Por segunda vez en 5 años, Johnny Araya se enfrenta a posible sanción del PLN
Código de Ética verdiblanco establece suspensión en caso de que verdiblancos enfrenten ciertos procesos judiciales
Una acusación por el aparente delito de tráfico de influencias por parte del Ministerio Público puso contra las cuerdas al alcalde capitalino Johnny Araya, que no solo deberá enfrentar este caso a nivel judicial sino que también lo expone a una eventual sanción por parte del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN).
El Tribunal analizará el caso de Araya como parte de sus prioridades. El análisis se llevará a cabo después de que vean el caso de Óscar Arias y las acusaciones en su contra relacionadas con abusos y delitos sexuales, según confirmó a CRHoy su presidente Manuel Carballo.
"Claro que sí, se va a ver el caso de Johnny Araya", puntualizó al señalar que no podía adelantar mayores detalles por ser un tema sobre el cual deben resolver.
Esta será la segunda ocasión en que Araya se enfrente a un proceso ético dentro del Partido en los últimos cinco años.
La primera vez ocurrió en diciembre de 2014 cuando el Tribunal de Ética decidió suspenderlo por cuatro años de la agrupación, debido a su decisión de retirarse de la contienda electoral para la segunda vuelta de ese año. Esto terminó por servirle en bandeja la Presidencia de la República al representante de Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís.
Desde su fallida participación en las elecciones de 2014, Araya ha atravesado años convulsos a nivel político, que incluso lo llevaron a un breve paso por otra agrupación.
Tras verse sancionado por el Partido y por ende imposibilitado para participar de futuros procesos electorales, Araya decidió abandonar las filas verdiblancas y adherirse a Alianza por San José, para poder así optar por la alcaldía josefina.
Esta plataforma le permitió volver a la cabeza de la municipalidad de San José.
En 2017, y después de que el excandidato Antonio Álvarez oficializara sus intenciones de luchar por la Presidencia de la República, Araya logró regresar al PLN para ayudar en la contienda política, pero con poco éxito.
Mientras todo esto ocurría a nivel político, en el ámbito jurídico Araya enfrentaba una causa como imputado bajo expediente 12-00096-621-PE; sin embargo, por un presunto tráfico de influencias ocurrido entre el 25 de noviembre del 2015 y el 8 de enero del 2016, cuando Celso Gamboa Sánchez ocupó el puesto de subjefe del Ministerio Público, el nombre de Araya finalmente fue cambiado a denunciado.
Por este caso ahora se solicitó la acusación por parte del ministerio Público contra Araya, Gamboa y la exfiscal subrogante, Berenice Smith. En un informe enviado por la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en 2018, cuando se solicitó el levantamiento de la inmunidad de Gamboa Sánchez ya que era magistrado de la Sala Tercera, se indica que en este caso se valió del puesto para favorecer a Araya Monge.
"Implementó, en conjunto con otros funcionarios del Ministerio Público, una serie de gestiones encaminadas a eliminar toda referencia del señor Johnny Araya como imputado en la causa conocida en el expediente 12-00096-621-PE en el Sistema Informático de la Fiscalía de Probidad e incluso de la carátula del legajo antes mencionado", se indica en el documento de la Corte enviado a la Asamblea.
¿Qué dice el Código?
El Código de Ética del PLN establece claramente los criterios bajo los cuales un militante puede ser amonestado, suspendido o incluso expulsado de la agrupación.
El artículo 21 establece una suspensión temporal "de aplicación obligatoria" en los siguientes casos:
- Cuando exista requerimiento de citación a juicio por delito de peculado, malversación, defraudación fiscal, apropiación indebida, y cualquiera otro delito relacionado con la administración y manejo de bienes y fondos públicos.
- Cuando exista requerimiento de citación a juicio por delitos electorales y los que atenten contra la seguridad de la nación incluida la sedición.
- Cuando exista requerimiento de citación a juicio por delitos relacionados con el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes y la legitimación de capitales.
- Cuando se relacione a un liberacionista con una situación escandalosa, conocida de la opinión pública por divulgación de al menos tres medios de comunicación independientes entre sí.
Según la acusación de la Fiscalía, Araya es señalado por el presunto delito de tráfico de influencias, lo cual podría ser interpretado por el Tribunal de Ética como un señalamiento de "delito relacionado con la administración", establecido en el punto 1, y el señalamiento de "situación escandalosa" divulgada por al menos tres medios de comunicación, estipulado en l punto 4.
En diciembre de 2017, cuando acudió a las autoridades judiciales a rendir una declaración sobre el tema, Johnny Araya, aseguró que nunca pidió que se alterara ningún documento y rechazó el cargo porque el que se imputa.
"Lo que pedí fue que me certificaran que yo no estaba siendo indagado, yo no pedí que se alterara nada, pedí una cosa correcta, en términos de defender de mi imagen", dijo entonces.
