Proponen ampliar escuchas telefónicas en investigaciones por corrupción
José María Villalta, diputado del Frente Amplio. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -Un proyecto de ley busca ampliar las escuchas telefónicas en investigaciones por delitos de corrupción en la función pública.
La iniciativa -impulsada por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA)- consiste en una reforma al artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones.
Según Villalta, la legislación actual solo permite el secuestro y registro de documentos en sede penal y solo autoriza la intervención de las comunicaciones por delitos especialmente graves y algunos de ellos en su modalidad o tipificación agravada que en todo caso deben estar expresamente señalados en la ley.
"Dentro de ese supuesto de principio, hay entonces un ámbito o un espacio de discrecionalidad en que la legislación podría moverse, ampliando los supuestos, siempre dentro del ámbito de los límites de la garantía constitucional. Tal definición es un asunto de política legislativa en ejercicio de las potestades del Primer Poder de la República", explicó el legislador.
Por ello, la iniciativa busca permitir de manera regulada el registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones cuando se investigan los delitos de corrupción de cohecho impropio, cohecho propio, aceptación de dádivas por un acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.
También por los delitos sexuales contra personas menores de edad, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos.
"La trama de relaciones político-empresariales recientemente reveladas en nuestro país y que implican tanto a empresarios y al Poder Ejecutivo como a diputados y dirigentes de varios partidos políticos e instituciones públicas, como el Banco de Costa Rica y al Poder Judicial, que ahora muestran señales de injerencias indebidas y posible comisión de delitos de corrupción, dan prueba de la inminente necesidad de reforzar las herramientas legales en el combate contra la corrupción, incluyendo los llamados delitos de corrupción de funcionarios públicos", amplió Villalta.