¿Por qué la Procuraduría no reclamará indemnización contra Óscar Arias?
Abogado del Estado sí querelló a mandatario por firma de polémico decreto
La Procuraduría General de la República (PGR) consideró innecesario plantear una solicitud de acción civil resarcitoria (indemnización) contra Óscar Arias, expresidente de la República (1986-1990 y 2006-2010) por el caso Crucitas.
Este tipo de solicitudes aplican cuando el Estado considera que sufrió algún daño o perjuicio por acciones presuntamente indebidas de sus funcionarios. Para ese fin, estiman un monto económico a reclamar.
Arias fue acusado por la Fiscalía General de un presunto delito de prevaricato al firmar un decreto de conveniencia nacional en 2008 a favor del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos. La iniciativa era desarrollada por la empresa canadiense Infinito Gold Mining.
La acusación contra el exmandatario se firmó el pasado 21 de agosto. Así, la fiscalía otorgó un plazo de 13 días –a partir del día después a esa fecha- para presentar la querella y la acción civil.
Con ese panorama, la PGR decidió presentar solo la querella el pasado 5 de setiembre. De esta forma, se convirtieron en parte del proceso penal que podría elevarse a juicio.
¿Por qué no se planteó la acción civil resarcitoria? Según explicó la entidad, ésta será ejercida por otra vía. "La PGR no presentó acción civil resarcitoria dentro de esa causa debido a que el proceso de (Óscar) Arias Sánchez, está íntimamente relacionado al que se sigue contra otros imputados en el llamado caso Crucitas y sobre quienes no se instauró el reclamo civil en el proceso penal, para ser ejercida en otra vía", informó la institución.
Ahora, la Fiscalía General y la PGR esperarán que el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial fije una audiencia para la realización del juicio.
¿Acusación débil?
Rodolfo Brenes Vargas, abogado de Arias, interpretó la decisión de la CGR como una señal de que la acusación de la fiscalía es débil y no tiene los suficientes elementos probatorios para demostrar una eventual culpabilidad.
"Yo lo interpreto como una señal muy clara de que la PGR sabe que el caso contra don Óscar Arias es débil. Como saben que la acusación es débil, prefieren no demandar civilmente para no arriesgar al Estado a una condenatoria en costas o una indemnización.
"La realidad es que, cuando se cuestionó la legalidad de los decretos y los actos administrativos, la PGR defendió la legalidad de todo lo actuado. Sería un contrasentido y una cosa muy difícil de comprender que el abogado del Estado, que antes defendió que todo era legal, ahora venga y demande a don Óscar Arias, porque debió saber que sí era ilegal", expresó el representante del exmandatario.
El caso
Arias es investigado al decretar en 2008 el proyecto minero –impulsado por la empresa Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional.
Ante el limbo existente sobre el papel que tuvo en el caso, en setiembre del año pasado un juzgado penal solicitó determinar la situación jurídica del expresidente.
¿Por qué? Nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera ni por la declaratoria de conveniencia nacional de esa actividad.
De hecho, el anterior fiscal general Jorge Chavarría Guzmán lo separó de la causa que se siguió por este caso contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Arias y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional. Sin embargo, solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015.
Dicha sentencia fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.
El expresidente fue indagado el 8 de noviembre de 2017, donde insistió en su inocencia.
En 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Infinito Gold Mining –desarrolladora del proyecto- debido a irregularidades en el decreto de conveniencia nacional que dio pie a la iniciativa.
La reactivación del caso estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.