Presidencia firma ley que bloquea señal celular en centros penales
La legislación que permite bloquear la señal celular en los centros penitenciarios del país quedó en firme.
El presidente de la República Carlos Alvarado firmó este jueves esta nueva ley que obligará a las operadoras telefónicas y a proveedores de servicios de telecomunicaciones a realizar el bloqueo con la intención de frenar las estafas telefónicas y otros delitos que se planean desde los centros penales.
Las empresas deberán adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios.
Incluye a las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional.
La ley fue aprobada en segundo debate en el Congreso el pasado 31 de julio. El plan se aprobó mediante una reforma a la ley 9597, Ley General de Telecomunicaciones.
El presidente aseguró que esta nueva ley aportará a los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana.
La ley establece eso sí, que se debe garantizar que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a esos centros.
Esa era la principal preocupación de varios diputados y del sector privado y por la cual se oponían al proyecto, pues se pensaba en la afectación que se podría generar en los alrededores y para los vecinos y comercios de la Reforma y San Sebastián, principalmente.
Por su parte, desde el Poder Judicial la fiscal Emilia Navas apelaba a su pronta aprobación.
En 2009 se implementaron dispositivos para bloquear la señal celular dentro de las prisiones. Pero, en ese entonces, solo servía para dispositivos del sistema GSM y los reclusos continuaban utilizando teléfonos que usaban el extinto sistema TDMA.
El uso de estos dispositivos celulares dentro de las cárceles se ha asociado históricamente con otros delitos como hurtos y estafas gestadas desde adentro.
Las autoridades penitenciarias decomisan, en promedio, casi 1.00 0 celulares por año. Entre el 2001 y el 2015 fueron más de 12.200 aparatos. No obstante, en virtud de la facilidad para comprar y conseguir estos dispositivos la cifra iría en aumento.
