Poder Judicial pide acelerar plan de extinción de dominio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, solicitó a los diputados acelerar el entrabado proyecto de ley de Extinción de Dominio, la cual establece mecanismos para evitar el financiamiento de las actividades criminales del narcotráfico y crea una jurisdicción que permitiría incautar bienes a particulares que no puedan demostrar su origen.

El jerarca del Poder Judicial aseguró que la iniciativa es necesaria para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y como requisito de ingreso a la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La más reciente solicitud Chinchilla la hizo a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, en la última reunión entre los presidentes de los Supremos Poderes.

Plan entrabado en Cuesta de Moras

Los nuevos diputados están disconformes con el texto actual  del proyecto de Extinción de Dominio y proponen que se  le introduzcan modificaciones que garanticen que la ley no violentará derechos constitucionales de los ciudadanos, debido a, la opinión de varios sectores,  sus alcances extralimitados.

Erwen Masís, jefe de fracción del PUSC, manifestó que los socialcristianos tienen dudas, por ejemplo, con el destino de los bienes incautados a las organizaciones criminales, por la complejidad de los procesos de remate. "No se trata de incautar por incautar", afirmó.

A su vez, tiene dudas acerca de que si la ley aplicaría sobre todos los bienes y por el hecho de que se invertiría la carga de prueba y el principio de inocencia, elementos que, en su criterio, podrían convertirse en vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de los liberacionistas calificó la iniciativa como absolutamente necesaria para desincentivar el narcotráfico y el lavado de dinero pero apunta a cambios para que no ocurran problemas de seguridad jurídica", advirtió.

Para el decomiso de bienes, el proyecto fija un procedimiento que consiste básicamente en lo siguiente:

• Quien acusa tendrá que demostrar que ese crecimiento en el patrimonio está relacionado con actividades ilícitas (no solo narcotráfico).
• La petición pasa por un juez de garantía, quien en teoría debe tener los elementos suficientes para valorar la probabilidad de que ese crecimiento sea ilícito.
• Se da un plazo para que la persona demuestre que si se le liga, por ejemplo, con el narcotráfico, no es así y que su crecimiento patrimonial está sustentado en actividades legales.

La iniciativa tiene aproximadamente 100 mociones que planteó el exlegislador Otto Guevara.