Prensa nacional condena mordaza de fiscal general, Warner Molina

(CRHoy.com).- Sorprendidos y preocupados, así se mostraron varios directores de medios de comunicación nacionales al conocer la directriz de Warner Molina, el fiscal general a.i. de no brindar información a la prensa sobre investigaciones judiciales.

El caso lo dio a conocer CRHoy.com este lunes, luego de que Molina se negara a confirmar si contra el diputado Jonathan Prendas hay algún expediente abierto. El fiscal indicó que con base en el artículo 295 del Código Procesal Penal no confirmará o descartará la existencia de denuncias contra cualquier persona, incluyendo a miembros de los Supremos Poderes. 

Randall Rivera, director de Noticias Monumental dijo que es "un ataque más del derecho al acceso a la información pública" del Poder Judicial.

"En las últimas 3 semanas hemos visto varios ataques. Quedamos advertidos ya que hay 3 órganos del Poder Judicial que no están de acuerdo en que la prensa informe o que tenga acceso a información: la Defensa Pública que recientemente le pidió al Juzgado de Ejecución de la Pena una seria de medidas violatorias al acceso de información pública, la Judicatura con la resolución de la jueza Mayra Acevedo y ahora el fiscal general interino que es la cabeza del Ministerio Público", afirmó.

El comunicador dijo que, Molina debería entender que lo privado son los detalles de la investigación y el contenido del expediente, pero la existencia de las denuncias no es información privada.

"No solo son públicos, sino que es deseable que sean públicos. El origen del acceso a la información pública es que los ciudadanos -no la prensa- podamos fiscalizar todas las actuaciones de los funcionarios públicos y habrá que recordarle al fiscal general interino que él es un funcionario público", recalcó.

Por su parte, Jerry Alfaro, director de Noticias Repretel se mostró sorprendido, en vista de que la prensa siempre ha tenido claro que no se pueden dar a conocer detalles de las investigaciones que competen a las partes en un proceso judicial.

"Sí hay información que la población debe recibir, en el sentido de confirmar las investigaciones que estén en proceso, independientemente del puesto o la circunstancia que rodee a la persona involucrada en el proceso judicial. Este tipo de decisiones atentan contra el ejercicio profesional del periodismo, el principio sagrado -y así cubierto por convenciones internacionales- de la libertad de expresión, de prensa. Creo que es un antecedente muy peligroso si el Ministerio Público se escuda en sus decisiones internas sin conocer a fondo la legislación tanto nacional como internacionalmente protege a la libertad de prensa", manifestó Alfaro.

Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com fue clara en señalar que "pareciera que hemos vuelto a las nefastas épocas de Jorge Chavarría, que engavetaba investigaciones, silenciaba a la prensa y favorecía a sus amigos. La corte y los diputados deben prestar atención".

Iary Gómez, dueña de Diario Extra señaló que para muchos funcionarios públicos "todo es ofensa".

"Cada día más todos los funcionarios están casi en contra de la prensa. Me parece que están ignorando el artículo 11 de nuestra Constitución Política donde dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Ellos deben rendir las cuentas de lo que están haciendo y cada vez esta gente que está llegando a puestos públicos tienen una epidermis tan rasgada que todo es ofensa y se les olvida que tienen que contestarle a la prensa porque somos el medio para poder comunicarle a la población lo que está sucediendo", explicó.

Belisario Solano, presidente del Colegio de Periodistas y Raúl Silesky, director del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), afirmaron que la postura de Molina afecta la labor de la prensa, y es de preocupación en especial cuando se trata de casos contra funcionarios de los Poderes Supremos.

Además, los diputados Franggi Nicolás, Erick Rodríguez y Dragos Donalescu calificaron la decisión de Molina como peligrosa y contradictoria, en términos de transparencia y anticorrupción.