Poder Judicial ratificó separación de juez detenido por participar en banda de fraudes y lavado
Exjuez regresó a prisión la semana anterior
El Consejo Superior ratificó la decisión del Tribunal de la Inspección Judicial y acordó mantener la separación del exjuez Luis Alberto Venegas Marín, investigado y encarcelado por su aparente participación en una banda dedicada a fraudes registrales y legitimación de capitales, desarticulada en el caso Madre Patria.
La Inspección —órgano disciplinario del Poder Judicial— había resuelto en enero de este año revocar su nombramiento por la presunta vinculación con el grupo criminal. La resolución se tomó el 31 de enero del 2025, al considerar las imputaciones como una "falta gravísima".
El funcionario apeló esa determinación y la elevó ante el Consejo Superior —órgano administrativo superior del Poder Judicial—. Finalmente, esa instancia acordó declarar sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal.
De esta forma, volvió a declarar con lugar la causa disciplinaria seguida contra el funcionario, imponiéndole la sanción de separarlo del puesto a partir del 17 de octubre de 2025. Venegas recién cumplió un mes separado.
Paralelamente, se ordenó dejar constancia en su expediente personal de la falta cometida y la sanción impuesta, así como comunicarlo a la Dirección de Gestión Humana, la Inspección Judicial, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y el Tribunal Penal de Desamparados —donde él laboraba—.
Este acuerdo se tomó en la sesión 92-2025, celebrada el 9 de octubre de 2025, según consta en las actas revisadas por CR Hoy.
El juez fue castigado por "incorrecciones en la vida privada que afectan la imagen del Poder Judicial" y por "abandono injustificado de labores". La causa disciplinaria, número 24-002093-031-IJ, se inició el 4 de julio de 2024 tras su captura.
La investigación reveló que el juez mantenía relación con cabecillas de la banda investigada en el proceso penal 22-005018-0042-PE, conocido como caso Madre Patria.
Las movidas del juez
El expediente disciplinario detalla varios encuentros del juez con miembros de la red criminal. Por ejemplo, el 27 de octubre de 2023, a las 2:16 p.m., el juez ingresó al restaurante Crazy, en San Rafael de Alajuela, donde compartió mesa con otros dos investigados.
Una investigadora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) escuchó conversaciones sobre "pagar una carga", "dos cargas acumuladas", "nueve vehículos" valorados en un millón de dólares —uno de ellos un Volvo de $400.000—, salarios base de multa por estafa y propiedades en Alajuela y Santa Ana que "nadie puede saber".
También se mencionó la recolección de una firma y el robo del Banco Nacional, con comentarios de que "ellos se hubieran robado más". Este encuentro ocurrió durante su horario laboral, constituyendo abandono injustificado de labores.
El 4 de enero de 2024, a las 4:47 p.m., el juez se reunió con otra persona en su tienda Outlet Center, en San Rafael de Alajuela. Luego se desplazaron a su vivienda en Belén, Heredia, y posteriormente al Hotel AC Marriott, donde se reunió con dos sujetos más.
Investigadores judiciales escucharon alarde de propiedades —vivienda en condominio Málaga, casa en la playa, un Maserati— y propuestas para "hacer negocios" que le permitieran al juez "pensionarse más rápido".
Se discutió la compra de diésel para buses y camiones, inversiones de ₡20 millones, adquisición de rutas, compra de autobuses por $700.000 y la posible venta de derechos por $1,4 millones.
El juez habló de su negocio Outlet Center, la importación de cuatro contenedores mensuales de ropa desde Estados Unidos, hasta 540 pacas adquiridas en Shein, sus ganancias en diciembre y planes para abrir un nuevo local en Alajuela.
Asimismo mencionaron la compra de doce camiones y cureñas para mover caña y azúcar, y la adquisición de vehículos de lujo, incluyendo una Range Rover y un Toyota Supra GR.
Uno de los supuestos socios le ofreció dinero para que lo invirtiera, y se intercambiaron comentarios sobre pagos de $80.000 por un caso judicial de una finca del 2006. El juez también comentó: "hacen los allanamientos, un polvorín, y luego todos quedan sueltos", aludiendo al caso del "diablo".
El 23 de febrero de 2024, entre las 9:45 y las 11:05 a.m., el juez volvió a reunirse con los mismos sujetos en su tienda, nuevamente durante horario laboral.
El 25 de junio de 2024 se realizaron los allanamientos del caso Madre Patria, incluyendo su vivienda en Belén, donde fue detenido. El operativo fue uno de los más grandes en la historia judicial.
Entre las razones de su finiquito pesa que desde el 25 de junio hasta el 3 de julio de 2024, diversos medios de comunicación lo identificaron como juez penal del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados.
Las publicaciones lo vincularon con la organización criminal y lo señalaron como asesor y facilitador de la red mediante actividades comerciales, lo que provocó una "afectación a la imagen del Poder Judicial", según las autoridades disciplinarias.
La defensa de Venegas apeló la resolución alegando falta de fundamentación de la sanción, violación al debido proceso y derecho de defensa, y que no se le permitió tener patrocinio letrado en la audiencia. También argumentó que él no había podido estar presente.
El Consejo Superior rechazó los argumentos. Determinó que la resolución estaba debidamente fundamentada y que las actuaciones del juez generaron una "pérdida de confianza" y una "afectación gravísima a la imagen del Poder Judicial".
Sobre la ausencia de la abogada y del juez en la audiencia, concluyó que el certificado médico no fue avalado por autoridades competentes y que el propio Venegas abandonó voluntariamente la sala de videoconferencia.
La sanción de revocatoria se consideró proporcional y razonable, dada la gravedad de los hechos, su jerarquía y su deber de probidad. La destitución está vigente desde el 17 de octubre de 2025.
De nuevo a prisión
El exjuez regresó a prisión preventiva el pasado 14 de noviembre. El Tribunal Penal de San José acogió una apelación de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) y dejó sin efecto el arresto domiciliario otorgado en julio, por lo que ordenó el reingreso a celdas de 11 imputados, entre ellos el exfuncionario judicial.
Venegas se entregó voluntariamente luego de ser rastreado por la policía judicial. Según la causa penal, Venegas habría sostenido reuniones privadas en su vivienda con otro sospechoso para asesorarlo y redactar documentos vinculados con procesos judiciales de la banda.
La Fiscalía afirma que estas actuaciones violentan su deber de objetividad como juez y evidencian un presunto interés por favorecer al grupo liderado por los españoles Fernando Gómez González y Unaí León Muñoz.
Las pesquisas también lo vinculan con pactos para recibir sumas que, según escuchas telefónicas, oscilaban entre $300.000 y $500.000, correspondientes —presuntamente— a rendimientos de capitales ilícitos.
Por estos hechos, se le atribuyen legitimación de capitales (8 a 20 años de prisión), asociación ilícita (1 a 6 años) y falsedad en documento público (2 a 8 años para funcionarios).
Venegas trabajó durante más de 20 años en el Tribunal Penal de Desamparados. Para el OIJ y la Fiscalía, habría fungido como testaferro de la red, legitimando dinero mediante tiendas tipo outlet y sociedades anónimas inscritas a su nombre.
Las intervenciones telefónicas incluyen incluso una conversación en la que habría dicho a su madre que recibía efectivo de "gente de la calle". Las vigilancias documentan encuentros con los líderes españoles y movimientos bancarios sospechosos.
Los investigadores estiman que el exjuez acumuló un patrimonio cercano a los $8 millones, derivado de negocios y del presunto flujo ilícito. Administraba outlets, camiones de carga y adquirió vehículos de lujo, como dos Range Rover compradas en 2023, que la Fiscalía vincula con lavado de dinero.
El expediente detalla múltiples reuniones con miembros del grupo, incluidos supuestos testaferros y empresarios del sector autobusero.
En uno de los seguimientos, Venegas y Gómez acudieron juntos a una entidad bancaria para realizar depósitos de grandes sumas de efectivo. En otros encuentros se discutieron negocios de autobuses, inversiones millonarias y movimientos internos en el CTP.
Incluso, según los informes, Gómez le ofreció capital para invertir. Todo esto, afirma la Fiscalía, encaja con el rol de facilitador y legitimador que Venegas habría desempeñado en una estructura que cometía fraudes registrales contra propietarios ausentes, principalmente adultos mayores en el extranjero.