Poder Judicial recorta presupuesto pero alerta que afectará combate a la criminalidad
Los 22 magistrados que integran la Corte Plena del Poder Judicial acordaron, por mayoría, aplicar un recorte de ₡13.242 millones al presupuesto de 2026, dejando claro que la reducción afectará la prestación de servicios y diversas iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales.
Así lo acordaron ante la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Del monto recortado, ₡8.687 millones corresponden a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa durante el período 2022-2026 para fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas, así como la apertura de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas, además de una oficina policial en Puerto Jiménez.
Aunque esos recursos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda no autorizó su ejecución. Además, los excluyó del presupuesto correspondiente a 2027.
El resto del recorte corresponde a remanentes generados por la variación del tipo de cambio del dólar, procesos de contratación que no recibieron ofertas y la reprogramación de proyectos de infraestructura.
Recursos fundamentales
El Poder Judicial recalcó que los recursos destinados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, proteger los derechos de las personas y dar continuidad a las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas.
Asimismo, la institución sostuvo que este recorte representa el mayor esfuerzo que puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de los servicios esenciales. Advirtió que una reducción adicional obligaría a adoptar medidas más drásticas, con un impacto directo en la atención que reciben los usuarios.
Respecto a la solicitud de rebajar ₡26.549 millones del anteproyecto de presupuesto para 2027, la Corte Plena acordó, por mayoría, rechazar el ajuste al considerar que afectaría la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para reducir el rezago judicial y la atención de las víctimas.
