Presidencia mintió: Agencia de Protección de datos nunca fue consultada sobre creación de la UPAD
Alvarado declaró en su decreto el interés público sobre la operación de UPAD, y con dicha categoría podían tener acceso a cualquier información
(CRHoy.com) El viernes anterior, en entrevista con CRHoy.com, Alejandro Madrigal, asesor de Carlos Alvarado en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), afirmó que durante el proceso de estructuración de esa oficina se consultó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes -Prodhab- y que esta agencia siempre dio visto bueno y que "felicitaron" al Presidente por tal iniciativa.
[samba-videos id='b74773872642b05d7baa1d3c7fabb96f' lead='false']
Sin embargo, este lunes a primera hora, la directora de Prodhab Elizabeth Mora respondió a una consulta hecha por CRHoy.com sobre este tema y desmintió la aseveración de Madrigal. Mora aseguró que nunca fueron consultados al respecto y que más bien se enteraron de la existencia de dicha oficina cuando CRHoy.com dio a conocer el decreto y la creación de la Unidad.
"La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) no fue consultada sobre la estructuración de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos…", confirmó Mora, quien sostuvo este lunes una reunión en Casa Presidencial para conocer en que condiciones fue desarrollada la plataforma.
Madrigal ha sostenido a lo largo de estos días que todo el proceso de formulación de los alcances operativos de la UPAD fue transparente y que no se hizo pública la existencia de la Unidad previo a la publicación del decreto porque no se podía "informar sobre algo que no existía", pese a que tenían más de año y medio trabajando.
CRHoy.com dio a conocer en exclusiva el viernes anterior que Carlos Alvarado firmó un decreto en octubre del 2019 para la creación de la UPAD, dándoles potestad en el artículo 7 de ese documento para que accedieran a información confidencial cuando así lo requirieran.
Además en el artículo 10, declara de interés público la función de UPAD, en ese carácter, ellos podrían tener en su poder cualquier información de ciudadanos costarricenses, con la excepción de casos que vincularan secreto de Estado.
Producto de los inmediatos cuestionamientos en contra del gobierno, el presidente dio la orden de derogar el decreto y su inminente operación.