Privada de libertad sufre inmovilización de un dedo tras paliza en cárcel de mujeres

(CRHoy.com) Una privada de libertad que descuenta una pena de más de tres años por robo agravado sufrió la inmovilización de uno de sus dedos producto de una paliza que recibió a manos de otras reclusas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, en Desamparados.

La mujer -cuya identidad será reservada en este artículo- sufrió algunas heridas por arma blanca y múltiples golpes durante un ataque que tuvo lugar el pasado de 2 mayo, según se describe en una resolución emitida tres días más tarde por la Sala Constitucional, de la cual CRHoy.com tiene copia.

Allí se dio curso a un hábeas corpus -figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad- formulado por una tercera en contra del Ministerio de Justicia y Paz (MJP). La gestión fue declarada con lugar por unanimidad mediante la sentencia 2023011381 del 16 de mayo, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal.

Un resumen incluido apunta que la agresión se dio a eso de las 7:50 a.m., cuando la tutelada permanecía en el dormitorio 2 del ámbito B-6 del penal. Se detalla que la mujer fue atacada por dos reas de apellidos Segura Núñez y Robinson Lezama.

"Ellas pertenecen a ámbito de mayor contención que se encuentra separado por un portón que se mantiene con llave, pero que ellas evadieron la seguridad y lograron con golpes y amenazas quitarle las llaves a la oficial de turno (identificada únicamente como ‘María'), abrir el mencionado portón y cometer el agravio", se lee en la síntesis del hábeas corpus efectuada por el presidente de la Sala, Fernando Castillo Víquez.

Durante la paliza, la privada sufrió una herida punzante en el dedo del centro (comúnmente denominado "corazón") de su mano izquierda. El arma utilizada en el ataque alcanzó a traspasar el miembro de un lado a otro, lo que le causa "inmovilidad", de acuerdo con el documento.

El 5 de mayo anterior, la víctima de 25 años de edad fue remitida al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde se le practicó una valoración por orden de la Sala.

A los tres días, el doctor Pablo Navarro Villalobos emitió el dictamen 20223-0003427 -también en poder de este medio- en el que se indica que tal lesión se dio en la cara anterior de la articulación interfalángica proximal del dedo y que mide 0,2 centímetros de largo por 0,1 de ancho. La misma presenta una salida en la cara dorsal.

Dicho criterio agrega que el dedo estaba "aumentado de volumen, con dolor a la movilización y limitación funcional".

La tutelada además presentaba cuatro excoriaciones (raspones) con grano cerca de los senos (dos en cada lado), así como otras tres en la mano derecha (una de estas le provocaba dolor al mover el anular). De igual manera, tenía una equimosis (moretón) en el abdomen.

"Esta usuaria presenta contusiones simples compatibles con un cuerpo y objeto que actúa por presión, percusión y/o deslizamiento en las mamas, las dos manos y el abdomen, así como una herida punzante en el tercer dedo izquierdo. Dichos mecanismos de trauma se encuentran descritos en la Historia Médico Legal narrada", concluye el dictamen en cuestión.

La resolución del Alto Tribunal añade que el auxilio de los oficiales de la Policía Penitenciaria tardó en llegar entre 5 y 10 minutos.

También se menciona que, días antes, la privada puso en conocimiento de las autoridades de la cárcel que había recibido amenazas a través de las paredes, por parte de las reas que finalmente la agredieron. Se puntualiza a su vez la ausencia de un abordaje y de un protocolo de seguridad ante el escenario alertado.

El recurso abona que en lo que va del año "se han dado muchas inconsistencias en relación con la seguridad de las privadas de libertad en el centro penal recurrido"; y que, a pesar de que los hechos se dieron en la mañana, no fue sino hasta las 5:00 p.m. que la agraviada fue trasladada a la Clínica Marcial Fallas Díaz, en Desamparados, donde no se le pudieron suturar varias las heridas, en vista de la hora.

Todo lo antes expuesto ocurrió en detrimento de la integridad física de la tutelada, por lo que se pretende que el hábeas corpus sea acogido.

Por los hechos citados, la Sala condenó al Estado por los daños y perjuicios provocados, al tiempo que ordenó a la directora general del Curling Rivera, Kathia Góngora Meza, así como a la jefa policial, Karla Abarca León, tomas las medidas "necesarias, idóneas y efectivas" para garantizar la integridad física y vida de la tutelada.