Procuraduría analiza denuncia contra Ministro y Presidente por nombramiento de abogado
Presidente de tribunal advirtió falta de experiencia de Berny Vargas Mejías para asumir cargo
Rodolfo Méndez Mata, titular del MOPT, junto a Carlos Alvarado, presidente de la República, en una inspección realizada en 2018. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) acogió para análisis una denuncia planteada por presuntas faltas cometidas por Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, en el nombramiento de Berny Vargas Mejías como juez del Tribunal Administrativo de Transporte (TAT).
La queja fue planteada el 21 de octubre y el día 27, Viviana Herrera Pereza, abogada de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró mediante el oficio PEP-OFI-618-2021 que estudiaban el caso para establecer el mérito de la denuncia y "diligenciarla como corresponde".
El 5 de octubre, el ministro Méndez Mata, con el aval del presidente Alvarado, hizo la designación de Vargas.
Acto seguido, el 15 de octubre, la División Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) remitió un oficio a Ronald Muñoz, presidente del TAT, para gestionar la publicación del nombramiento de Vargas en el diario oficial La Gaceta. Con ese acto, la designación adquiriría firmeza.
¿Qué ocurrió? La discrepancia surge debido a que 3 días después, el 18 de octubre, Muñoz advirtió al ministro Méndez que no completaría el trámite en razón de que Vargas no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo.
Según el jerarca del TAT, el abogado no cuenta con experiencia en materia de transporte público ni tampoco posee los 3 años de bagaje en la tramitación y resolución de asuntos de carácter jurídico-administrativo en materia de Derecho Público.
Las diferencias no quedaron ahí. El 25 de octubre, Muñoz remitió un nuevo oficio al ministro en el que le recuerda que está "imposibilitado" para cumplir con la publicación en La Gaceta en virtud de las falencias señaladas.
Foto: Archivo
Vargas Mejía es el director jurídico del MOPT desde el 16 de febrero de 2019 y desde el 4 de abril de ese mismo año ocupa un puesto en el consejo de administración del Conavi. Además, fue asesor jurídico del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) durante la Administración Solís Rivera (2014-2018).
Por labores asociadas a su paso en el IMAS, enfrentó en 2 ocasiones un juicio por el presunto delito de falso testimonio en una declaración ante la Sala Constitucional. No obstante, resultó absuelto.
El nombramiento de Vargas es por 6 años y el salario mensual por ejercer funciones como juez del TAT asciende a los ₡3 millones.
El tribunal está paralizado debido a que únicamente posee 2 miembros propietarios designados, pero requieren 3 personas (aunque sea 1 suplente) para sesionar. El suplente que fungió en los meses recientes fue Carlos Rivas, asesor legal del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), a quien ya se le venció el nombramiento.
El TAT es un órgano de desconcentración máxima del MOPT con personería jurídica instrumental. Se encarga de tramitar casos judiciales planteados por prestatarios de servicios transporte remunerado de personas, cuyas quejas sean interpuestas contra actos o resoluciones del Consejo de Transporte Público (CTP).
Desde hace 2 semanas, este medio solicitó explicaciones al ministro Méndez Mata a través una consulta remitida a través de la oficina de prensa de la cartera. También, se cuestionó al abogado Vargas mediante mensajes de texto y correos electrónicos. A este 5 de noviembre no ha habido respuesta.