Gobierno propone crear entidad que duplicaría funciones del ICE, según Procuraduría
Empresarios afirman que encarecería servicio de electricidad
Empresarios del sector eléctrico y un grupo de diputados plantean que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en su paquete de proyectos que pretende someter a referéndum, podría generar un aumento en las tarifas de electricidad para consumo residencial y pequeñas empresas.
La iniciativa, según se ha explicado en la comisión legislativa, pretende crear una nueva institución.
Se trata del proyecto de ley 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa fue presentada 5 meses después del arranque de esta Administración, en octubre de 2022.
El plan pretende reformar el sistema eléctrico nacional y consolida la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en el subsector eléctrico. También impulsa que el país deje de producir electricidad de fuentes no renovables y con un amplio apoyo del sector privado.
El proyecto fue dictaminado por la Comisión de Energía del Congreso en octubre anterior.
En un reciente pronunciamiento, la Procuraduría General de la República (PGR) llamó la atención de los diputados a valorar los cambios que introduce el proyecto mediante la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).
Subida en tarifas
Hace menos de un mes, la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), alertó a los diputados que la aprobación de este proyecto podría aumentar las tarifas eléctricas de los costarricenses, tanto en el sector residencial como para las pequeñas y medianas empresas.
Rubén Zamora, asesor legal de esta cámara empresarial dijo que el proyecto de ley plantea que grandes empresas tengan acceso a comprar energía al mercado mayorista de generación directamente, lo cual limitaría la posibilidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las empresas municipales y las cooperativas de electrificación rural para seguir comprando esa energía a un costo menor.
"Ese planteamiento lo que genera es que el beneficio de la energía de un costo menor quede en unas pocas empresas en lugar de las más de dos millones de familias que las empresas distribuidoras abastecemos", explicó Zamora.
En el Congreso la fracción más reacia al plan es la del Frente Amplio (FA).
La diputada Sofía Guillén dijo que esta propuesta forma parte de otros proyectos (uno ya en el plenario) que buscan fortalecer la participación de sectores privados en empresas que han estado en manos del Estado.
Guillén dijo que con el nuevo modelo eléctrico subirán los costos del servicio y no se podrá brindar de manera subsidiada la extensión de toda la red nacional, como lo ha hecho el ICE a lo largo de las décadas. Insistió que lo que se busca es enriquecer las ganancias individuales de algunos actores.
Procuraduría hizo observaciones sobre Ecosen
La PGR hizo una serie de observaciones alrededor de la eventual creación del Ecosen que se contempla en el texto sustitutivo que aprobaron los diputados de la Comisión.
En la propuesta se presenta a Ecosen como una "entidad autónoma con capacidad de derecho público responsable de supervisar, operar, planificar y administrar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Nacional (MEN); con independencia técnica especializada y organizacional".
Se menciona que su financiamiento provendría del canon que pagan los participantes del mercado eléctrico.
Entre las funciones estarían:
- Operar el Sistema Eléctrico Nacional al costo mínimo.
- Presentar los planes de desarrollo eléctrico con temas como demanda y nuevas alternativas.
- Asumir las funciones de Operador del Sistema y Operador del Mercado para el Mercado Eléctrico Nacional. Asó como lo dispuesto en el Tratado Marco y los reglamentos del Mercado Eléctrico Regional.
- Administrar el Mercado Eléctrico Nacional de Costa Rica.
En su pronunciamiento PGR-OJ-012-2024 del pasado 23 de enero, la Procuraduría hizo algunas observaciones alrededor de esta nueva entidad que propone crear el Gobierno en este proyecto, entre ellos la eventual duplicidad por funciones que ya maneja ICE.
"La función de operar y administrar el SEN que actualmente corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad, sería trasladada a una institución autónoma nueva. En atención al principio de razonabilidad, es necesario determinar cuál ha sido el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional; y las razones por las que se hace necesario modificar el esquema actual y trasladar esas funciones a una institución autónoma nueva", apuntaron desde la PGR.
La PGR apeló a analizar el impacto económico y administrativo de crear esta nueva entidad.
"Debe analizarse si existe una necesidad real que justifique la ampliación del aparato estatal, con todas las implicaciones presupuestarias y administrativas que implica la creación de una institución autónoma nueva. Y determinarse si, pese a todas esas implicaciones y a la eventual pérdida de experiencia y conocimiento técnico que puede implicar el traslado de competencias de la institución que ha venido ejerciendo esas funciones a una instancia administrativa completamente nueva, la creación de esa institución es el mejor medio para conseguir los fines que se proponen en el proyecto", añadió la PGR.
A su vez, se señala que la normativa del Mercado Eléctrico de América Central tiene regulaciones directas asociadas al ICE:
Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como parte del ente operador de la red (EOR), así como las funciones propias de los agentes del mercado que le correspondan según la legislación interna, se asignan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como entidad encargada del despacho nacional e inversionista en el Sistema de Interconexión Eléctrica."
"En consecuencia, para evitar contradicciones normativas, problemas de aplicación e interpretación futuras y lograr el objetivo propuesto en el proyecto, es necesario modificar esa norma y armonizarla con la regulación proyectada", dijo la PGR.
Otras críticas
En una audiencia en abril del año anterior con los diputados de la Comisión de Energía, Mario Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) expresó su preocupación porque el plan, de aprobarse, establecería que toda la energía eléctrica que se produzca en Costa Rica sería en el futuro absoluta propiedad del Estado.
Alvarado recordó que hoy la energía es de quien la produce hasta el momento en que la vende.
"Eso debe arreglarse porque la propiedad de la energía tiene que ser de quien la produce, para que el Estado o cualquiera sea propietario de algo, pues debe pagarlo", enfatizó.