Proponen dar más poder a ciudadanos para destituir alcaldes
(CRHoy.com) -La diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó un proyecto de ley con el fin de fortalecer la participación ciudadana para revocar el mandato de alcaldes y vicealcaldes.
La legisladora explicó que la ley ya contempla la figura del plebiscito revocatorio. Sin embargo, dijo que en la práctica este proceso tiene una una serie de obstáculos que, lejos de incentivar un control activo para la ciudadanía, crea barreras políticas que limitan seriamente el espíritu de la legislación.
"Durante los últimos años, la práctica ha demostrado diversas deficiencias en los procesos revocatorios, que alejan a la ciudadanía de la posibilidad real de ejercer dicho mecanismo de democracia directa de forma efectiva. Son normas que no se ajustan a la justicia del sistema democrático costarricense", sostuvo.
Según las reglas actuales del artículo 19 del Código Municipal, solo el Concejo Municipal puede convocar a un plebiscito revocatorio. Para ello, se requiere que la moción que solicita el mecanismo sea aprobada por tres cuartas partes de las regidurías. No hay posibilidades de que la ciudadanía solicite el mecanismo directamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Además, para que la destitución sea efectiva los votos a favor deben sumar más de dos tercios de los válidamente emitidos y no ser inferiores al 10% del total de los electores del padrón.
El proyecto de la diputada propone lo siguiente:
• Reducir el umbral para presentar la moción de proceso revocatorio y que, con solo la firma de un regidor, sea posible discutirla. Se mantiene el umbral actual para la aprobación de la moción.
• Habilitar la posibilidad de que la ciudadanía solicite el inicio de proceso revocatorio. Para ello, deben recolectar el 5% de las firmas del padrón electoral del cantón correspondiente.
• Para destituir a un alcalde, se requerirá mayoría simple de votos. Los votos a favor no podrán ser menos que la cantidad obtenida por esa alcaldía cuando fue electa.
• Se traslada la potestad de reglamentar y organizar los plebiscitos al TSE.