Poder Judicial cuestiona a gobierno por retirar proyecto para ordenar administración en cárceles
Poder Judicial criticó retraso en importante proyecto de ley
El Poder Judicial volvió a cuestionar que el mandatario Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ordenaran retirar de la corriente legislativa el proyecto de ley de Ejecución de la Pena, que pretende ordenar de una vez por todas la administración de las cárceles del país.
Durante todo noviembre y hasta finalizar enero, es el Poder Ejecutivo quien mantiene el control de la agenda de prioridades en la Asamblea Legislativa. Es decir, mediante una convocatoria, Presidencia decide cuáles proyectos serán tramitados en este plazo y cuáles quedarán en el congelador.
El pasado martes 26 de noviembre, Chaves Robles y la jerarca de Presidencia remitieron un oficio al directorio del Congreso en el cual comunicaban el retiro del expediente 24.019, conocido como "Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas".
Por esa razón, el Poder Judicial comunicó este viernes que "lamenta la decisión", ya que detiene el avance de una iniciativa crucial para garantizar el cumplimiento de las sentencias penales.
El proyecto ya había sido dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, desde el pasado 24 de octubre pasado y estaba a las puertas de entrar al plenario, para convertirse en ley de la República.
"El texto propone un marco legal que sustituye la actual dependencia de circulares e interpretaciones, asegurando decisiones claras y confiables tanto judiciales como administrativas.
Además, establece plazos para resoluciones judiciales, regula funciones de autoridades penitenciarias y define deberes para los privados de libertad, respondiendo a las demandas actuales de nuestra sociedad.
La Sala Constitucional ya ha señalado la necesidad de una ley que ordene la política penitenciaria, actualmente sujeta a cambios según los gobiernos de turno", señaló el Poder Judicial en un comunicado.
La institución también aseguró que el ordenar las funciones que tiene Adaptación Social (a cargo de la administración penitenciaria) y los jueces de Ejecución de la Pena, debe ser un tema que se debe analizar con seriedad, así como tratar "con altura y responsabilidad, rechazando los ataques, el populismo punitivo y las narrativas que buscan dividir".
Ministro de Justicia pidió desconvocar el proyecto
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, confirmó a crhoy.com que la decisión de pausar el trámite y desconvocar el proyecto de ley de Ejecución de la Pena fue del jerarca de Justicia, Gerald Campos, a cargo del sistema penitenciario del país.
El expediente se desconvocó por solicitud del ministro rector del sector seguridad, que es don Gerald Campos, de Justicia y Paz.
El ministro solicitó retirar de la convocatoria el proyecto para una revisión mucho más exhaustiva, esta versión no contempla muchas de las propuestas que se habían hecho desde el gobierno.
Según explicó Fernández, no están de acuerdo con la proporción de las penas y el manejo de los centros carcelarios que propone el Poder Judicial y los diputados. Si Campos no lo considera "oportuno", entonces el Poder Ejecutivo planteará un segundo proyecto, dado que el primero que ellos redactaron fue una iniciativa que fue archivada por el Congreso.
El pasado miércoles, durante su programa televisivo semanal, el mandatario Chaves Robles y el ministro de Justicia, aprovecharon el fallo de un juez de Ejecución de la Pena de Limón, sobre el manejo de la cárcel en esa zona, para cuestionar una vez más el rechazo de la Asamblea Legislativa al proyecto de ley del Ejecutivo sobre cómo se la administran las sentencias de cárcel.
Sin embargo, tan solo una horas antes, el mismo mandatario ordenó a los diputados retirar del Congreso un proyecto de ley que pretende poner orden a las decisiones que toman tanto jueces como Adaptación Social y la administración penitenciaria.
Fue mediante el decreto ejecutivo n.º 4.4768-MP, firmado por Chaves y Fernández,
Crhoy.com intentó contactar al ministro Campos vía mensajes de texto para conocer el porqué de la decisión, pero el jerarca no respondió al cierre de esta nota. Se remitió la consulta a la oficina de prensa de Justicia, que está en trámite.