Procuraduría planteó querella de acción pública por caso Crucitas
No se planteó indemnización para "ejercerlo en otra vía"
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una querella de acción pública contra Óscar Arias, expresidente en los períodos 1986-1990 y 2006-2010, por el denominado caso Crucitas.
Arias figura como imputado por 2 presuntos delitos de prevaricato al aparentemente avalar de manera irregular un decreto de conveniencia nacional para beneficiar el proyecto minero que pretendía desarrollar la empresa canadiense Infinito Gold Mining en Crucitas de Cutris, San Carlos.
La PGR fue la primera parte en exponer sus argumentos en la audiencia preliminar que inició el jueves anterior.
Según confirmó la entidad, también se interpuso una querella contra Tatiana Cruz Ramírez, Jorge Boza, José Rafael Corrales y Eduardo Lezama, quien para la fecha de los hechos eran miembros de la comisión plenaria de Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Una misma medida se aplicó para Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía (2006-2010); Cinthia Cavallini, jefa del registro minero; y contra Sonia Espinoza, también funcionaria de Setena.
"En la audiencia preliminar que se está llevando a cabo, el juez realiza un análisis de la acusación del Ministerio Público y de las querellas, con el fin de examinar si los elementos que existen son suficientes para determinar -con el grado de probabilidad- la eventual responsabilidad de los imputados y elevar la causa a juicio", apuntó la PGR, mediante un correo electrónico.
Al igual que en setiembre anterior, la entidad confirmó que no se presentó una acción civil resarcitoria (pedido de indemnización) por este caso para ser ejercida en otra vía.
"La PGR no presentó acción civil resarcitoria dentro de esa causa debido a que el proceso de Arias Sánchez está íntimamente relacionado al que se sigue contra otros imputados en el llamado caso Crucitas y sobre quienes no se instauró el reclamo civil en el proceso penal, para ser ejercida en otra vía", señaló la PGR el 12 de setiembre.
Fiscalía pedirá juicio
El Ministerio Público confirmó el jueves que solicitará apertura a juicio por el caso. Por ejemplo, contra el expresidente plantearon 2 posibles delitos de prevaricato.
Ante ello, los abogados del exmandatario han insistido en que no existen los suficientes elementos de prueba para conseguir que se eleve el caso a juicio.
La reactivación del caso en noviembre de 2017 estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.
En 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Infinito Gold Mining –desarrolladora del proyecto- debido a irregularidades en el decreto de conveniencia nacional que dio pie a la iniciativa.
La audiencia preliminar fue suspendida entre lunes y martes de esta semana debido a que un defensor público –que representa a Cavallini- sufrió una caída que obligó su incapacidad.