(CRHoy.com) -La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) eximió al entonces presidente Luis Guillermo Solís de faltar al deber de probidad por el caso del cementazo sin investigarlo.

Así lo sostienen diputados de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que se constituyó para investigar la resolución de la PEP y el procedimiento que siguió para notificarla al Congreso, en el informe afirmativo de mayoría aprobado este lunes.

Según el informe, la Procuraduría no hizo ninguna indagación adicional, a pesar de los documentos que el Congreso le remitió sobre la investigación del caso del cemento chino hecha por la comisión legislativa, en la administración anterior, que concluyó que Solís sí faltó al deber de probidad. Y a pesar de ello, en su resolución, la PEP lo absolvió.

"Simplemente les pareció 'impertinente' pedir información por considerar que ello sería una 'repetición'. Nos parece que la respuesta es claramente evasiva. A la Procuraduría no se le
cuestiona si pidió información que ya constaba en el expediente legislativo (lo cual hubiera sido
ocioso), lo que se le cuestiona es no haber buscado mayor información para poder establecer si las faltas al deber de probidad acusadas por los legisladores existían. Ese era el trabajo diligente que se esperaba de la PEP en un asunto de la importancia social que estaban indagando", indica el informe.

La única diligencia adicional que hizo la Procuraduría fue entrevistar a dos funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Pero no llamó a personas que declararon durante la investigación de la Asamblea Legislativa para que aclararan o añadieran información relevante y ni siquiera tuvo la intención de entrevistar al exmandatario.

"A esta comisión le parece pobre el esfuerzo desplegado por la PEP para ir más allá de los hallazgos o documentos que le fueron remitidos. Se trataba de que hiciera un esfuerzo por validar o descartar las hipótesis planteadas, lo cual claramente no entró a hacer", señala el documento.

De acuerdo con el informe, no es de recibo que la Procuraduría de la Ética no haya investigado elementos que permitieran esclarecer el rol del expresidente Solís, quien inclusive fue referido después de su comparecencia como "Big Chief" por parte de varios funcionarios de la Administración, las visitas de Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino, a Casa Presidencial y los resultados obtenidos en su favor, las situaciones acontecidas en el Banco de Costa Rica (BCR) y cualquier otra prueba que respondiera directamente a la responsabilidad o involucramiento del exmandatario.

5 conclusiones sin investigar

Según el informe, la PEP dejó sin investigar 5 de las 7 conclusiones a las que llegó la comisión investigadora del cementazo.

Las 7 conclusiones fueron las siguientes:

1. La Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del BCR para que nombraran a Mario Barrenechea como Gerente General del Banco. Barrenechea jugó un papel fundamental en el otorgamiento irregular del crédito de $30 millones a Bolaños para la importación del cemento chino.
2. A pesar de que la Dirección de Inteligencia de Seguridad (DIS) tenía un perfil de Bolaños, su jerarca, Mariano Figueres, incumplió sus deberes de cuido de Solís y conoció que se le otorgaron numerosas reuniones al importador en la Presidencia de la República sin hacer advertencia alguna.
3. La Casa Presidencial nunca encontró razones para llamar a cuentas y aplicar sanciones, cuando correspondía hacerlo, a los entonces directivos del BCR, a pesar de la abundante evidencia existente, entre ellas dos resoluciones de la Procuraduría de la Ética en relación con Paola Mora y el gerente del banco, Mario Barrenechea, en las que recomendaba sanciones. El Consejo de Gobierno decidió ignorarlas y ordenar su archivo.
4. Bolaños fue recibido 7 veces en Casa Presidencial, en el marco de las gestiones relacionadas con sus negocios en varias instituciones del Estado.
5. Contrario a lo afirmado por Solís, en su comparecencia ante la comisión investigadora del cementazo, las gestiones de Bolaños que motivaron sus visitas a la Casa Presidencial fueron exitosas.
6. Solís presionó, por medio del entonces viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y/o el entonces diputado Víctor Morales Zapata a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Bolaños.
7. La Presidencia de la República presionó al órgano de Reglamentación Técnica del MEIC para que emitieran criterio al siguiente día hábil (como efectivamente ocurrió) para poder sacar a consulta pública las reformas al Reglamento, que permitieron la importación del cemento.

Por ello, esa comisión legislativa concluyó que el exgobernante faltó al deber de probidad, estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Según el informe de la comisión que investigó la resolución de la PEP, este órgano escogió solamente las últimas 2 conclusiones para investigar y dejó de lado las primeras 5.

Los procuradores a cargo de la investigación, en audiencias ante esa comisión, argumentaron que las visitas de Bolaños fueron a Casa Presidencial y no directamente a Solís, motivo suficiente para no investigarlo a él.

"Esta ligereza en el trato de las conclusiones nos resulta altamente censurable", señala el informe.

El documento incluso indica que, de acuerdo con información periodística revelada por CRHoy en marzo de este año, la expresidenta del BCR Mónica Segnini dejó en evidencia los contactos y la eventual participación de funcionarios de la Presidencia de la República para beneficiar a Bolaños.

Y, además, Solís mostró total displicencia cuando Segnini lo alertó sobre las irregularidades que estaban ocurriendo con el crédito otorgado al importador del cemento chino.

Inconsistencias en la notificación

De acuerdo con el dictamen de mayoría afirmativo aprobado por la comisión investigadora, la Procuraduría de la Ética Pública incurrió en inconsistencias al notificar la resolución que eximió a Solís de faltar al deber de probidad por el caso del cementazo, y que no pudo ser apelado por los anteriores y los nuevos legisladores.

En primer lugar, se elaboró en un tiempo récord y los procuradores a cargo no pudieron dar explicaciones contundentes del porqué, ni tampoco de las razones por las cuales se notificó a la Asamblea Legislativa el viernes 27 de abril de 2018, cuando los anteriores diputados prácticamente dejaban sus oficinas y los nuevos congresistas apenas se acomodaban.

"Las constantes contradicciones e imprecisiones por parte de una persona que alega tener vasta experiencia en estos temas deja en entredicho cuál fue la verdadera intención de la Procuraduría de la Ética Pública al notificar el 27 de abril del 2018 a una Asamblea Legislativa que ya no podía apelar una resolución que fue producto de su investigación", indica el informe.

La comisión señala que la PEP elaboró la resolución en un tiempo récord, pero no ha hecho lo mismo con otras siete denuncias aún pendientes derivadas del informe de la comisión investigadora del cementazo.

Estas son contra el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, la expresidenta del BCR Paola Mora Tumminelli, el exgerente del banco, Mario Barrenechea, el exministro de Economía y ahora diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Welmer Ramos, y los exdirectivos del BCR Gustavo Arias, Ronald Solís y Víctor Hugo Carranza.

La comisión determinó que existe un vacío en la forma correcta en la que la Procuraduría debería notificar sus resoluciones al Congreso.

"Es preocupante que el órgano que vela por el cumplimiento de las normas éticas y por la transparencia en la función pública, carezca de los mecanismos idóneos que permitan la comunicación a las partes interesadas, denunciadas o involucradas en tan sensibles investigaciones que se realizan. Asimismo, llama la atención que el ente que se procura transparencia y probidad en las actuaciones de los funcionarios públicos, no sea capaz de generar los mecanismos necesarios para brindar un servicio con las condiciones que exige la ley y que, además, como órgano es el encargado de sancionar", dice el informe.

Por otra parte, la notificación se hizo en la oficina del director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, y no en la Secretaría del Directorio Legislativo.

A pesar de ello, pudo ser vista por el Directorio Legislativo el lunes 30 de abril de 2018, un día antes que asumieran funciones los nuevos diputados.

La resolución de la Procuraduría llegó al Congreso sin dos folios y de ello no se percataron sino entre el 8 y 10 de mayo cuando se procedió a fotocopiarla para entregarla.

Además, fue entregada en un sobre sellado con la leyenda de confidencial, pero, de acuerdo con los diputados, no era confidencial por tratarse de una resolución y no de un informe. La leyenda tampoco permitió saber a la persona que recibió el documento su contenido ni el plazo de tres días para ser apelada por los legisladores.

"La forma de entrega de la resolución a una oficina del Parlamento que no es la destinataria, sin indicaciones sobre plazos perentorios, o siquiera una idea general del contenido del oficio de remisión, denota una gran irresponsabilidad por parte de la Procuraduría de la Ética en el mejor de los casos", señala el informe de la comisión investigadora.

Y agrega: "Ahora bien, si a lo anterior se le agrega la imprudencia en las fechas de notificación, justo cuando se está ante el cierre de la legislatura y período constitucional, así como el inicio del siguiente; no se puede pensar otra cosa que la notificación fue hecha adrede en esos días, con el objetivo de que ni los diputados salientes, ni los entrantes, pudieran conocer y resolver sobre una eventual apelación".

La investigación concluyó que el martes 1 de mayo de 2018 y el miércoles 2 era imposible para los nuevos congresistas conocer la resolución por las ceremonias propias de esos dos días en el Congreso, como tampoco se podía hacer el jueves 3 de mayo y el lunes 7 de mayo porque, por disposición reglamentaria, el Plenario Legislativo solo pueden analizar el informe de labores presidencial.

Cuando se descubrió que a la resolución le faltaban dos folios, la entonces presidenta de la Asamblea, Carolina Hidalgo, solicitó el 21 de mayo a la Procuraduría que la enviara completa. La resolución fue entregada un día después, pero no fue distribuida a los diputados sino hasta el 28 de mayo.

La resolución de la Procuraduría no pudo ser apelada porque los plazos vencieron tanto en la primera como en la segunda entrega.

Por eso, la comisión investigadora pidió a la PEP reabrir la investigación contra Solís y al Ministerio Público solicitó que se le investigué a él y al mandatario Carlos Alvarado por la destitución de la Junta Directiva del BCR.