(CRHoy.com) -En los últimos meses, el Poder Ejecutivo y los exdiputados 2018-2022 aflojaron con el mecanismo de control del gasto público que la misma Asamblea Legislativa creó en 2018: la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

No solo llenaron la agenda con reformas a la ley para saltarse esa norma, sino que terminaron aprobando muchas de ellas.

Solo  en la última semana que fungieron como diputados, la pasada Asamblea Legislativa votó a favor de cuatro proyectos de ley para liberar de la aplicación de la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y  al Programa por Pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

También autorizó levantar la aplicación de la regla a los dineros provenientes de comisos y decomisos a bandas vinculadas al crimen organizado que hace el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Meses atrás, en febrero, el Congreso aprobó dejar sin efecto la norma para los recursos que recibe la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) del canon que paga la empresa APM Terminals por la concesión del muelle de Moín, en Limón.

El Ejecutivo, por su parte, liberó de la aplicación de la regla fiscal, en agosto de 2021, al Consejo Nacional de Producción (CNP) y a su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Ministerio de Educación Pública (MEP).

La lista de exoneraciones a la aplicación de la regla fiscal comenzó en 2020 cuando la Asamblea Legislativa permitió a las 82 municipalidades saltarse ese mecanismo de control del crecimiento del gasto.

Pero, además de las aprobaciones, en la corriente legislativa están todavía en curso otros proyectos de ley para que otras entidades o programas puedan zafarse de la norma. Estos tendrán que ser discutidos y votados por el nuevo Congreso.

Tres ejemplos de ello son un expediente para liberar de la regla a los entes públicos no estatales cuyo financiamiento no provenga de transferencias del presupuesto nacional, otro para exonerar a las federaciones municipales y uno para eximir al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

A favor y en contra

Las autorizaciones para liberar a varias entidades de la aplicación de la regla fiscal dividieron a los exdiputados. Algunos de ellos las justificaron y otros las llenaron de críticas.

El exlegislador Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), sostuvo que la norma se mantiene en los rubros más importantes de los presupuestos públicos, a pesar de las exoneraciones.

Explicó que las excepciones aprobadas se han hecho para entidades que tienen labores puntuales, como el ICD, Procomer y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

"La mayor parte de ese gasto es gasto de capital. No se trata de gasto corriente. Me parece que se justifica en la mayoría de los casos", dijo el liberacionista.

Sin embargo, abogó por mantener la norma y reformar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el objetivo de hacer una diferenciación para que la regla se mantenga sobre el gasto corriente, pero que no afecte la inversión en el desarrollo del país.

El exdiputado independiente Erick Rodríguez, por su parte, cuestionó la prisa con la que la Asamblea Legislativa aprobó exoneraciones a la regla fiscal y otros proyectos en los últimos meses.

"Esas jornadas extenuantes para cerrar, a doble jornada, y sacando proyectos como estos a la carrera, la prisa nunca es buena consejera. Muchas de esas leyes lo que hacen es entorpecer el progreso de los pueblos", manifestó Rodríguez en la última semana del Congreso.

El excongresista Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconoció que a la Asamblea Legislativa se le fue la mano aprobando proyectos para que varias entidades se puedan saltar la regla fiscal y que con ello aflojaron los mecanismos de control del gasto público.

"Es un relajo. Lo más importante de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el capítulo de empleo público que tiene dos componentes: el límite a los pluses salariales y la regla fiscal. Y ahora los mismos diputados deshacen la regla fiscal", opinó en su momento.

El socialcristiano aseguró que de la regla fiscal no va a quedar nada porque "esta fiesta va a seguir".

¿Qué es?

La regla fiscal consiste en una norma que le impone un límite al crecimiento al gasto público cada año, tanto al corriente como al de inversión, de acuerdo con el estado de la economía nacional y de la deuda pública.

La norma establece que cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65% del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de los últimos cuatro años.

El año pasado, Costa Rica estuvo en el escenario más limitado de la regla fiscal porque la deuda pública sobrepasó el 60% del PIB.