Propuesta de diputada del PAC crearía entidad y política que ya existen
(CRHoy.com)- Nuevamente, la Contraloría General de la República (CGR) cuestiona que los diputados y diputadas presenten iniciativas de ley sin revisar la normativa legal existente, generando legislación o creando entidades que son innecesarias.
Este es el caso del proyecto de "Ley para el fomento de la economía creativa y cultural", presentada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Laura Guido.
El proyecto de ley tiene como objetivo, según su artículo 1: "(…) reconocer y promover los emprendimientos creativos y culturales, como un motor de desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica, para lo cual se impulsarán las acciones, programas e instrumentos para exaltar, promocionar, desarrollar, fomentar, incentivar y proteger los emprendimientos creativos y culturales". Lo cual se llevaría a cabo mediante una política nacional de la economía creativa y cultural.
El ente contralor cuestiona, en primera instancia, que en al menos dos decretos, uno del 2013 y otro del 2020, se establecen disposiciones muy similares a las que se plantean en el proyecto de ley, por lo que se debe valorar si esta ley es realmente necesaria o si resulta factible revisar la la aplicación de estos decretos.
"Valga señalar que este órgano contralor ha insistido sobre los problemas de la fragmentación en la estructura institucional del Estado, que dificulta la coordinación de la implementación de políticas e incide en el riesgo de duplicidad de funciones, así como dificulta la evaluación de resultados y el control de la gestión, aspectos señalados en diversas Memorias Anuales, informes especiales presupuestarios y estudios de fiscalización. En ese sentido, se hace el señalamiento respetuoso de tener en cuenta la existencia de otros marcos normativos con regulaciones similares, que puedan generar, a la hora de su implementación, dificultades o complejidades al ordenamiento jurídico", indicó la Contraloría.
En relación a la creación de la Unidad de Cultura y Economía (UCE), definida en el artículo 8 del proyecto, la Contraloría sostiene que en uno de estos decretos ya se contempla la creación de esta entidad lo que tendría como efecto una legislación paralela o replicada en dos instrumentos legales de distinto rango.
Finalmente, la Contraloría cuestiona que el proyecto propone destinar fondos públicos para dar incentivos a la industria creativa y cultural, pero en la exposición de motivos no se mencionan estudios técnicos, justificación ni origen de los recursos que se van a destinar para este fin.
En un criterio enviado el pasado 19 de marzo, enviado a la comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, -en la que se discute la iniciativa- la Contraloría dejó claro que los cuestionamientos a esta propuesta no son nuevos, pues desde octubre del 2020 ya habían manifestado los cuestionamientos por la duplicidad de funciones que generaría la ley y la ausencia de sustentos técnicos. Sin embargo, la Contraloría fue clara en que estos puntos no fueron acatados.