PLP advierte de posibles riesgos en nueva ley sobre capitales emergentes
Plan se votaría en segundo debate el próximo lunes
Diputado del PLP, Eli Feinzaig.
Los diputados aprobaron en primer debate el martes 27 de agosto el expediente 22.834, una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que se presenta como una herramienta para que el Ministerio Público pueda secuestrar capitales sin un origen lícito aparente, bajo el concepto de "capitales emergentes".
Este plan llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado, pero la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) alerta que esta reforma establece una "extinción de demonio solapada".
Pero el diputado del PLP, Eli Feinzaig, advierte que el proyecto "invierte la carga de la prueba", es decir, que toda persona será culpable hasta que demuestre lo contrario, lo que contradice el "principio de inocencia", que afirma que toda persona es inocente, hasta que se le demuestre lo contrario.
"Este proyecto invierte la carga de la prueba y convierte a cualquiera en culpable. A usted le pueden quitar sus bienes con solo que alguien lo denuncie", agregó el también diputado del PLP, Diego Vargas.
¿Qué permite hacer el proyecto?
Feinzaig afirma que la reforma permite al Ministerio Público cuando exista un incremento patrimonial "sin causa lícita aparente" solicitar el congelamiento de esos bienes, sin que se haya presentado una denuncia contra el ciudadano del que se sospecha que haya tenido ese incremento de capital.
"Es decir, sin que el ciudadano sepa van y le congelan los bienes", agregó el diputado del PLP.
"Luego se le da una audiencia al ciudadano para que demuestre el origen lícito de los bienes, en vez de que sean las autoridades acusatorias las que se demuestren la procedencia ilícita del bien. Y por eso digo que se está invirtiendo la carga de la prueba", indicó el legislador.
Feinzaig señala que los altos índices de informalidad en el país (entre un 38 y un 40% de los trabajadores) donde casi 100 mil empresas están en esa condición, y son micro, pequeñas y medianas, cualquier persona que tenga un incremento patrimonial, podría ser sospechosa.
Insiste el diputado del PLP que esta normativa pone en riesgo al ciudadano, al emprendedor.
"Cuando lleguen y le digan ese carrito que usted se compró ya con 15 años de uso, demuéstreme que tiene un origen lícito. Y si usted ha estado en la informalidad, no, no, no cometiendo actos ilegales, pero sí en la informalidad, fuera del radar del Estado, va a tener un serio problema demostrando el origen, el origen lícito de esos bienes", afirmó.
Feinzaig recordó que gracias a la presión y las mociones del PLP se logró eliminar del texto aprobado que la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto de Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda, pudieran solicitar la inmovilización de bienes sin que haya una acusación de por medio.
Ahora esa facultad queda únicamente para el Ministerio Público, aunque estos entes siempre podrán a apersonarse a coadyuvar al Ministerio Público, pero le corresponderá únicamente al Ministerio Público hacer esa gestión.
También se eliminó la posibilidad que el ICD pudiera disponer de esos bienes.
"¿Qué quiere decir disponer de los bienes? Que pudiera venderlos, en palabras de la calle, para que pudiera platearlos. Y eso nada más con la sospecha, sin juicio, ni absolutamente nada. Y si después resultaba que usted, ciudadano, pudo demostrar el origen lícito, cosa que no debería de hacer, porque deberían de ser las autoridades, los investigadores y las autoridades acusatorias que demuestren el origen ilícito y no al revés, pero si usted logra demostrar en el origen lícito de su bien, ya ese bien no hubiera existido, pero ya el Instituto de Control de Drogas lo hubiera planteado y ya esa plata la estaríamos usando para otra cosa", señaló el diputado del PLP.
Otro cambio que se logró introducir es que si las autoridades investigadoras, transcurridos cierto tiempo, no lograron demostrar el origen ilícito, no podrán seguir planteando la inmovilización de los bienes como se pretendía originalmente.
Además, se otorga la posibilidad a la persona investigada de tener una audiencia.
Sin umbral
Feinzaig reconoce que no lograron imponer en el proyecto un umbral.
Explica el liberal que ante la sospecha de incremento patrimonial sin causa lícita aparente, los bienes pueden ser inmovilizados y eventualmente disponer de ellos, sin un umbral.
Y entonces puede ser que usted a lo largo de 10 años logró algunos ahorros, tal vez se compró una pantalla plana de 70 pulgadas, tiró la caja o dejó la caja en la acera para cuando pasa la recolección de la basura y un vecino vio y dijo, mirá, diay, este de dónde saca plata para una pantalla plana de 70 pulgadas y ya con eso le pueden plantear una acusación por incremento patrimonial sin causa lícita aparente, señaló.
Feinzaig reconoce que el objetivo de este proyecto no es la gente de bien que sería atacar a las organizaciones narco criminales.
"Pero no se limita a eso y al no poner ni siquiera un umbral, eso es un ridículo absoluto, no hay un umbral, por un incremento patrimonial de 500 mil pesos o de un millón de pesos, ya a usted pueden investigarlo y por más que las autoridades juren y rejuren que no van a hacer, bueno, puede ser que las autoridades judiciales de hoy no lo hagan, yo le creo a don Carlo Díaz (Fiscal General), que me parece un funcionario fantástico, yo le creo cuando él me dice esa no es la intención del Ministerio Público, pero las personas somos pasajeras y cuando la ley quede aprobada quien venga después de don Carlo no sabemos quién ni con qué actitud y por eso es importante para nosotros, como liberales, evitar que se den estos abusos", enfatizó.
Carta blanca al abuso
Insiste la fracción del PLP que la inversión de la carga de la prueba es un principio fundamental que no se puede permitir, razón por la cual rechazan votar a favor la iniciativa.
Feinzaig reiteró que si bien están en pie de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad que se ha desatado en el país, pero para combatirla no pueden sacrificar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
"De la forma en que esto queda redactado, esto es una carta blanca para que las autoridades policiales y judiciales puedan cometer abusos y cuando cometan esos abusos, y espero que nunca lo hagan, pero cuando se cometan esos abusos, ojalá que los compañeros diputados, aquí presentes, recuerden estas palabras, porque lo advertimos y lo estamos advirtiendo y vamos a ser consecuentes con nuestra palabra votando en contra este proyecto de ley", finalizó.
El proyecto se votaría en segundo debate el próximo lunes 2 de setiembre.