Presidente del Congreso: Millonario pago de extras a huelguistas es “doble injusticia”

(CRHoy.com).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagó ¢1.995 millones en horas extra en los tres meses siguientes a la huelga que se extendió durante un mes el año pasado. Los empleados que devengaron ese dinero fueron los mismos que paralizaron las labores en protesta contra el plan fiscal y a quienes no se les rebajaron sus salarios.

Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, el pago de las extras constituyó una "doble injusticia" cometida en contra de los asegurados de la Caja.

"El personal que trabaja en servicios de medicina en los hospitales saben desde que entraron que la huelga en esos servicios está prohibida de acuerdo con los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo. De manera que dejar de laborar en esos servicios es ilegal de manera manifiesta.

"Y, entonces, cuando esas personas dejan de trabajar, no deberían de percibir su salario. Y digo que es una doble injusticia porque no solo les pagaron (el salario) a pesar de estar en huelga como se puede leer de la sentencia de hoy (de este jueves, en la que se declaró ilegal la huelga de agosto pasado en la Caja) del Juzgado de Trabajo, sino que, además, salieron favorecidos con el pago de horas extra.

"Los costarricenses pagamos el doble por un servicio a destiempo que ocasionó daños en algunas ocasiones muy graves en la salud de muchas personas", lamentó el jerarca del Poder Legislativo.

Benavides es el proponente del proyecto de Ley que brinda seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, el cual ya fue aprobado en primer debate y se encuentra en análisis de constitucionalidad en la Sala IV durante un mes.

El jerarca también lamentó que los asegurados que dejaron de recibir los servicios no fueran indemnizados, o que las personas que vinieron desde lejos para asistir a una cita médica perdieran los recursos que invirtieron en transporte, alimentación y hospedaje.

"Otros no podrán recuperar su salud en la forma como lo hubieran hecho si hubieran sido atendidos en el momento oportuno. Esto es realmente inaceptable", zanjó.

Críticas

Otros congresistas también mostraron su indignación con el pago de salarios y de horas extra a los empleados de la Caja que paralizaron labores entre setiembre y octubre del año pasado y que volvieron a irse a huelga durante una semana en agosto de este año, en reclamo por las nuevas disposiciones acerca de las remuneraciones que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Silvia Hernández, jefa de fracción de Liberación Nacional, lamentó que los ¢1.995 millones que se gastaron en el pago de extras para las personas que paralizaron labores el año pasado no se hubieran invertido en en otras necesidades de la institución, como la compra de equipos y la modernización de infraestructura, o el fortalecimiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o de las pensiones del Régimen no Contributivo, o para acortar las listas de espera.

"La situación específica en la Caja Costarricense de Seguro Social, entendida como la cantidad de recurso humano de la institución y las especialidades requeridas para la atención de los y las aseguradas, no deja más opción que pagar las horas extra a las mismas personas que estuvieron en huelga para poder subsanar la afectación que tuvo la misma, afectación que es lamentable pero que inevitablemente hay que subsanar", declaró.

Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó distinto. Para la legisladora oficialista se justifica el pago de horas extra tal y como lo hizo el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, para atender y regularizar la atención médica que sufrieron los estragos que causó la huelga.

"Peor sería no seguir con los programas que se ejecutan para seguir reduciendo las listas de espera, que se ven afectadas por estos movimientos. Sin embargo, espero que la declaratoria de ilegalidad de esa huelga quede en firme para que se pueda proceder con el mecanismo de rebajo del salario", concluyó.

La solución

Carlos Ricardo Benavides afirmó que la cura para que la Caja y otras instituciones públicas no tengan que incurrir en gastos adicionales como el pago de horas extra para recuperar el tiempo perdido en huelgas es el proyecto de Ley que brinda seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

Lo primero que cambiaría con esa iniciativa, dijo el presidente del Directorio Legislativo, es que quedaría aún más claro que las huelgas en servicios hospitalarios serán prohibidas.

El segundo elemento que aportaría seguridad jurídica es la redacción del nuevo artículo 375 bis del Código de Trabajo que estipulará que si un trabajador de un servicio esencial, a pesar de la prohibición, se va a huelga, el patrono podrá pedir a un juez, dentro las siguientes 24 horas, que le ordene a esa persona que regrese a su puesto de inmediato. Si los huelguistas desacataran la orden, podrían ser despedidas.

El tercer cambio a la normativa laboral es el que aclararía que las personas que paralicen labores es servicios esenciales no recibirán salario y si este se les pagara debido el sistema salarial del Estado no permite una suspensión del pago tan expedita, siempre se les rebajará lo que corresponda en la quincena siguiente.

El proyecto de ley en consulta ante los magistrados constitucionalistas prohíbe la huelga política, obliga a los sindicatos a emitir un aviso de huelga al patrono cinco días antes de que inicien el movimiento, la cual se debe copiar al Ministerio de Trabajo. La nota deberá indicar cuáles serán los centros de trabajo afectados.

Además, respecto del rebajo retroactivo del salario cuando un movimiento es declarado ilegal, la nueva propuesta indica que correrá a partir del momento en que el patrono hace la solicitud de la declaratoria.