Proyecto congelado por el PAC tras cementazo pende de un hilo para seguir con vida
Moción para ampliar su plazo de discusión lo mantiene con respiración artificial, mientras diputados deciden si retoman su discusión
Imagen ilustrativa (Archivo CRH)
(CRHoy.com) Un proyecto de ley que pretende equiparar la cancha en cuanto al pago de impuestos para todas las empresas cementeras instaladas en el país y aquellas que deseen hacerlo, pende de un delgado hilo para poder seguir con vida y ser discutido por su fondo por los diputados.
Se trata del expediente 19.732, un proyecto de ley que se vio envuelto en la trama del cementazo durante la administración pasada, ya que el mismo se mantuvo congelado durante los últimos tres años del gobierno, después de que el propio importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, solicitara al gobierno del entonces presidente Luis Guillermo Solís y al ministerio de Economía, que la iniciativa no contara con apoyo la Administración Solís pues el mismo afectaría sus intenciones de importar cemento del extranjero.
La ley – aún vigente- establece un impuesto sobre las ventas y producción del cemento pero limitado a nivel geográfico, de modo que si una empresa se instala fuera de los cantones incluidos en la normativa, simplemente no tiene que pagar ese canon.
Esto permitía a empresas como Sinocem importar cemento desde China y ofrecerlo sin pagar ese tributo. Cualquier otra empresa aún lo puede hacer.
La propuesta de ley surgió como un intento por equiparar la cancha y hacer del cobro del 5% de impuesto cementero a todas las empresas a nivel nacional, sin distinción geográfica, pero durante el periodo de Welmer Ramos, entonces ministro de Economía y hoy diputado del PAC, así como sus sucesora Gianina Dinarte, hoy asesora de la fracción del PAC en el Congreso, el proyecto no recibió nunca el beneplácito del Ejecutivo para ser convocado en los periodos correspondientes, con un nivel de avance cero entre 2015 y 2018.
Después de 2018 la iniciativa volvió a ser retomada en el orden normal, pero ya con los días contados.
Una reciente moción presentada por el liberacionista Luis Fernando Chacón y el representante del PAC Mario Castillo, le dieron un nuevo respiro al proyecto, y aunque se encuentra casi al final de una lista de 30 iniciativas más, implica la opción de que el tema no pase al olvido.
Si la moción se aprueba, se le extenderá el plazo de discusión. Sino se hace, simplemente se archiva y muere.
La moción no tiene una fecha para ser discutida y dependerá del avance normal de la agenda.
Consultado sobre el tema, el diputado de Liberación Nacional y uno de los que ha dado seguimiento al tema del cementazo desde la comisión de la Procuraduría, Roberto Thompson, dijo a CRHoy que definitivamente el eventual apoyo al proyecto de ley será un tema que discutirán en la fracción.
En principio, ve adecuado que se nivele la cancha para todos los actores.
La iniciativa habría sido parte de uno de los temas en los cuales representantes del gobierno recibieron una petición directa por parte de Bolaños para ayudarlo a entablar sus negocios con el cemento en el país.
De hecho, un reciente informe de la Procuraduría de la Ética señaló que fue el exdiputado Víctor morales Zapata quien ayudó a Bolaños a pedirle al gobierno que frenara el proyecto.
Para ese fin Bolaños contactó al exviceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora en octubre de 2015 y también el propio Morales Zapata le pidió a Mora una cita con Bolaños en Casa Presidencial para frenar el avance de la iniciativa, aunque el exdiputado no fue a esta cita, sino que solo llegó el importador de cemento.
Luego de estos movimientos, el gobierno de Luis Guillermo Solís no convocó el proyecto al periodo de sesiones extraordinarias del Congreso.
Datos oficiales del Ministerio de Hacienda dan cuenta que anualmente el cobro de este impuesto genera entre ₡200 y ₡300 millones.
El año que más recursos generó al Estado fue precisamente 2014 cuando alcanzó el tope de ₡340 millones. El año pasado llegó a ₡271 millones.
Este lunes la comisión que analiza el informe tardío de la Procuraduría, que eximió a Solís de faltas al deber de probidad en un trámite poco convencional, recibió al exministro de la Presidencia Melvin Jiménez, quien negó conocer de cualquier trámite o impulso que el anterior gobierno quisiera dar al tema del cemento chino.