El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, argumentó este lunes que los informes enviados por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sobre violaciones cometidas por tres diputados al deber de probidad con respecto al cementazo,  se archivaron por su carácter confidencial.

Se trata de los expedientes sobre los congresistas Otto Guevara, del Movimiento Libertario, el independiente Víctor Morales Zapata y Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El legislador reconoció que el Directorio Legislativo acordó archivar los expedientes porque la misma Procuraduría los envió en sobres sellados a cada uno de los 57 congresistas y les advirtió que no podían ser divulgados.

Por esa misma razón, según explicó, no podían incorporarlos al expediente de la comisión especial que investigó el cementazo porque, de hacerlo, se harían públicos.

También indicó que la Asamblea Legislativa no podía tomar medidas con respecto a los diputados porque carece de un régimen sancionatorio y que así se le indicó a la Procuraduría.

"El Directorio Legislativo se vio imposibilitado de divulgar el documento por la advertencia hecha por la Procuraduría en cuanto a la confidencialidad del documento, que eventualmente formaría parte expediente", reiteró.

Sin embargo, la legisladora Patricia Mora, del Frente Amplio y quien formó parte de la comisión investigadora, calificó como "arbitraria y grave" la decisión tomada por el Directorio.

"El Presidente del Primer Poder de la República (y quienes lo acompañan en el Directorio) decidió de manera arbitraria enviar ese pronunciamiento al edificio de archivos que la Asamblea tiene en Los Yoses, sin darlo a conocer a los diputados (…) ¿Qué es lo que quisieron ocultarle a la ciudadanía?", manifestó.

La Procuraduría de la Ética Pública elaboró el informe tras acoger una recomendación hecha por la comisión que investigó el otorgamiento de créditos de $30 millones a Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva, para importar cemento desde China y el tráfico de influencias en torno a su negocio.

Expedientes

Los informes son los siguientes:

• Expediente DEP-118-2017. Contra diputado Víctor Morales Zapata. Hechos: al funcionario se le acusa de incurrir en un presunto tráfico de influencia por una supuesta llamada efectuada a Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, relacionada con posibles pagos atrasados de facturas que la CNE adeudaba a Bolaños o al grupo de empresas por él representado, por trabajos realizados para esa institución. Procurador a cargo de expediente: Lissy Dorado Vargas.
• Expediente DEP-134-2017. Contra: diputado Johnny Leiva, diputado Otto Guevara Guth,y la entonces presidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) Paola Mora. Hechos: A los funcionarios Leiva, Guevara y Mora se les acusa de violentar el ordenamiento de la ética pública, por viajar presuntamente en aeronaves de propiedad de Bolaños, conforme lo declaró Roberto Arguedas, expiloto de la empresa. Procurador a cargo del expediente: Tatiana Gutiérrez Delgado.
• Cabe destacar que aún permanecen en investigación otros expedientes, como el DEP-137-2017, donde se indaga a Morales Zapata y a Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, por el intercambio de mensajes y correos electrónicos sobre la tramitación de acciones para 'resolver' el desalmacenaje del cemento propiedad de Bolaños.