Por estos 6 casos canciller deberá dar cuentas este jueves

A partir del medio día de este jueves la vicepresidenta y canciller de la República, Epsy Campbell llegará a la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa a tratar de convencer a los diputados de que, sus nombramientos y decisiones a lo largo de estos primeros seis  meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior del país están apegadas a la legalidad.

Campbell llegará a Cuesta de Moras en medio de un clima de desaprobación y de molestia por sus actuaciones. En las últimas semanas la oposición ha comparado a la Casa Amarilla con "una piñata, un botín político y una bolsa de empleo de sus amigos"; comparativos que ella ha rechazado.

Los diputados quieren respuestas claras y prontas de Campbell, a quien incluso no le dieron tiempo de recuperarse del desajuste de horario de los últimos días, pues apenas este miércoles venía llegando al país de una gira por Italia, el Vaticano y España. La exigencia de que de explicaciones se debe al aumento de cuestionamientos alrededor de su gestión como canciller.

Los casos por los cuales Campbell ha sido cuestionada han sido dados a conocer a lo largo de estos meses de administración por CRHoy.

Nombramientos internos sin respaldo legal

El pasado 16 de julio este medio dio a conocer que Campbell nombró como directora de Política Exterior a Adriana Murillo, una diplomática de carrera que es consejera y a la exvicecanciller, Carolina Fernández, como directora alterna, esta última primera secretaria dentro del escalafón del Servicio Exterior.

Para estos puestos, el Estatuto del Servicio Exterior es claro que los funcionarios deben ostentar el rango de embajador.

Pero además, Campbell sostuvo en otros 5 cargos a funcionarios que también incumplen con este requisito y que fueron nombrados en el gobierno de Luis Guillermo Solís, período en el cual se dieron serios conflictos por designaciones y prácticas administrativas en la Cancillería.

La Canciller mantiene en sus cargos a Gina Guillén, actual directora de Protocolo y a Cyrus Alpízar, director adjunto de esta dirección. También a Lina Ajoy, directora de Servicio Exterior, a Sergio Vinocour, actual director adjunto de esa dependencia y a Carmen Claramunt Garro, directora alterna de Cooperación Internacional.

Al verse beneficiados por este ascenso ilegal, estos 7 funcionarios ven incrementados sus salarios base.

Concurso con polémicas condiciones

De igual manera, la canciller ha sido criticada luego de que aprobara un concurso de 33 puestos en el Servicio Exterior, en el cual pone “trabas” a los funcionarios para participar.

Las disposiciones de la canciller fue pedir que para este concurso solo puedan participar  los que tienen como mínimo dos años de servicio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y deja por fuera a los que tienen menos tiempo.

Si bien el artículo 22  del Estatuto del Servicio Exterior sí establece el mínimo de dos años de servicio dentro de la Cancillería para que los diplomáticos puedan volver a salir a otro país, señala que otros funcionarios con menor tiempo de haber regresado al país tras prestar servicio en el exterior puedan optar por los puestos en caso de que hubiere inopia (faltante) de funcionarios de carrera de su categoría para llenar una vacante, como es el caso.

El otro malestar  tiene que ver con que prohíbe a funcionarios en otros países optar por un traslado horizontal, es decir de un país a otro.

Estas dos mismas limitantes fueron establecidas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el pasado gobierno. Esto les permitió posteriormente, sacar un concurso público y no un concurso de oposición, como dice la ley y colocar en esos cargos a personas ajenas a la carrera diplomática, es decir hacer nombramientos políticos.

En este caso, Campbell  aseguró que las bases y los requisitos establecidos para participar en ese concurso se establecieron bajo recomendaciones de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior, la cual está compuesta por cuatro diplomáticos de carrera y tres funcionarios de la Cancillería.

Sin embargo, hay que mencionar que dicha comisión es solo un órgano asesor de la ministra que hace una recomendación, que, finalmente ella como jerarca debe aprobar. 

Pero además, la canciller responsabilizó a dicha comisión a pesar que desde el 28 de agosto mediante el memorándum DM-0410-2018 su jefe de despacho, Edwin Arias fue quien expresamente solicitó sacar a concurso esas plazas con los polémicos requisitos.

Plan para nombrar diplomáticos ad honorem

Campbell también recibió duras críticas incluso de los diplomáticos de carrera por un plan suyo de nombrar “diplomáticos ad honorem” alrededor del mundo. El Poder Ejecutivo busca designar personas ajenas a la carrera diplomática para que representen al país, pero sin gozar de un salario. Funcionarios de la carrera diplomática advirtieron de los posibles riesgos e irregularidades que podría conllevar este plan, ya que el gobierno no tendrá antecedentes de los seleccionados, así como de su comportamiento ético y moral.

También manifestaron su preocupación, pues en caso de una irregularidad, estas personas no tendrían ninguna responsabilidad jurídica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por este plan la Casa Presidencial se lavó las manos y dejó la decisión en manos de Campbell.

Plan para nombrar amiga y asesor del presidente en plaza de embajadores

 

A Campbell también se le cuestiona por su  intención de nombrar a su cercana amiga, Jeanneth Cooper, en una plaza de embajadora interna, a pesar de no cumplir con los requisitos.

.A Cooper se le buscaba trasladarla de la Presidencia a la Cancillería, luego de que en la casa de gobierno se le negara el pago del plus salarial de Dedicación Exclusiva. De haberse concretado su designación, Cooper se hubiera visto beneficiada con un aumento salarial de ₡421.950 más.

Por este hecho, la canciller solicitó un derecho de respuesta, sin embargo hasta este momento ella no ha enviado, como se le solicitó, su instrucción escrita por medio de la cual revocará el memorando previo con el que ordenó el ascenso de su amiga.

Otras de las supuestas irregularidades que han trascendido, es la intención de nombrar al asesor presidencial, Allan Solís Fonseca, en una plaza de embajador, pero sin abrir un concurso, dado que este tipo de plazas no son de confianza y no se está bajo ninguna de las excepciones del artículo 48 del Estatuto del Servicio Exterior, que son emergencia nacional, conveniencia nacional o inopia.

Por este caso la canciller defendió la idoneidad de Solís, diciendo que la dirección de Recursos Humanos de la Cancillería había dado un informe acerca de la idoneidad del funcionario, sin embargo, ese informe se basó en el manual de puestos de la institución y no en la ley.

Intento de callar funcionarios que denuncian irregularidades

A estos cuestionamientos se suma ahora la polémica directriz con la que en Cancillería  advirtió a sus funcionarios de amonestaciones, suspensiones sin goce de salario y hasta despidos sin responsabilidad patronal por otorgar información sobre presuntas irregularidades en embajadas y en el servicio interno en la Cancillería.

El pasado 1 de octubre la directora general de Servicio Exterior, Lina Ajoy, mandó la  circular DGSE-1949-2018 a los funcionarios en la que les lanzó la advertencia.

Además de la advertencia a los funcionarios mediante dicha circular, la Cancillería mandó a cerrar todos los chats internos de la institución por medio de la aplicación de WhatsApp. 

Junto con Campbell deberán también comparecer la directora jurídica de la Cancillería y la auditora de la institución, Natalia Córdoba y María Milagro Chaves, respectivamente.

Esta semana el presidente Carlos Alvarado dijo que veía oportuno que Campbell fuera a dar cuentas ante los diputados.

Alvarado señaló que en lo que respecta a los nombramientos hechos en las embajadas – que por orden Constitucional le corresponden a él-  está seguro de su apego a la legalidad, pero no dijo lo mismo de los hechos en el Servicio Interno de la Cancillería, que son donde hay más cuestionamientos. 

Alvarado dijo que los cuestionamientos entorno a los nombramientos y decisiones de la canciller están “sujetos al escrutinio público”.