Proyecto de Chaves no es una megacárcel, no resuelve el hacinamiento y apenas albergaría al 11% de los reos

Pese a que el Gobierno de Rodrigo Chaves lo promociona como una megacárcel, en realidad, el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) es una ampliación del actual centro penitenciario La Reforma. Además, no resolvería ni la mitad del hacinamiento que sufre actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y apenas albergaría a uno de cada 10 privados de libertad.

Nils Ching Vargas, viceministro de Justicia, admitió que las cárceles costarricenses presentan un 44% más de población respecto a su capacidad real y que, en las nuevas instalaciones que se proyectan construir, se trasladarían 2.000 reclusos, aproximadamente.

Todas edificaciones actuales —que ya están en mal estado en su mayoría— albergan a más de 4.000 personas por encima del aforo para la que fueron diseñadas, por lo que el CACCO no resolvería ni la mitad de la sobrepoblación penitenciaria.

"En este momento nosotros tenemos entre 1.950 y 2.000 privados de libertad que están en el circuito de alta contención. Estas son las personas que vendrían a ocupar estos espacios de CACCO, si se mantiene ese promedio. 

Respecto al hacinamiento, el último corte que habíamos tenido era un 44% de hacinamiento en todo el Sistema Penitenciario de acuerdo a la métrica que utilizamos.

Básicamente, vendríamos a solventar un problema que aqueja en general y nos permitiría intervenir otros espacios carcelarios, lo que vendría muy bien porque es una infraestructura que viene muy colapsada por el constante sometimiento que hacen los privados de libertad para socavar partes vitales", explicó Ching.

De acuerdo con un estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la capacidad real de los centros penitenciarios es de 13.666 personas, pero actualmente hay 17.692 recluidas.

Además, se registra un aumento sostenido de la población penitenciaria, con una densidad carcelaria general superior a 129 personas por cada 100 espacios disponibles.

El nivel institucional de hombres es el más crítico, con un hacinamiento del 42,9%, y algunos centros, como el CAI Limón, duplican su capacidad. El viceministro reconoció que la situación es crítica.

"La norma internacional del hacinamiento crítico habla de cuando las personas sobrepasan el 20% de la capacidad real que tiene un espacio. En este caso, de la capacidad real que tenemos en los centros penitenciarios, hoy tenemos más del 44% de sobreocupación", añadió.

De mantenerse las estimaciones del Gobierno y trasladarse únicamente a unos 2.000 reos, el CACCO apenas albergaría al 11% de la población penitenciaria, es decir, a uno de cada 10 privados de libertad.

En estimaciones previas, Justicia ha indicado que el nuevo módulo penitenciario podría recibir a máximo unas 5.000 personas, cifra muy lejana a la capacidad de 40.000 del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, que Chaves pretende emular.

Riesgo de liberar reos

La urgencia es tal que, con los actuales niveles de hacinamiento, los juzgados podrían verse obligados, por normativa, a ordenar la liberación de privados de libertad, según reconoció el propio viceministro.

"En el pasado ha sido así. Hasta el momento no hemos recibido una orden de esa naturaleza, pero ese es el antecedentes que tenemos", indicó Ching.

En los últimos años se ha registrado un aumento significativo de personas enviadas a prisión, especialmente aquellas que aún no han sido condenadas. Hasta agosto de este año, la cantidad de reos bajo prisión preventiva subió de 2.564 personas en 2022 a 3.993 en 2025.

La población indiciada representa hoy el 22,85% del total de personas recluidas. Es decir, uno de cada cinco privados de libertad aún no ha sido sentenciado y su causa penal sigue en trámite. Para 2025, el sistema penitenciario atiende a un total de 34.855 personas en sus distintos niveles, lo que implica una tasa de crecimiento del 8,39%.

Este incremento refleja, en parte, la labor del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, que han elevado la cantidad de sospechosos detenidos. Solo en 2024 y 2025 se contabilizaron 12.818 capturas.

"Sí ha habido un incremento en los últimos años respecto a lo que positivamente teníamos de unos tres años atrás. Hay un incremento sensible especialmente en los últimos meses de personas que ingresan al Sistema Penitenciario y hay un perfil diferentes. 

Personas que ingresan en la mayoría de edad y hasta menos de 30 años, ese es el promedio de edad. Eso está escalando y viene con un incremento importante que nos tiene en esta situación", señaló el viceministro.

Nada nuevo

Aunque el Gobierno ahora acelera la construcción de nuevas instalaciones, la situación no era desconocida. Para marzo de 2022, el hacinamiento carcelario era del 5,8% y desde entonces se disparó casi ocho veces.

Desde el inicio de su gestión, el ministro de Justicia, Gerald Campos, conocía los requerimientos del sistema penitenciario debido al desgaste de la infraestructura y la sobrepoblación. Sin embargo, no fue sino hasta 2025 que el Ejecutivo impulsó con mayor fuerza el proyecto de una nueva cárcel para privados de alta peligrosidad, cabecillas criminales y personas en procesos de extradición.

Meses atrás, CR Hoy cuestionó a Campos por la falta de avances en los tres años previos, pero el jerarca se limitó a justificar los atrasos y a responsabilizar a factores externos.

"El primer año cuando llegamos, el presupuesto no lo hicimos nosotros, lo hizo otro gobierno. El segundo año empezamos a trabajar en un modelo de estructuras livianas para poder sacar gente y remodelar lo actual: la Asamblea no nos dejó.

El tercer año fue cuando dijimos: ‘no, urge entonces una cárcel nueva'. Hicimos etapas, hay que entender. Usted no puede llegar a una casa a querer hacer todo si no lo entiende muy bien. Creo que vamos en los plazos necesarios.

Alguien tenía que hacer una cárcel nueva, nadie lo había hecho. Estamos trabajando nosotros", replicó el jerarca.

En realidad, fue hasta mayo de 2025 cuando se iniciaron los estudios de mercado para identificar posibles oferentes del CACCO, según reconoció el propio Ministerio de Justicia. Además, el proyecto fue inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública el 10 de julio de 2025, en la etapa de perfil, y alcanzó la fase de prefactibilidad el 22 de agosto.

Fuentes cercanas a la gestión confirmaron a CR Hoy que desde 2022 se tenía claridad sobre el estado crítico de las cárceles, al punto de que algunos privados de libertad lograban desprender varillas de las paredes para fabricar armas punzocortantes.

Obras sin comenzar

El Gobierno chavista anunció con bombos y platillos la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para colocar la "primera piedra" del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). Sin embargo, no fue así.

Bukele asistió al evento, dio un discurso y se retiró sin inspeccionar las obras ni recorrer el sitio, como se había anunciado. La colocación de la primera piedra era clave, pues marcaba el inicio del plazo de unos 195 días para concluir la construcción, según los plazos del propio Ejecutivo.

Al no realizarse ese acto formal, el plazo aún no ha comenzado a correr y las obras no han iniciado oficialmente. La visita se limitó a un acto protocolario entre ambos mandatarios.

Ante cuestionamientos de CR Hoy, Chaves evitó explicar el verdadero propósito de la visita, pese a que ocurrió a menos de 20 días de las elecciones nacionales y fue promovida como el inicio de la nueva cárcel en Alajuela.

El proyecto permanece en fase de movimiento de tierras. El CACCO tendrá una extensión de 31.000 metros cuadrados, un costo estimado de ₡21.000 millones (unos $23 millones) y se ubicará en el complejo de La Reforma, en Alajuela.

El impulso al proyecto en pleno año electoral ha generado fuertes cuestionamientos, dado que el deterioro del sistema penitenciario era conocido desde 2022.