Propuesta busca actualizar Código Penal para reforzar combate al abuso sexual infantil en entornos digitales
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende reformar el Código Penal para fortalecer la protección de las personas menores de edad frente a los delitos relacionados con el material de abuso y explotación sexual infantil.
La iniciativa propone sustituir el término "pornografía infantil" por expresiones como "material de abuso sexual infantil" o "material de explotación sexual infantil", al considerar que el concepto actual es impreciso, trivializa la gravedad del delito y puede implicar erróneamente una idea de consentimiento o legitimidad.
Para ello, la propuesta plantea una reforma puntual a los artículos 173, 173 bis y 174 del Código Penal.
Según la justificación del proyecto, el cambio responde a las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat, por sus siglas en inglés), contenidas en las Directrices de Luxemburgo, así como a las obligaciones asumidas por Costa Rica en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
Los proponentes advierten que la legislación vigente presenta vacíos frente al desarrollo tecnológico y las nuevas modalidades de abuso sexual en línea, como la producción, tenencia, difusión y comercialización de este tipo de material mediante plataformas digitales.
La iniciativa también busca evitar la revictimización de los menores de edad mediante el uso de una terminología más adecuada y coherente con un enfoque de derechos humanos, que reconozca a niños, niñas y adolescentes como titulares plenos de derechos.
Finalmente, el proyecto plantea que la reforma permitirá cerrar vacíos legales, fortalecer el marco penal frente a la explotación sexual infantil y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a quienes participen en la producción, posesión o difusión de este tipo de material.
"El uso del término 'pornografía infantil' trivializa la gravedad del delito y genera una falsa idea de consentimiento, cuando en realidad se trata siempre de material que documenta un abuso sexual. La legislación costarricense quedó rezagada frente al avance tecnológico y las nuevas formas de agresión sexual contra personas menores de edad. El crecimiento de los delitos sexuales en entornos digitales evidencia vacíos legales que debilitan la protección de la niñez", señala el texto.
Cifras alarmantes
El proyecto señala que en Costa Rica se ha detectado un crecimiento sostenido de los delitos informáticos vinculados al abuso sexual infantil. Entre 2019 y el primer trimestre de 2022, el Ministerio Público recibió 824 denuncias por estos hechos, y se estima que un 20% del material se produce dentro del país, mientras que el 80% restante corresponde a víctimas en el extranjero.
Además, se recuerda que en 2017 se desarticuló una red que operaba como una falsa agencia de modelos y que dejó al menos 26 personas menores de edad víctimas entre 2009 y 2017, así como que en 2025 un operativo de ciberpatrullaje permitió detener a un costarricense sospechoso de tenencia y difusión de este material.
"Adecuar la terminología legal es una forma concreta de reconocer la dignidad de las víctimas y de centrar la respuesta del Estado en su protección. El Estado tiene la obligación de adaptar su legislación a las nuevas realidades tecnológicas para garantizar una protección efectiva de la niñez", señala el texto del proyecto.