¿Por qué el Poder Judicial negó un investigador a diputados que siguen cementazo?
"No debe participar en este tipo de investigaciones por el principio de división de Poderes del Estado"
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenía todo preparado para que una investigadora de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) colaborara con la investigación legislativa para aclarar el otorgamiento de millonarios créditos de la banca estatal, entre ellos el ligado al ‘cementazo’. Sin embargo, el Consejo Superior del Poder Judicial le dijo que no.
Walter Espinoza, director del OIJ, respondió afirmativamente a una solicitud hecha por la comisión legislativa que investiga el tema, que requirió un investigador para ayudar a “sistematizar los hechos, analizar las relaciones entre los presuntos implicados, detectar vacíos en información y sugerir líneas de investigación a los diputados”.
De esta forma, el jerarca de la policía solicitó el 6 de setiembre al Consejo Superior del Poder Judicial la autorización para que la investigadora María del Carmen Vargas Quesada colaborara con los diputados destacados en el abordaje.
En su petición, Espinoza requirió una licencia con goce salarial y sustitución (se debía nombrar una persona temporalmente) por espacio de casi 1 mes para Vargas, en caso de que se autorizara la colaboración con los legisladores.
Sin embargo, la petición fue rechazada casi de inmediato.
"No es posible acceder a lo solicitado, por cuanto el Poder Judicial no debe participar en este tipo de investigaciones por el principio de división de Poderes del Estado, en vista de las eventuales consecuencias que puede tener el resultado de este tipo de investigaciones", acordó el Consejo Superior.
El rechazo se dio en la sesión del 7 de setiembre, en la cual participó Carlos Chinchilla; presidente de la Corte Suprema de Justicia; los integrantes Milena Conejo Aguilar; Ramiro Arauz Montero; Carlos Montero Zúñiga y Gary Amador Badilla. También estuvo Ana Eugenia Romero Jenkins, quien es directora ejecutiva del Poder Judicial y a su vez es esposa de Luis Porfirio Sánchez, el magistrado que se inhibió de investigar a Celso Gamboa por su cercana amistad.
Extender comisión
En vista de las revelaciones obtenidas durante las distintas comparecencias, los diputados buscarán una segunda ampliación del plazo a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el presunto tráfico de influencias en el otorgamiento de 2 líneas de crédito por $30 millones por parte del Banco de Costa Rica (BCR) al importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Patricia Mora, quien representa al Frente Amplio (FA) en la comisión, dijo que pedirá la prórroga por la cantidad de audiencias que todavía es necesario realizar para aclarar las denuncias en torno al caso.
Indicó que es necesario extender las audiencias al menos hasta noviembre y que el informe final de la comisión debería entregarse a finales de ese mes.
El plenario aprobó el 18 de setiembre una primera prórroga a la comisión para que rinda su informe el próximo 25 de octubre.
Las audiencias están previstas por ahora hasta el 6 de octubre.
