Poder Judicial frena despido de funcionaria que autorizó pago a empresas de familiares
Fernando Cruz se apartó del voto y pidió la revocatoria del nombramiento
El caso se dio en Pérez Zeledón. Archivo CRH/Poder Judicial
(CRHoy.com) El Consejo Superior del Poder Judicial dio marcha atrás a una resolución de la Inspección Judicial y frenó el despido de una mujer que labora como Administradora de los Tribunales del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.
A la mujer se le investigó por autorizar el pago de 3 facturas, por repostería y tamales a una panadería a nombre de su madre.
También, autorizó la donación de carros (para vender como chatarra) a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa Ligia, integrada por 3 hermanos de la funcionaria. En total eran 10 vehículos tipo automóviles, 7 partes de vehículos (chasis, motores, dash, entre otros) y 16 motocicletas.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, se apartó de esa decisión y votó a favor de que se le revocara el nombramiento a la funcionaria por pérdida de confianza y calificó la falta como gravísima.
"Lo correcto era apartarse de autorizar dichos pagos y donaciones y realizar las consultas correspondientes a sus superiores, todo en aras de no violentar el principio de transparencia y probidad que deben caracterizar la ejecución de sus funciones. Al no hacerlo, los quebrantó y por eso, las faltas cometidas son gravísimas", consideró Cruz, según quedó contemplado en las actas del pasado 20 de mayo.
El magistrado se apartó de la mayoría y criticó la actuación de la funcionaria aunque no quedara demostrado que procedió dolosamente para obtener un beneficio económico propio o de sus familiares.
"Estas conductas son más reprochables aún, porque se trata de una servidora judicial que ocupa un cargo de jefatura que administra fondos públicos y por eso, su proceder no puede dar cabida a este tipo de cuestionamientos. Al tratarse de una servidora judicial que administra fondos públicos, el no haberse apartado de autorizar los pagos y las donaciones mencionadas, ocasionó la pérdida objetiva de la confianza que impide la continuación de la relación de empleo público", aseguró Cruz.
Fachada de los tribunales de Pérez Zeledón. (Archivo | CRHoy.com)
"No cabe duda, que este tipo de acciones son inaceptables desde todo punto de vista, pero tratándose de una funcionaria judicial que administra fondos públicos, el grado de reprochabilidad es mayor en razón el servicio que presta. Bajo ninguna tesitura se puede admitir la postura de imponer una sanción menor, tal y como se dispuso en el voto de mayoría, cabiendo entonces, únicamente la revocatoria del nombramiento".
El voto de la mayoría
Sin embargo el resto de miembros del Consejo Superior no estuvo del todo de acuerdo con Cruz, pues señalaron la falta como grave y rebajaron la sanción de despido a solo un mes de suspensión, sin goce de salario.
Según los miembros, la funcionaria no tomó "las previsiones necesarias para evitar que se contratara un servicio con un proveedor que no contaba con facturas timbradas, lo que genera una vulneración a procedimiento de contratación administrativa establecido en la institución".