Proyecto del PLN tiene el mismo espíritu de la Ley Jaguar de Rodrigo Chaves

Tienen nombres y números de expedientes distintos, pero en el fondo, la propuesta del diputado Óscar Izquierdo Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), que pretende reformar la Ley General de Contratación Pública, y el plan Jaguar, impulsado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, buscan lo mismo: eliminar controles y fiscalización que garantizan el adecuado uso de los recursos públicos, con el fin de permitir contrataciones a dedo.

La propuesta del diputado Izquierdo pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales. El plan Jaguar, impulsado por Chaves y su Gobierno, también buscaba reformar esta legislación y restarle potestades de fiscalización a la Contraloría General de la República (CGR).

Este proyecto del diputado Izquierdo se aprobó en primer debate el pasado jueves con los votos de 37 diputados de todas las fracciones legislativas, excepto la del Partido Liberal Progresista.

Ayer lunes, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, envió un oficio a los diputados para reiterar las consecuencias negativas que podría generar la aprobación definitiva de la iniciativa, prevista para este martes en la tarde (ver nota abajo).

El Jaguar con sello verdiblanco

Este plan, impulsado por el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.

La propuesta plantea la adición de los incisos K y L al artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 3.- Excepciones
Se exceptúan de los procedimientos ordinarios establecidos en esta ley únicamente las siguientes actividades:
(…)
k) Las contrataciones provenientes de fondos públicos que realice la Asociación Cruz Roja Costarricense. La Contraloría General de la República ejercerá sus atribuciones constitucionales y legales respecto de los fondos públicos recibidos por la Benemérita.
l) Los convenios, acuerdos y acuerdos de costo compartido celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.

La CGR advirtió a los diputados que, actualmente, la LGCP ya excluye los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, los cuales se rigen por el derecho internacional público. Además, señaló que la contratación de bienes, servicios y obra pública con fondos públicos, en los que participen organismos internacionales, sí forma parte del ámbito de la Ley.

Según el ente contralor, la reforma busca excluir esta actividad contractual de la legislación, lo que podría generar consecuencias negativas.

"Esto permitiría la contratación sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad. Este intento de reforma tiene un paralelismo con lo planteado en el proyecto de ley 24.467, denominado 'Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica'", advirtió la CGR.

Precisamente el lunes, la contralora Marta Acosta advirtió a los jefes de las fracciones políticas que el proyecto aprobado por los diputados podría abrir la puerta a contrataciones directas en el Estado.

"El criterio de la Contraloría ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública. Por ello, la propuesta del texto base y el texto sustitutivo es contraria al artículo 182 de la Constitución", dijo Acosta en su carta.

"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos de derecho público internacional, en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública (ley 9986), como se pretendía en la propuesta original, aún se mantienen serios riesgos en la contratación de obra pública sin concurso, lo cual contradice incluso lo indicado por la Constitución Política y restringe la fiscalización del órgano contralor", agregó.

Tras estos cuestionamientos, el diputado Izquierdo acusó a la contralora Acosta de "estar equivocada".

Los tres jaguares de Chaves

El plan Jaguar fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que pretendía restar herramientas a la Contraloría. La propuesta original del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, era someterla a referéndum.

Del proyecto se presentaron tres versiones. La última fue presentada el 9 de octubre, luego de que las dos primeras fueran declaradas inconstitucionales. La Sala Constitucional determinó que las iniciativas debilitaban el sistema de control sobre los fondos públicos.

En el primer caso, el planteamiento habría impedido a la Contraloría suspender actos o contratos públicos en caso de encontrar anomalías o evaluar previamente la gestión administrativa de las instituciones.

En el segundo intento, la Sala IV volvió a declarar inconstitucionales los dos artículos que, según la Contraloría, permitirían al Gobierno y demás instituciones efectuar contrataciones sin concurso público.

Finalmente, sobre el tercer texto, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que su contenido no aportaría ninguna innovación al ordenamiento jurídico del país. Además, señaló que gastar ¢3.000 millones en un referéndum sobre algo que ya está regulado constituiría un uso ineficiente de los recursos públicos.

Recientemente, en una audiencia con la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, la contralora Acosta instó a los diputados a archivar la propuesta.

¿Qué va a pasar con el Jaguar del PLN ya aprobado?

Para este martes en la tarde está prevista la votación en segundo y último debate del proyecto Jaguar del PLN.

Sin embargo, tras los recientes señalamientos de la CGR, es probable que los legisladores aprueben una moción para detener la segunda votación y devolver el expediente a su trámite de primer debate. Esto les permitiría, eventualmente, hacer correcciones al proyecto y atender los señalamientos del órgano contralor.

Hasta el momento, las fracciones legislativas no se han pronunciado sobre las advertencias de la contralora Acosta en su nota de ayer lunes.