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Poder Judicial desmiente al Gobierno sobre fallos de jueces en cárceles

Poder Judicial cuestionó retiro de proyecto que ordenará sistema penitenciario

Por José Adelio Murillo | 27 de Nov. 2024 | 7:21 pm

Durante su programa televisivo semanal, el mandatario Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Justicia, Gerald Campos, cuestionaron este miércoles el fallo de un juez de Ejecución de la Pena de Limón, sobre el manejo de la cárcel en esa zona.

Chaves de paso aprovechó para cuestionar una vez más el rechazo de la Asamblea Legislativa a un proyecto de ley sobre cómo se la administran las sentencias de cárcel.

Sin embargo, tan solo una horas antes, el mismo mandatario ordenó a los diputados retirar del Congreso un proyecto de ley que pretende poner orden a las decisiones que toman tanto jueces como Adaptación Social y la administración penitenciaria.

Ayer 26 de noviembre, el propio Chaves Robles y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, firmaron el decreto ejecutivo n.º 4.4768-MP, en el cual se demanda retirar el proyecto de ley 24.019 "Ley de Ejecución de la Pena".

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo tienen el control de la agenda del Congreso hasta enero, por el periodo de sesiones extraordinarias.

De esta forma, paralelamente a criticar a un juez, el gobierno decidió congelar temporalmente el trámite de un proyecto, que fue elaborado por el Poder Judicial, para poner en orden las directrices que toman los jueces de Ejecución de la Pena y los encargados de los centros penales.

"Desde el Poder Judicial se han realizado esfuerzos para contar con una legislación en esta materia que responda a la realidad de la población penitenciaria actual del país y los altos índice de criminalidad, por ello se externa preocupación por el retiro del proyecto de ley número 24.019 según el decreto Ejecutivo número 44768–MP del 26 de noviembre 2024, remitido a la Asamblea Legislativa en fecha 26 de noviembre 2024.

El Proyecto permite crear el marco legal que regula el cumplimiento de las penas, actualmente muchos de los beneficios carcelarios, cambios de modalidad de custodia y regulaciones administrativas se encuentran sujetas a circulares e interpretación, con el proyecto se garantiza que estas actuaciones sean reguladas por ley, garantizando transparencia en las decisiones judiciales y administrativas", indicó la institución mediante un comunicado de prensa. 

Orden de juez

Adicionalmente, el Poder Judicial aclaró una serie de informaciones emanadas por el mandatario Chaves y el jerarca Gerald Campos. El Ministerio de Justicia había emitido una circular en la cual prohibía la distribución de ciertos productos dentro de la cárcel de Limón.

Ambos, durante la transmisión semanal del gobierno, aseguraron que una orden judicial decidió anular dicha prohibición y que les haría "perder el orden" en los centros penitenciarios.

Según informó el Poder Judicial, el juez lo que realmente hizo fue restablecer la posibilidad de vender mediante un comisariato (una pulpería interna), artículos de aseo personal, de higiene, medicamentos de venta libre, hielo, entre otros productos que Justicia decidió limitar, sin fundamentar la decisión en criterio técnicos. 

"Al resolver un incidente de queja presentado por personas privadas de libertad se razonó que la prohibición carecía de criterio técnico y por el contrario podía establecer a lo interno del centro desigualdades en el acceso de esos productos.

Sin criterio técnico alguno se limitó a la población de los privados de libertad acceso a varios artículos que no implican un riesgo para la salud o para la misma convivencia, además resultan contrarios a la proporcionalidad y violentan los derechos humanos.

De acuerdo con lo resuelto estas restricciones impuestas por la circular resultan desproporcionadas y no están fundamentadas, ya que no son congruentes, debido a que por un lado limita la comercialización dentro del centro penal de varios productos, y por otro lado no prohíbe el ingreso, ni la tenencia de los mismos por parte de la población privada de libertad, situación que podría generar a futuro un tipo de comercio, entre los privados de libertad, ya que eventualmente una parte de la población podría tener acceso a estos productos (vía encomienda o visita), y los pueden comenzar a comercializar, generando desigualdad de condiciones", indica el boletín. 

La restricción de productos impuesta por el gobierno y anulada por un juez, no tomó en cuenta las "condiciones particulares de cada centro y las necesidades básicas de los internos", como la adaptación a climas extremos, y por ende condiciona la estancia dentro del centro penal de cada persona sentenciada de manera digna, según el Poder Judicial.

Finalmente, pese a que el ministro Campos dijo que había denunciado al juez ante el órgano disciplinario del Poder Judicial, la Inspección Judicial confirmó que a las 4:45 p.m. de este miércoles aún no se había recibido ninguna queja.

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