Presidente electo afronta 4 investigaciones en Fiscalía Anticorrupción

(CRHoy.com) El presidente electo Rodrigo Chaves Robles afronta cuatro investigaciones en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Las causas abiertas contra el sucesor de Carlos Alvarado Quesada en el poder, persiguen desde presunto incumplimiento de deberes, hasta aparente tráfico de influencias, de acuerdo con información dada por la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de CRHoy.com.

En el listado de pesquisas sobresale la tramitada bajo el expediente 22-000210-0276-PE, por el supuesto financiamiento irregular de su campaña.

Allí se investiga una presunta aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades políticas electorales, según la respuesta que brindó a este medio el departamento de comunicaciones. Ese delito se castiga con entre 2 y 6 años de cárcel, tal y como lo disponen el artículo 273 y siguientes del Código Electoral.

La causa fue abierta a raíz de una denuncia interpuesta por uno de los fundadores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), José Eduardo Vargas Rivera, el 8 de febrero pasado.

En ella -tal y como lo dio a conocer CRHoy.com el 29 de marzo anterior- también se persigue la aparente operación del fideicomiso estructura paralela -el fideicomiso Costa Rica Próspera- para cancelar gastos de la agrupación política, como por ejemplo, el alquiler y los servicios de la casa de campaña, así como mobiliarios, equipos, viáticos y transportes para la promoción del exdirector país del Banco Mundial (BM) para Indonesia y exministro de Hacienda.

Por este caso, desde que trascendió hace un mes, Chaves Robles ha dicho en entrevistas, debates y comunicados que el mecanismo de financiamiento fue cerrado antes de que iniciara la campaña electoral oficialmente y que los siguientes pagos eran compromisos adquiridos por la administración.

Otro de los casos seguidos, el 21-000055-0621-PE, contra el próximo mandatario se remonta a su corta gestión en la actual administración, entre el 26 de noviembre de 2019 y el 28 de mayo de 2020.

Una víctima de la supuesta estafa del grupo Aldesa, le atribuyó a Chaves Robles -así como sus dos antecesores, Helio Fallas Villegas y Rocío Aguilar Montoya- presuntamente no haber denunciado una aparente retención de impuestos cobrados a inversionistas de la empresa entre 2017 y 2019.

Por ese caso, el ahora presidente electo afirmó el 21 de setiembre de 2021 al sitio de noticias AmeliaRueda.com que nunca fue informado al respecto por la Dirección General de Tributación (DGT).

El supuesto incumplimiento de deberes achacado al líder de Progreso Social Democrático se castiga con entre 1 y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, estipula el artículo 339 del Código Penal.

Por ese mismo ilícito Chaves Robles figura como sospechoso en la causa 22-001949-0042-PE, sobre la cual, este medio mantiene en trámite una serie de consultas ante la oficina de prensa del órgano acusador del Estado.

Misma situación ocurre en la expediente 22-000210-0276-PE, en la que al futuro gobernador se le investiga por presunto tráfico de influencias. Ese ilícito se castiga con entre 2 y 5 años de prisión, reza el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Evolución por fuero

Los expedientes en cuestión avanzan en la fase de recolección y análisis de indicios, que es privada para terceros, según el artículo 295 del Código Procesal Penal. El despacho descartó que, al 22 de marzo anterior, se le hubiera tomado la declaración indagatoria -es decir, que se le haya puesto en conocimiento del delito por el que se le investiga, así como de la prueba que existe en su contra- a Rodrigo Chaves Robles.

Estas pesquisas se desarrollan en la vía ordinaria; situación que cambiaría a partir del 8 de mayo próximo, cuando asuma la Presidencia de la República, siempre y cuando no sean resueltas antes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Consultado por CRHoy.com, el abogado penalista José Luis Campos Vargas, recordó que la Constitución Política dota de una inmunidad a quien ocupe la primera magistratura del país. Chaves Robles se sentará en la silla presidencial hasta dentro de 35 días, por lo que los casos en su contra podrán continuar el trámite normal.

Pero tan pronto el economista se ponga la banda, todas las causas en su contra deberán pasar a la Fiscalía General, mientras que la tramitación de los procesos penales estará a cargo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso, si el Ministerio Público encontrara elementos suficientes para enjuiciar al mandatario de turno, primero deberá remitir la acusación a la Corte Plena, para que esta la conozca y determine si procede o no remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que podrá aprobar o rechazar el levantamiento del fuero especial. De autorizarlo, entonces el gobernante afrontará un debate oral ante los cinco magistrados de la Sala Tercera.