Planes de Ley Jaguar representan una amenaza para la independencia de la CGR, según informe
Las iniciativas de Ley Jaguar, propuestas por el Gobierno de la República, representan una amenaza para la independencia de la Contraloría General de la República (CGR), según advirtió un informe de la Iniciativa para el Desarrollo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI).
Según el documento, la interferencia del Poder Ejecutivo "socava la capacidad" del órgano contralor para cumplir con su mandato constitucional y legal de vigilancia sobre la hacienda pública.
El informe reconoció intentos por debilitar la autoridad de la Contraloría mediante reformas legislativas, lo cual podría "menoscabar la fiscalización de la gestión de fondos públicos y reducir los mecanismos de rendición de cuentas en Costa Rica".
El organismo analizó la labor fiscalizadora relacionada con el proyecto Ciudad Gobierno, en el cual, tras una denuncia ciudadana, se emitió una advertencia al Ministerio de Planificación y al Ministerio de Hacienda para ajustar sus actuaciones al marco jurídico y técnico vigente.
La Contraloría señaló la imposibilidad de aplicar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles, prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), para adjudicar de forma directa el objeto propuesto por la administración.
Otro caso abordado fue la adquisición de escáneres para sistemas de inspección no intrusiva en el país.
En diciembre de 2023, el órgano contralor ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) dejar sin efecto el registro en el sistema de compras públicas.
Asimismo, durante el procedimiento de contratación del servicio de infocomunicación y telecomunicación de los sistemas de inspección no intrusiva 24/7, en las diferentes entradas y salidas del territorio costarricense, la entidad exigió que la selección de cualquier contratista se realizara conforme al marco legal.
La Contraloría identificó incumplimientos en los requisitos necesarios para utilizar la excepción de contratación entre instituciones de derecho público.
El informe recopiló expresiones emitidas por la Presidencia de la República, al manifestar públicamente su rechazo a los hallazgos del órgano contralor, calificándolos como "interpretaciones absurdas, arbitrarias e ilegales", "obstrucción", "burocracia", "decisiones arbitrarias" y "preferencias personales", entre otras.
También se cuestionó el origen de la denuncia anónima recibida por la institución respecto a la aprobación del Reglamento de Alianzas Estratégicas.
"Los testimonios recabados por la IDI, tanto de partes interesadas internas como externas de la CGR, reflejan un patrón intimidatorio hacia las labores de control que realiza la CGR, lo cual interfiere en el normal ejercicio del control gubernamental", indicó la Contraloría.
Durante el proceso, la CGR evidenció limitaciones, retrasos y obstáculos para desarrollar auditorías y otras actividades, debido a la falta de entrega oportuna, completa y veraz de la información solicitada a las entidades fiscalizadas.
Entre los casos más críticos señalados por la Contraloría se encuentran tres auditorías en curso dirigidas a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La primera, sobre el inventario de medicamentos de alta especialización, presentó omisiones graves de información básica como diagramas de procesos, normativa e indicadores de gestión. La segunda, sobre el proceso de formación y distribución de especialistas médicos, reveló respuestas incompletas y ausencia de informes clave.
La tercera, sobre el acceso a servicios de cirugía, reflejó una respuesta desorganizada e insuficiente, sin la evidencia citada por la propia administración. En los 3 casos, la CGR emitió advertencias claras respecto a la obstrucción en el ejercicio de sus funciones de control.
