Promesas quedan en el papel: gobiernos crearon 17 mil plazas en 8 años

(CRHoy.com) A pesar de que los últimos gobiernos han prometido no engrosar la planilla del Estado e incluso estamparon sus firmas en sendas directrices para congelar la creación de nuevas plazas, lo cierto es que entre 2011 y 2018, solo el gobierno central vio engordarse su tamaño en 17.781 nuevos funcionarios.

Así, las promesas por contribuir a una reducción en materia de gastos – o al menos no crecer- se han quedado prácticamente en el papel.

Los 17.781 funcionarios corresponden a un aumento de un 14,3%. Según la más reciente memoria anual de la Contraloría General de la República, corresponde a "plazas aprobadas para los presupuestos del Gobierno Central"; es decir, se tramitan año con año junto a los planes de gastos.

Según esos números esto implica más de 2 mil nuevas plazas generadas cada año. La Contraloría achaca a este crecimiento una gran responsabilidad en el aumento en gasto de remuneraciones e incentivos, según reza el documento en las páginas 147 y 148:

Además del crecimiento inercial de los incentivos salariales, el egreso por remuneraciones es afectado por el número de plazas en el sector público y por los ajustes por costo de la vida. A manera de ejemplo, si se considera la cantidad de plazas aprobadas para los presupuestos del Gobierno Central se tiene que ha habido un crecimiento promedio del 1,9% en el periodo 2012-2018.

Los periodos donde hubo mayores variaciones fueron entre los años 2012 y 2014, correspondiente al cierre de la administración Chinchilla e inicio del gobierno de Solís,  y posteriormente entre el año 2016 y 2017, donde se registró una variación de 2,8%.

Precisamente ambas administraciones firmaron directrices con el el objetivo de reducir los gastos y congelar la creación de nuevas plazas. El 3 de diciembre de 2012 la administración Chinchilla Miranda emitió la directriz 040-H, que en resumidas cuentas establecía que no se crearían nuevas plazas en el sector público, "solo en el caso de plazas de insoslayable necesidad". Esa directriz también autorizaba vender activos ociosos y reducir presupuestos, con el objetivo de atender la difícil situación fiscal del país.

El 14 de julio de 2014, la nueva Administración Solís Rivera emitió la directriz 009 derogando la anterior de Chinchilla, para modificarla en cuanto a su contenido, pero también manteniendo en congelamiento de plazas, reducción de gastos presupuestarios en rubros como viajes y alquileres, entre otros.

Estas son solo dos de las directrices emitidas a más alto nivel de un total de al menos seis que se han firmado desde 2011 para supuestamente reducir o congelar plazas, de acuerdo a una recopilación realizada por el Órgano Contralor en otro documento: el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público 2017.

El problema es que esto tiene su peso económico, en donde el gasto por salarios crece sin parar.

Las cifras coinciden con la discusión que ya empieza a calentar a nivel político sobre una reforma al empleo público, que se espera se desarrolle este año a nivel legislativo.

De acuerdo con la Contraloría, esta es una reforma necesaria para "contener el desequilibrio en los sistemas remunerativos del sector público, que extiendan y profundizan algunas de las medidas implementadas para atender esa situación… Esta Contraloría reitera que es pertinente atender las deficiencias estructurales por medio de una reforma integral al empleo púbico que es fundamental para una adecuada gestión pública".

Eso sí, en la Asamblea Legislativa están claros en que la discusión no implicará recortes.

"No estamos discutiendo mandar a nadie a la casa, lo que se discute es que la compensación sea razonable, idónea optima, inteligente", dijo.

La jefa de fracción socialcristiana, María Inés Solís coincide, pero aclara que el Estado no debe ser un empleador.

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La esperanza es que esta nueva reforma venga a complementar los cambios que ya se aplicaron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, aprobada en diciembre pasado, y que entre otras cosas pone topes a incentivos como anualidades y dedicación exclusiva, así como en materia salarial, aún y cuando existen sectores como las universidades estatales que se niegan a ser incluidas entre las entidades afectadas por la reforma.