Presidente de la Corte presenta recurso ante Hacienda para frenar recorte de ₡23.722 millones
Rodrigo Chaves y Orlando Aguirre Firma de Ley contra el Crimen Organizado Foto Julieth Méndez
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, presentó un recurso de revocatoria, con nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar ante el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves: una acción legal busca frenar de manera inmediata un recorte presupuestario unilateral de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta del año.
Como medida cautelar provisionalísima en sede administrativa, el jerarca judicial solicitó suspender de forma inmediata los efectos y la aplicación de esta instrucción de recorte, ordenada mediante un oficio firmado por Chaves.
Con ello se pretende evitar su inclusión en el proyecto de ley del II Presupuesto Extraordinario que será remitido al Congreso, así como impedir el congelamiento de recursos o afectaciones a la liquidez y a los giros del Poder Judicial.
Las pretensiones concretas del recurso consisten en acoger las causales de nulidad planteadas por la Corte, mantener la propuesta original y que el único rebajo presupuestario aplicable sea el propuesto inicialmente por el Poder Judicial, por ₡13.221 millones.
Asimismo, se solicita que se envíe a la Asamblea Legislativa únicamente la propuesta presupuestaria original de la Corte, respetando sus términos y revocando el oficio emitido por Hacienda.
En caso de que el Ministerio de Hacienda rechace los argumentos del recurso y mantenga la diferencia de criterio, el presidente de la Corte solicitó expresamente que se tenga por planteado el conflicto constitucional establecido en el artículo 177 de la Constitución Política y que sea remitido a la presidenta Laura Fernández para su resolución.
Rodrigo Chaves y Orlando Aguirre, presidentes de la República y el Poder Judicial (CRH)
Pugna técnica y legal
La pugna entre ambas instituciones radica en la metodología utilizada y en el impacto real de los recortes. Hacienda justifica la reducción mediante un modelo econométrico que proyecta una supuesta "holgura" o subejecución presupuestaria. Sin embargo, el Poder Judicial califica esa holgura como una "construcción teórica" desapegada de la realidad.
De hecho, los informes técnicos de la Corte revelan que, de las 85 subpartidas seleccionadas para el recorte, 56 presentan un saldo disponible inferior al monto que se pretende rebajar, lo que acumula una insuficiencia real de aproximadamente ₡17.258,2 millones.
Además, existe un esfuerzo fiscal previo que, según la Corte, fue ignorado. El Poder Judicial señala que ya había realizado un esfuerzo de contención responsable por un total de ₡13.221 millones. No obstante, el nuevo acto de Hacienda desconoce ese esfuerzo y pretende superponer un recorte adicional que elevaría la reducción total del presupuesto del Poder Judicial a ₡35.330 millones.
Mientras Hacienda aplica una "cascada de prioridades" matemática, el Poder Judicial advierte que el recorte paralizaría partidas operativas críticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los programas de atención a víctimas y testigos, lo que comprometería la seguridad nacional y el acceso a la justicia en un momento de alta demanda ciudadana.
El recurso interpuesto por el presidente de la Corte se fundamenta en 10 vicios de nulidad absoluta del oficio de Hacienda:
- Arbitrariedad del monto (quantum): Inexistencia de una memoria de cálculo o justificación técnica que explique por qué se exige al Poder Judicial asumir exactamente esa proporción del ajuste.
- Inexistencia de motivo: El modelo asume erróneamente que la menor ejecución a mitad de año predice una incapacidad de ejecución a diciembre, ignorando compromisos contractuales correspondientes al segundo semestre.
- Motivación insuficiente y desactualizada: Uso de una fecha de corte al 30 de junio de 2026 que no refleja las contrataciones y obligaciones en curso.
- Contravención de la técnica, la conveniencia y la lógica: El modelo estadístico admite un margen de error de entre el 13 % y el 14 % por subpartida, pero, aun así, impone un recorte con cifras exactas.
- Violación de los principios de proporcionalidad y equidad: Mientras el presupuesto nacional creció un 4,9 % para otros ministerios, el del Poder Judicial apenas aumentó un 0,2 % en 2026, por lo que un recorte del 5 % resultaría desproporcionado.
- Afectación ilegítima de recursos de terceros: el recorte pretende incluir al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el cual se financia con contribuciones de los trabajadores y es administrado exclusivamente por la JUNAFO.
- Desviación de poder: Se subordina la seguridad pública y la persecución penal a cargo del OIJ a metas de caja fiscal.
- Violación del debido proceso presupuestario: el oficio fue emitido de forma unilateral por el ministro, prescindiendo del trámite constitucional correspondiente.
- Violación de la independencia presupuestaria: Se vulnera el artículo 177 de la Constitución Política, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial.
- Sesgo en las premisas fácticas: El propio modelo de Hacienda reconoce subestimaciones sistemáticas que habrían inflado artificialmente la supuesta "holgura".
Esta misma tarde, la Corte autorizó a Orlando Aguirre a emprender todas las acciones legales y administrativas necesarias para frenar el recorte, que, según advirtió el Poder Judicial, causaría estragos en la contención de los homicidios y en los operativos contra el crimen organizado.