Plantas de asfalto del MOPT: un fiasco de casi ₡4 mil millones
Inversiones se hicieron sin que se cumplieran requisitos estipulados por ley
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(CRHoy.com) Una inversión ruinosa. No hay otra manera de describir los más de ₡3.9 mil millones de colones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó en la adquisición de 4 plantas productoras de mezcla asfáltica.
Se trata de 4 instalaciones ubicadas en Guanacaste (conocida como El Chopo), Colima de Tibás, Buenos Aires de Puntarenas (Paso Real) y Siquirres de Limón. Las mismas fueron abiertas entre 1996 y 2015, sin embargo desde mayo de 2018 el ministerio suspendió cualquier tipo de operación en estos inmuebles.
¿Por qué? Las inversiones millonarias fueron hechas por la cartera sin que existieran estudios de factibilidad o análisis ambientales, en una clara contraposición a un decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitido en el 2002. Es decir, en contra de un decreto emitido casi entre 10 y 15 años antes en que se constituyeran la mayoría de las plantas.
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), confirmó ante la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa que se requeriría de –al menos- ₡9.6 mil millones para cumplir con los requisitos necesarios que permitan el funcionamiento de dichas instalaciones con todas las de la ley.
Más todavía, Méndez indicó que en los períodos que sí operaron, los establecimientos ni siquiera produjeron la cantidad de asfalto necesario para hacerlas rentables. Por ejemplo, en el caso de Guanacaste, la producción real histórica fue de 33 mil toneladas métricas de asfalto (la mínima requerida debía ser de 79 mil toneladas).
Al menos, en el papel, las plantas se idearon bajo el supuesto de que serían útiles para los municipios y las comunidades con mayores deficiencias en infraestructura vial.
"Esas plantas se adquirieron sin planificación ni estudios previos; sin determinación del recurso humano necesario, sin tomar en consideración problemas de gestión ambiental y sin valoración de un sistema de gestión ambiental que es absolutamente indispensable para la operación de este tipo de plantas. Realmente, solo para la planta que está en Guanacaste se posee un estudio de rentabilidad ante instrucción de la adquisición", comentó el jerarca.
En la planta de Guanacaste se invirtieron ₡716.8 millones; en la Zona Sur unos ₡1.7 mil millones; Siquirres ₡72.2 millones y ₡1.3 mil millones en Colima de Tibás.
"En setiembre de 2017, el ministerio se ve obligado a detener las plantas que tenía en uso o en proceso de instalar. Esto en virtud de que no se cumplía con los términos del decreto ejecutivo de 2002 que reglamenta los sistemas de almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos. Ante la imposibilidad de cumplir con esos señalamientos, nótese que pasaron 15 años, es que la Administración toma la decisión de suspender las operaciones de las plantas".
"En este momento, la única planta que cuenta con las obras civiles para cumplir con la disposición del Minae es la de Paso Real", indicó el ministerio.
El jerarca enfatizó en que ninguna de las plantas cuenta con el personal idóneo ni con los instrumentos o equipos para implementar laboratorios de calidad en el sitio. Tampoco poseen la asignación de un regente químico, en cumplimiento de lo establecido por ley.
Según el ministro, tuvieron que reubicar en otras labores operativas a todos los funcionarios que estaban designados en las plantas.
Paso Real, un caso extraño
El 15 de junio de 2017, Luis Guillermo Solís, presidente de la República, inauguró con bombos y platillos la millonaria planta para mezcla asfáltica ubicada en Paso Real de Buenos Aires, Puntarenas.
El inmueble, según lo citado por un comunicado de Casa Presidencial en ese entonces, tendría una capacidad para producir 600 toneladas métricas diarias de producto y serviría para "resolver necesidades" de zonas como: Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y el distrito de San Vito.
"Actualmente si estos gobiernos locales requieren realizar obras de asfaltado, deben pagar altas sumas de dinero en acarreo y materiales desde la capital, situación que se termina con la puesta en operación de esta nueva planta", dijo el presidente Solís, en esa oportunidad.
Extrañamente, menos de 3 meses después, según lo dicho por Méndez Mata, las autoridades de ese entonces cancelaron la operación de todas las plantas.
Al ser cuestionado por los legisladores, el actual ministro dijo que cuando llegó al MOPT ya existía una orden para frenar la operación. Así las cosas, el gobierno de Solís inauguró un inmueble que ni siquiera vio la luz.
¿Qué harán?
El MOPT está metido en un verdadero embrollo, pues para los jerarcas no existe viabilidad en la oferta de mezcla asfáltica preparada por la cartera. Además, los municipios adquieren el asfalto de terceros o de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). No hay una oportunidad de negocio.
"El ministerio no consume ese asfalto. Hay una imposibilidad de explotarlo comercialmente y no sería un negocio. He venido hablando con las municipalidades, porque muchas de ellas consideran que tienen la posibilidad de operar las plantas, haciéndoles conciencia de que tienen que entender muy claramente la responsabilidad que asumen y que deben hacer estudios de factibilidad para ver si no tienen la misma problemática que el ministerio", citó Méndez Mata.
Diputados como Erick Rodríguez, independiente, y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), no quedaron satisfechos con las explicaciones dadas por el ministro y apuntaron a que debe existir una responsabilidad para resolver el problema con prontitud.
El jerarca indicó que prácticamente la única opción es que existan grupos de municipalidades interesados en adquirir las plantas o, en su defecto, vender los equipos para tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero invertido.
Germán Valverde y Carlos Villalta, exjerarcas del ministerio durante la administración Solís Rivera (2014-2018) comparecerían en los próximos días ante esa comisión para tratar este tema.