Proyecto para crear banco genético de condenados por delitos sexuales pasa al plenario
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley que permitiría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) crear un banco de material genético de personas condenadas por delitos sexuales, así como una base de datos de privados de libertad por estos mismos delitos.
La iniciativa, presentada en mayo de 2024 por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pasará ahora al plenario legislativo para su discusión.
Según se expone en la justificación del proyecto, el objetivo es dotar a las autoridades de una herramienta que permita una identificación más rápida y precisa de los delincuentes en casos de reincidencia.
La incorporación de perfiles genéticos en bases de datos forenses facilitaría la comparación inmediata con muestras recogidas en escenas del crimen, acelerando los procesos de investigación y aumentando la eficacia en la identificación de los responsables.
"Este mecanismo se traduce en una mayor capacidad para resolver casos de manera expedita, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas", señala el texto del proyecto.
Otro aspecto que se destaca de esta medida es su posible contribución a la rehabilitación de estas personas.
"Muchos exconvictos, especialmente aquellos condenados por delitos sexuales, pueden beneficiarse de terapia y apoyo psicológico continuos para abordar las causas subyacentes de su comportamiento delictivo. El acceso a servicios de salud mental puede ayudarles a manejar mejor el estrés, la ansiedad y otras condiciones que podrían contribuir a la reincidencia", explicó la diputada socialcristiana y proponente de la iniciativa, María Marta Carballo Arce.
Los impulsores del proyecto insisten en que la implementación del banco genético debe estar acompañada de garantías legales y éticas que protejan los derechos de los individuos y eviten el uso indebido de la información.
"Es fundamental que este proceso se lleve a cabo con total transparencia y bajo estrictos marcos regulatorios que aseguren la protección de los datos personales y la privacidad de los exconvictos, evitando cualquier forma de discriminación o abuso de la información recopilada", indica la propuesta legislativa.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, ya había manifestado a las diputadas de la Comisión Especial de la Mujer la necesidad de contar con una herramienta de este tipo.