(CRHoy.com) -Un proyecto de ley diseñado por la Contraloría General de la República (CGR) que busca introducir cambios a la administración de la liquidez del Estado despierta dudas entre diputados que lo estudian.

Así lo reconocieron legisladores de distintas agrupaciones políticas que forman parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano legislativo que tramita la iniciativa bajo el expediente 22.661.

Las inquietudes surgen debido a observaciones hechas por distintos sectores y crecieron después de advertencias recientes expuestas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Aunque la intención de la iniciativa es hacer un manejo eficiente de la liquidez pública y lograr ahorros sin aumentar impuestos ni disminuir gastos, los diputados tienen preocupaciones por el impacto global en el sistema financiero y en la economía costarricense, si el texto se aprueba tal y como está redactado.

Ana Lucía Delgado, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoció que tiene reservas y explicó que están en un proceso de recabar información para contar con más elementos de juicio.

"Estamos en un proceso de recabar información y analizar los insumos brindados por las instituciones del Estado, lo cual permitirá a las diputadas y diputados tener mayores elementos de juicio que faciliten el proceso de toma de decisiones. Por ahora, resulta muy prematuro emitir un criterio sobre la votación final que tendrá este expediente en comisión", respondió.

Delgado explicó que la propuesta se encuentra en una fase inicial de trámite. Pero ya se hicieron las consultas de rigor y se recibieron casi 50 respuestas que están siendo procesadas.

También los congresistas ya recibieron en audiencia a Marta Acosta, contralora general de la República, y a Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef. Pero queda pendiente una audiencia con representantes del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

"Le falta mucho"

La también liberacionista Yorleny León sostuvo que el proyecto está "muy crudo" y que no cree que se someta pronto a votación en Hacendarios.

"Todas las observaciones recibidas son fuertes y no pueden pasar desapercibidas. Tocará concluir la etapa de consultas, audiencias, sentarnos a valorar el proyecto y proceder con la ruta que se defina", aseguró.

León adelanto que votaría en contra de la iniciativa en comisión, si el texto se mantiene tal y como está.

Explicó que la propuesta tendría repercusiones sobre el sistema financiero porque contiene deficiencias en aspectos como el cálculo del rendimiento o disponibilidad de efectivo que tendría el Estado.

"Le falta mucho, hay que madurarlo mucho para tener claro su alcance real y rendimiento real. El rendimiento que presenta la Contraloría no toma en consideración una serie de activos del Estado", agregó.

"No es razonable"

La diputada independiente Shirley Díaz, quien también forma parte de Hacendarios, dijo que no considera razonable aprobar el proyecto de ley en este momento.

"Estoy consciente de la situación difícil en la administración de las finanzas públicas, sin embargo, no disponemos de escenarios que permitan medir el efecto o impacto real, o bien estimaciones que permitan visualizar el costo/beneficio y valor agregado para las finanzas públicas", argumentó.

También mencionó las siguientes interrogantes:

• Cuando se habla de manejo eficiente de la liquidez del Estado, ¿nos referimos al total de ingresos o a la diferencia de ingresos menos los gastos asociados a un periodo de tiempo determinado?
• ¿Cuál sería el impacto en la economía costarricense de los efectos colaterales del manejo de los recursos que las instituciones públicas mantienen en los bancos?

Además, afirmó que le preocupa la intención de que el departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda sea el responsable de fiscalizar el nivel operativo de riesgos si se centraliza la administración de los recursos económicos, porque primero se debería reforzar la estructura operativa y funcional de esa unidad.

El legislador Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), indicó que después del análisis que presentó la Sugef su despacho realizará un estudio más integral.

Adelantó que ese estudio tomará en cuenta otras variables financieras, como las tasas de interés y la disponibilidad de recursos de los bancos comerciales para créditos empresariales y personales, en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto.

"La idea es determinar el impacto real de este proyecto en toda la economía costarricense y no solo desde el lado del ahorros del Estado", añadió.

Según la Contraloría, el ahorro sería aproximadamente de un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

La propuesta

En el texto propuesto, se explica que el proyecto pretende integrar y estandarizar, mediante mecanismos eficientes, los procesos de gestión de la liquidez de las finanzas públicas.

Menciona que se mantendría como propósito garantizar la disponibilidad de fondos líquidos suficientes para sufragar gastos al momento de su vencimiento en un marco de gestión de riesgos, minimizar el costo del financiamiento e invertir excedentes temporales de manera productiva y con garantías adecuadas.

Además, aprovechar la información consolidada, oportuna y transparente para la toma de decisiones y la prevención de la corrupción.

Puntualmente, la iniciativa plantea las siguientes medidas:

• Disposiciones generales de aplicación para todas las entidades públicas o privadas que administren o custodien ingresos públicos, así como para los sujetos privados que reciban en forma gratuita o sin contraprestación ingresos de origen público.
• Prácticas para el manejo eficiente de la liquidez durante la captación de ingresos, administración y proceso de pagos.
• Creación del Sistema de Cuentas del Sector Público, que consistirá en una estructura unificada administrada por la Tesorería Nacional y en la cual el BCCR ejercerá funciones de cajero general del Estado.
• Sanciones y procedimientos para el cumplimiento de la ley.