“Presiones”: Welmer Ramos vincula a exprocuradora con caso por el que lo investigan

(CRHoy.com) El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, aseguró que cuando fue ministro de Economía, Industria y Comercio (Meic), recibió recomendaciones directas por parte de la exprocuradora general Ana Lorena Brenes, a fin de buscar la manera de anular una sanción de ¢12 mil millones en contra Credomatic S.A. Según Ramos, Brenes le dijo que -de no eliminar la sanción- el presupuesto del Meic se vería afectado ante una posible contrademanda de la empresa.

Ramos ordenó en 2015 eliminar el voto de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) que imponía un castigo récord, de ¢12 mil millones contra la firma bancaria por supuestas prácticas monopólicas con tarjetas de crédito en comercios.

Por tales hechos, la Fiscalía General de la República, con aprobación de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, investiga ahora al congresista por el delito de prevaricato (Cuando un funcionario público ejecuta resoluciones contrarias a la ley para favorecer a un tercero).

¿Pero, cuáles son los puntos en que se basa este proceso de investigación?

A Credomatic se le penalizó porque, según una investigación de Coprocom entre los años 2004 y 2009, había miles de contratos con clientes comerciales, a quienes les pedían exclusividad a cambio de comisiones.  Es decir, los negocios  que usaran los productos de la empresa, recibirían un porcentaje económico de vuelta como retribución, lo cual fue considerado, según la ley de Coprocom, como falta grave a la sana competencia frente a otras entidades que estaban en el mercado.

Ramos reconoce haber procedido con la anulación del proceso sancionatorio contra la entidad bancaria, e insiste en que lo hizo utilizando el criterio de la Procuradoría General de la República. Sin embargo, según documentación en poder de CRHoy.com, fue el mismo Ramos quien buscó que la PGR emitiera tal resolución con carácter vinculante.

Así consta en el oficio C-27-2015, del 19 de febrero de ese año, en el que la PGR responde a un oficio enviado por Ramos, como titular del MEIC, para que dicho órgano indicara, si se podía o no anular el voto de la Coprocom en relación a la sanción millonaria contra Credomatic.

Interpretó mal la ley para anulación

Para fines de invalidación de la punición administrativa, la Procuradoría General de la República concluyó en el criterio vinculante, que se debía aplicar el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública, cuyo contenido expresa que la Administración podría revocar un acto de penalización. 

-->Artículo 183.-
1. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos.
2. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará sujeta al plazo de caducidad y podrá ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República. Ref. por Ley 8508 de 28 de abril de 2006.
3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Ref. por Ley 8508 de 28 de abril de 2006.[/accordionx]

Sin embargo, Ramos no tomó en cuenta que, al hablar de "la administración", la Ley de Administración Pública hacía referencia directa al ente que investigó y castigó, ese caso, es decir la Coprocom, como órgano instructor del proceso de contra Credomatic, y no el Meic.

 

Alrededor de cuatro meses después de la consulta que hizo como ministro, Ramos emitió el informe número DM012-2015 del 31 marzo de ese año, en el que resolvía la nulidad del dictamen hecho por la Comisión de Promoción de la Competencia contra Credomatic.

De momento, el Ministerio Público solamente investiga a Ramos por estos hechos, e incluso, ya hizo una diligencia de secuestro de documentos de las actas de la Coprocom -dentro del edificio del Meic-. Así, las autoridades estarían recolectando todas las informaciones relacionadas con la participación de Ramos en los procesos posteriores a que la Coprocom emitiera el fallo de castigo contra la firma financiera, pues antes de él, quien era titular del Meic era Mayi Antillón.