Protocolo de 72 horas para atender a víctimas de violación podría extenderse a hospitales privados

La Corte Plena analizó la mañana de este lunes el proyecto de ley 23.633, que pretende institucionalizar y darle rango de ley al protocolo de las 72 horas de atención a víctimas de violación, que se aplica tanto en el Poder Judicial como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este protocolo establece el funcionamiento de Equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación (en adelante se citará por sus siglas ERRVV), para abordar de forma inmediata a las personas que hayan sufrido agresiones sexuales en los primeros tres días posteriores al delito.

Este mecanismo ha funcionado desde el 2011 a través de un convenio entre el Poder Judicial y la CCSS, que involucra a otras instituciones como el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Justicia y Paz y la Cruz Roja Costarricense.

El protocolo establece los pasos a seguir para atender a víctimas de violación, como la provisión de primeros auxilios emocionales a las víctimas; la valoración médica clínica y médico-legal; la toma de la denuncia y otras diligencias judiciales para el seguimiento respectivo.

También incluye la aplicación de profilaxis postexposición para evitar VIH-SIDA (PPE); la terapia profiláctica para infecciones de transmisión sexual, y la anticoncepción de emergencia durante las primeras 72 horas.

El documento además, brinda las pautas generales sobre las acciones que deben seguir las instituciones para el control y seguimiento posterior a las 72 horas de ocurrido el evento, a fin de garantizar la estabilidad y bienestar de la persona víctima, especialmente en el seguimiento y control psicosocial.

"Anteriormente una persona que sufría un delito de violación por ejemplo en la zona de Golfito, tenía que ser trasladada a Medicatura Forense en San Joaquín de Flores, para poder ser valorada en esos primeros momentos y era un recorrido bastante lejano que podía durar hasta 3 días, hasta llegar de vuelta a la casa luego de poner la denuncia", señaló la magistrada de la Sala II, Roxana Chacón, quien rindió el informe.

El expediente legislativo ya había sido analizado previamente por la Corte en octubre anterior. Sin embargo, la Comisión De la Mujer de la Asamblea Legislativa envió para revisión, un texto sustitutivo actualizado con algunos ajustes.

Según señaló la magistrada Chacón, entre las diferencias que se incorporan está la inclusión del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que docentes y funcionarios de la comunidad estudiantil también puedan aplicar el protocolo de 72 horas, en caso de conocer un caso de violación.

Además, se incluiría a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para abordar con las mismas normas a las personas migrantes que sufran de un delito sexual de esta índole.

No obstante, la iniciativa amplía los alcances del protocolo de 72 horas para que se aplique también en hospitales y centros médicos privados.

De acuerdo con la explicación que dio la magistrada Chacón, es la Secretaría Técnica de la Corte la que se ha dedicado a las capacitaciones y entrenamientos de cómo atender las víctimas.

Por ende, pese a que están a favor del proyecto para darle rango de ley y extender la implementación del protocolo, los magistrados determinaron que la iniciativa influye en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, dado que aumentarían las cargas de trabajo sin facilitar mayor personal de enseñanza. 

Por ende, los diputados deberán sumar 38 votos para su eventual aprobación en plenario.

La magistrada informó que su recomendación se basa en un informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, que a su vez recopila consultas hechas al Departamento de Medicina Legal de Medicatura Forense, el Departamento de Trabajo y Psicología Social del Poder Judicial, la Secretaría Técnica y la Defensa Pública.

La nueva versión del proyecto de ley también señala que la víctima podrá rechazar cualquier tratamiento que considere perjudicial y además, deberá recibir información completa para su condición, así como ayudas técnicas adecuadas para el diagnóstico y comprensión de su situación.