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Convención colectiva destapa pugnas “irreconciliables” entre Japdeva y sindicato

Pluses, estipulados en documento laboral, consumirían más de ₡4 mil millones de presupuesto en 2022

Por Pablo Rojas | 11 de Mar. 2022 | 1:02 pm

(CRHoy.com). Las diferencias entre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el sindicato Sintrajap, por el futuro de la convención colectiva, son, de momento, irreconciliables. Todo apunta a que será un juzgado de trabajo el que defina el rumbo del nuevo acuerdo laboral.

Los beneficios estipulados en la convención colectiva, vigente desde 2016, representan el 20% de gastos por salarios, en una planilla bajo reestructuración que actualmente ronda los 611 funcionarios (en 2019 eran 1.200).

Para este año, se proyectaba que el pago de pluses salariales consumiría un 27% del presupuesto institucional. Por ejemplo, a nivel institucional se proyectan gastos por más de ₡15.351 millones, de los cuales más de ₡4.119 millones corresponden a incentivos salariales estipulados en el acuerdo laboral.

Desde setiembre de 2021, ante discrepancias entre institución y sindicato, la junta se levantó de la mesa de diálogo con la agrupación gremial y se optó por elevar la negociación a un juzgado de trabajo.

Esta figura, denominada convención colectiva fracasada, está contemplada en el Código de Trabajo y en este caso sería la primera ocasión en que se aplique en Costa Rica.

"El tema quedará enrumbado en las próximas semanas. Será el juzgado el que lo defina. Ya los ordenamientos internos que debíamos hacer, antes de ir al juez, se hicieron o están avanzados. Eso permite al consejo director presentar el procedimiento ante el juez. Va a ser el primer procedimiento. Se utilizará con nosotros por primera vez", explicó Andrea Centeno Rodríguez, presidenta ejecutiva de la junta a CRHoy.com.

¿Qué es la figura de la convención colectiva fracasada? Es un mecanismo donde se justifica, ante un juez de trabajo, que el proceso normal de negociación del acuerdo laboral no fructificó y pasa por 2 etapas: una conciliación o un arbitraje. Eso se activa una vez que la administración manda un aviso al juzgado.

Cuando el caso llegue a manos de un juez entraría en vigor un reglamento de transición que regulará temporalmente los beneficios laborales, porque mientras se mantenga la pugna en los juzgados desaparece la convención actual y la norma habilitante.

Así las cosas, el reglamento transitorio regulará las relaciones entre la junta y los trabajadores con aspectos adicionales a los que ya existen en el Código de Trabajo. Incluso, este documento 'regulará' algunos beneficios y 'desaparecerá' otros, como lo perseguía la propuesta institucional que se presentó en la mesa de negociación con Sintrajap.

¿Cómo funcionan las etapas? Se entra primero a una etapa de conciliación, donde las partes se pueden poner de acuerdo. Si no hay acuerdo, se pasa a un arbitraje y será la decisión arbitral la que defina. Ahí hay distintos escenarios: que quede en firme la posición de una u otra parte. Dependiendo de esa definición, hay varios escenarios.

"En el momento en que Japdeva presente ante el juez la declaración de fracasada, la norma queda inhabilitada. Cualquier incentivo que no esté regulado por normativa interna, no se puede ejecutar. Eso significaría que, durante la conciliación o el arbitraje, a menos que un juez decida lo contrario, posteriormente si no le dan la razón a la Administración hay que pagar los incentivos en los meses que queden en la discusión.

"Y, si le da razón a la Administración, y la norma ya no está habilitada, si el incentivo no quedó normado y no es parte de los elementos de operación, fenece en adelante y no se puede reintegrar en ninguna otra negociación. Esto tiene que ver también con la ley 9635", apuntó Centeno, quien consideró que la convención colectiva actual "no corresponde a la realidad".

Para Sintrajap, el acuerdo laboral es una herramienta que "ayuda a mejorar la calidad de vida de los funcionarios y representa la posibilidad de mejoras socio-económicas como un derecho fundamental humano".

"Todo mundo tiene derecho a ganar por encima del mínimo y todo mundo trabaja para eso (…) Lo que ganamos nosotros, los trabajadores, que a veces estamos por encima del mínimo por Convención Colectiva, son pesetas en comparación al caso 'Cochinilla' o a la pifia de 80 metros que hubo aquí (en la TCM), que costó $80 millones. Eso es dinero. La gente, los trabajadores, lo que se gana son pesetas. Es un poquito más del mínimo (…) Ojalá todo mundo pudiera estar afiliado a un sindicato y se pudiera negociar una convención colectiva para mejoras económicas y sociales", dijo Antonio Wells, secretario general del sindicato, en el programa radial limonense Comentarios Al Día, el pasado 15 de febrero.

Wells puso como ejemplo el subsidio de comida que evita frenar la operación portuaria mientras los operarios se alimentan.

A 2 meses de concluir la gestión, la presidenta ejecutiva estima que antes del 8 de mayo se presentará el trámite ante el juez de trabajo. Será un tema que también deberá enfrentar la próxima Administración (2022-2026).

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