la porosidad de la zona fronteriza e ingresa de manera irregular. Incluso, a través del uso de mercurio y cianuro, extraen el mineral que luego es trasladado al país vecino.

El uso de estos productos químicos contamina las fuentes de agua de Crucitas y de las comunidades más cercanas (como Chorreras o Chamorro).

"Una vez que pase el laudo, hablamos. Porque ahí sí ya se puede utilizar la racionalidad y la inteligencia y no el fanatismo, ni la búsqueda de apoyo de grupos ‘progres' que llaman aquí, o ambientalistas extremos que no entienden la racionalidad económica", alegó el mandatario, al ser consultado sobre los últimos acontecimientos.

El MSP detalló este 17 de abril que tras el hecho registrado el domingo 14 de abril, la cantidad de oficiales destacados en la zona se aumentó a 150. Además, se reforzarían los controles con el uso de drones. En días recientes, se abordaron 80 coligalleros y se decomisaron 107 tómbolas, las cuales se utilizan para demoler el material minero.

El comité ad-hoc que analiza la petición de Infinito Gold está formado por los expertos en derecho internacional Brian King de EE.UU.; José Antonio Moreno, de Paraguay y Deva Villanua, de España.

Los aspectos del fallo que busca anular Infinito Gold LTD:

El Ciadi determinó que Costa Rica no le denegó justicia al inversionista (Infinito Gold), ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.

El tribunal estableció que era legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas.

De esta forma, la minera canadiense no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.

Entre 2001 y 2010, la empresa intentó desarrollar un proyecto de extracción de oro. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).

Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operaron en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones.

Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.

La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.

Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Minae en esa oportunidad.

En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones (más de ₡2 mil millones, según el tipo de cambio actual) durante el período bajo análisis.

La minería ilegal afecta a 19 fincas de 14 propietarios diferentes circundantes a la propiedad principal (denominada Vivoyet, antes Finca Mina Crucitas). Es decir, donde la empresa extranjería desarrollaría la iniciativa.

Los estudios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.

En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.

Estos datos habrían cambiado sustancialmente en virtud de que la actividad minera ilegal ha persistido en los años recientes.

El Minae y el Sinac realizan visitas periódicas a la zona, pero no se han revelado informes recientes sobre el tema.