(CRHoy.com) -Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) exigieron este lunes al Poder Ejecutivo hacer un efectivo recorte del gasto público y no limitarse a una simple reducción presupuestaria en el nuevo plan de gastos que propondrá al Congreso.

Así lo manifestaron las legisladoras Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, del PLN, así como Rodolfo Peña, jefe de la fracción parlamentaria del PUSC, y la independiente Ivonne Acuña.

Delgado insistió en que la situación de las finanzas públicas del país "es dramática".

Sostuvo que se registra una caída de ¢1,2 billones en los ingresos tributarios, según una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), y una proyección del déficit fiscal que ronda el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Es obligación del Gobierno plantear un conjunto de medidas estructurales y concatenadas que logren alcanzar la consolidación fiscal. Esas medidas deben pasar ineludiblemente por la reducción del gasto en un presupuesto nacional de más de ¢11 billones y con un endeudamiento que hoy supera el 62% del PIB", amplió.

Explicó que no se trata de una simple reducción presupuestaria, sino de una disminución de gasto efectivo en un contexto extraordinario causado por la crisis económica del COVID-19.

"La reducción del gasto tiene que complementarse con medidas al menos en torno al manejo de la deuda pública, búsqueda de fuentes de financiamiento provisional que no pueden ser nuevos impuestos, reducción de los intereses, una mejora recaudatoria de los grupos y sectores que puedan aportar para apoyar a quienes no están condiciones de afrontar la crisis", dijo.

Manifestó que la reducción de ¢355 mil millones propuesta por el Ejecutivo en el tercer presupuesto extraordinario es un apenas un primer ejercicio y que el Gobierno debe continuar bajando el gasto en otras partidas.

"No podemos eliminar en un primer ejercicio el poco gasto de capital que hace el país, y con esto me refiero al detrimento de las inversiones que se puedan gestar a través de los gobiernos locales, a pesar de lo importante que es el tema de inversión en materia de reactivación económica", señaló.

Comentó que no es válido reducir solo gasto presupuestario, sino que debe hacerse sobre gasto efectivo.

"Es decir, no es recortar lo que me sobra, sino lo que hoy, por las condiciones que tenemos, puede ser postergado", agregó.

Sin compromiso

Hernández, por su parte, manifestó que el Gobierno no está comprometido con una verdadera reducción del gasto público.

"Mucho menos siento al Gobierno, a ninguno de los actores económicos apurados con lograr el acuerdo de giro, conocido como Stand-by, que es lo único que garantiza recursos para los próximos años", expresó.

La liberacionista se refiere a las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito por $508 millones.

"Ante la falta de liderazgo, el Presidente (Carlos Alvarado) pretende hacer ver que el atraso en las negociaciones se debe a la Asamblea Legislativa, pues requiere primero la aprobación de los $508 millones de acceso rápido, antes de que formalmente tengan acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, pretendiendo que la Asamblea apruebe estos recursos a ciegas, sin certeza de los demás", afirmó.

Sostuvo que el Gobierno sigue sin hablar nada sobre la ruta de financiamiento para el 2021, lo cual debería descansar en el acuerdo con el FMI, así como de la estrategia para levantar la caída en la producción nacional y en el empleo a causa de la pandemia.

Agregó que si el Gobierno pretende apostar por la autorización legislativa para acceder a más Eurobonos, debe recordar que es algo inviable ante la ausencia de acciones claras del Ejecutivo, que es débil en la conducción económica.

Condicionan apoyo

El diputado Peña advirtió que la bancada legislativa del PUSC se opondrá al aparente intento de recortar el presupuesto que se transfiere a cerca de 3.700 organizaciones comunales del país, en el tercer plan de gastos extraordinario.

Recordó que los socialcristianos le han señalado al Poder Ejecutivo las partidas presupuestarias en las que puede disminuir gasto, sin necesidad de causar perjuicio a los costarricenses.

Mencionó que a las organizaciones comunales solo se les está asignando el 30% de lo que les corresponde por ley y que se trata de los ingresos provenientes del cobro del 2% del impuesto sobre la renta.

Con el aparente recorte propuesto por el Gobierno, eso se reduciría al 15% de lo que le corresponde al sector comunal.

"La fracción del PUSC no va a dejar solo al sector comunal en esta lucha. El Gobierno debe saber que si insiste en este recorte, nos opondremos vehemente en la Asamblea Legislativa. Las organizaciones comunales han sido claves en potenciar el desarrollo comunal y en contribuir en la atención de la emergencia nacional", concluyó.

La legisladora independiente Ivonne Acuña insistió en que el mandatario y su administración carecen de una hoja de ruta clara.

Al referirse al mensaje que dio Alvarado la noche del domingo anterior, dijo que "vuelve a dejar más interrogantes que respuestas claras frente a una situación tan compleja como la que enfrentamos actualmente".

Acuña reclamó que el Presidente no le haya hablado con transparencia a los costarricenses sobre los puntos incluidos en el acuerdo que se negocia con el FMI.

"Ese acuerdo, ¿incluye más impuestos? ¿venta de activos o no? ¿cuáles?", cuestionó.

La diputada aseguró que el Gobierno sigue prometiendo un recorte del gasto público, aunque a la fecha no lo ha cumplido.

"No es claro en decir que ese dinero no es sólo para comprar deuda más barata, sino para cubrir gasto corriente. Y sin sonrojarse deja por fuera las medidas para apoyar a las miles de familias costarricenses para generar empleo, como el apoyo de prorrogar la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado para la construcción y el turismo, que dará un impulso a los sectores generando empleos directos y encadenamientos", concluyó.